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Durante una semana Colombia recibió la visita de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), cuyo objetivo era verificar los avances del país en cuanto a las recomendaciones que le hizo el Cómite contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) en 2009. La OMCT, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura (26 de junio), concluyó que el Estado “se rajó” y que los principales problemas radican en que Colombia no se tienen cifras concretas sobre este crimen, aún existen vacíos jurídicos para identificar y procesar el delito y no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, guía para tipificar el crimen.
Desde el pasado 20 de junio hasta hoy, Andrea Meraz Sepúlveda, encargada de derechos humanos de la OMCT, y Eric Sottas, secretario general de la ONG, encabezaron la misión que contó con el apoyo de la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT). Las cifras de tortura con las que llegaron —y se fueron, porque no existen registros de 2010, 2011, 2012 o 2013— fueron las que les había presentado la CCCT: 1.834 casos entre 2001 y 2009, de los cuales 442 víctimas quedaron con vida y 1.118 fueron asesinadas. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos tampoco han logrado mostrar conceptos claros para identificar qué hechos se consolidan como tortura, ya que se han denunciado casos como el hacinamiento carcelario.
Durante la visita los representantes de la OMCT se reunieron con los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Senado y la Vicepresidencia de la República, e identificaron que ninguna de esas entidades lleva un registro del número de denuncias, investigaciones abiertas y condenas por este crimen. A pesar de admitir que se han dado pequeños pasos, aseguraron que existe un gran desconocimiento sobre los procesos que se tienen que seguir para tomar acciones concretas y dar solución a los casos de tortura que se presentan en el país.
Según Meraz Sepúlveda, el problema radica en que jueces, fiscales y delegados de las entidades de control desconocen los procedimientos para identificar si en casos de violación de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y detenciones arbitrales se presentaron rasgos de tortura. Hizo alusión a que el Estado debe capacitar a sus funcionarios en temas como el Protocolo de Estambul, una de las herramientas que se utilizan a nivel mundial para determinar si las personas presentan rasgos de tortura física o psicológica.
Para los delegados de la OMCT, el Instituto de Medicina Legal es el único organismo que ha capacitados a sus funcionarios en estos temas, contrario a lo que sucede con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Rama Judicial o entidades de salud, que también podrían reportar casos de tortura o violaciones de derechos humanos. Fuentes de Medicina Legal sostuvieron que, además de este procedimiento, a los cadáveres que vienen por ejecuciones extrajudiciales o los de personas bajo protección del Estado —es el caso de los presos— se les aplica otro procedimiento, el Protocolo de Minnesota. Sin embargo, admitieron que falta mucho camino por recorrer, ya que existe un desconocimiento generalizado en los temas de violación de derechos humanos, lo cual impide tipificar esta clase de delitos.
Otro de los grandes inconvenientes que se presentaron durante la visita de la misión internacional, aseguraron miembros de la delegación, fue que les negaron el ingreso a la cárcel La Tramacua en Valledupar, y Modelo y El Buen Pastor en Bogotá, a pesar de que tenían los permisos de Cancillería. En el caso de La Tramacua, la OMCT intentaba verificar si se habían tomado acciones de reparación en cuanto a las denuncias que se habían presentado en 2009 sobre supuestas torturas a reclusos que eran aislados por tres meses sin justa causa y, también, por maltratos sistemáticos por parte de la guardia del Inpec. Colombia, por su parte, tendrá que entregar un reporte en 2014 con base en las recomendaciones que la ONU le hizo en 2009. Ese será el momento de conocer la versión a fondo del Estado sobre esta problemática.
@santsmartinez