:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/PLr_XxtdPzGdYSRPRmJPafnpOts=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/SAULMKGOMVAN3NGY3HHOIWU52Q.jpg)
El Gobierno de México y el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes hace un año en Iguala (Guerrero) anunciaron hoy un acuerdo para iniciar una segunda etapa en el trabajo sobre el caso.
"Asumimos que la prórroga de nuestro mandato se daría a partir del 31 de octubre por un periodo que como mínimo sería de seis meses, pero eso debe decidirlo la comisión", explicó en rueda de prensa uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain.
El acuerdo, firmado el lunes, se presentó hoy en una audiencia pública de la comisión y tiene como uno de sus puntos principales el traspaso de la investigación del la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuradoría de Derechos Humanos.
"La virtud de la transferencia es contar con nuevos ojos, con personas que toman una posición a partir de lo que se ha investigado, personas con un perfil de especialización en derechos humanos y en desapariciones", señaló Ángela Buitrago, otra de las expertas del GIEI.
Este acuerdo llega en el marco del 156 periodo de sesiones de la CIDH en su sede de Washington, que concluye el 28 de octubre y durante el cual el organismo decidirá por cuánto tiempo extiende el mandato del grupo de expertos.
Beristain confirmó que los compromisos firmados el lunes con México certifican que su mandato continuará más allá del 31 de octubre, cuando expiraba, pero recordó que es la CIDH la que decidirá su duración.
El Gobierno de México ha propuesto que sea por seis meses, mientras que los familiares de las víctimas solicitan que se prolongue de manera indefinida.
Uno de los puntos clave que deberán seguir negociando los expertos con el Gobierno mexicano es la exigencia del grupo de poder entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala.
"Tenemos la certeza de que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y tenemos dudas, por eso consideramos indispensable hacer nosotros las entrevistas directas", afirmó Claudia Paz y Paz, otra de las expertas del grupo.
Beristain añadió que 16 miembros del batallón presentaron declaración voluntariamente a partir del 26 de agosto pero esta información no se ha enviado al grupo de trabajo, a pesar de haber solicitado las entrevistas con los militares hasta en seis ocasiones.
La audiencia pública de la CIDH donde se presentó el acuerdo se convocó para dar seguimiento al informe presentado en septiembre por el grupo de expertos, constituido en noviembre del año pasado.
Ese informe denuncia irregularidades en la investigación y cuestiona la versión oficial del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron arrestados por policías corruptos en el municipio de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en un basurero.