Once militares se enfrentan desde este viernes a un juicio oral por su presunta participación en la violación de 14 campesinas en 1984, en el curso del conflicto armado contra las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Este es el primer juicio que se adelanta contra militares por crímenes de lesa humanidad relacionados con violaciones sexuales. El resultado de este proceso servirá para la búsqueda de justicia en los más de 5.000 casos de violaciones sexuales ocurridos durante el conflicto.
En principio, cuando comenzaron a rodar estos testimonios, no existían los mecanismos adecuados para que las víctimas se hicieran escuchar. La Comisión de Derechos Humanos de Perú se encargó de darle vía libre a sus declaraciones, a prestarles atención psicológica y a alentar un proceso que apenas comienza. Los militares podrían enfrentar penas de entre ocho y 18 años de cárcel y multas que oscilan entre US$30.000 y US$305.000.
María Ysabel Cedano, representante de Demus, una de las entidades de derechos humanos que respaldan a las 14 campesinas, aseguró: “Han pasado treinta años hasta el juicio porque hay una cultura sobre violación sexual en Perú que echa la culpa (a las mujeres), estigmatiza y no cree a las víctimas”. La Comisión de Derechos Humanos ha dicho que, aunque las pruebas estuvieron siempre a la mano de los gobiernos peruanos, nunca se ha hecho la justicia necesaria para resarcir a las víctimas.
De hecho, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación destacó estos casos, ocurridos en las provincias de Manta y Vilca, en su informe. Allí aseguraba que “los soldados acostumbraban a incursionar en la comunidad y violar sexualmente de las mujeres en sus casas o en la base militar”.
En uno de los casos, una niña de 13 años fue violada por entre 13 y 15 hombres. Más de 69.000 personas murieron entre 1980 y 2000 en el conflicto armado en Perú.