La condena a Venezuela por el caso de Radio Caracas Televisión

Por violar la libertad de expresión, el debido proceso y la prohibición contra la discriminación.

Se ha dado a conocer la esperada decisión de la Corte Interamericana de DD.HH. en el caso Granier y otros contra Venezuela, más conocido como el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV). En ella, la Corte condenó el comportamiento de las autoridades estatales venezolanas, por considerarlas contrarias a derechos humanos internacionalmente protegidos.

Conviene comenzar aclarando por qué, si Venezuela denunció o se retiró de la Convención Americana sobre DD.HH. en septiembre de 2012, la Corte pudo decidir el asunto. Según el artículo 78 de aquel tratado internacional, la notificación de la decisión de desvincularse surte efectos transcurrido un año, y el caso de RCTV fue presentado ante la Corte en febrero de 2013.

Aquella cuestión técnica saca a la luz algo lamentable: los individuos sujetos a la jurisdicción o al poder estatal venezolano ya no gozan de la posibilidad de ventilar sus denuncias ante la Corte. Esto se pone de relieve en la crisis por los colombianos expulsados de Venezuela. Perder aquel escenario es significativo, pues, a diferencia de otros órganos internacionales, algunos politizados y otros con competencias recomendatorias, las decisiones de la Corte son obligatorias para las partes.

Dicho esto, no puede ignorarse que, con sus discursos sobre una supuesta parcialidad “imperialista” de los órganos del sistema de DD.HH. de la OEA (en el que EE.UU. ha sido bastante criticado, por ejemplo, en casos sobre pena de muerte o detenidos en Guantánamo) y técnicas distractoras, es predecible que el régimen venezolano ignore la sentencia, por ejemplo, en cuanto a la orden de restablecer provisionalmente la concesión de la frecuencia a favor de RCTV y realizar un proceso abierto, transparente e independiente para otorgarla.

¿Quiere decir esto que el papel de la Corte es irrelevante y que, por la pérdida de su competencia sobre Venezuela, carece de impacto? En absoluto. Futuras administraciones pueden honrar sus compromisos. Y el hecho de que un órgano prestigioso decidió el caso hace saber al mundo que se han cometido abusos. La relevancia de esto, reconocida por la Corte cuando menciona que su decisión tiene efectos de satisfacción (que han de complementarse con medidas de reparación), puede dar más legitimidad a las críticas de actores estatales y no estatales al régimen de Maduro. El estudio jurídico de la Corte también desacredita la posición de quienes quieran ignorar (por intereses políticos, económicos o por alianzas ideológicas bastante mal entendidas) los abusos del Estado venezolano.

En cuanto a las violaciones constatadas en la sentencia, se mencionó que la forma como se ignoró la solicitud de renovar la concesión del uso del espectro radioeléctrico de RCTV no obedeció a las razones dadas por el Estado, sino a un deseo de eliminar la transmisión de ideas e información incómodas al régimen, lo que constituyó una desviación de poder. Esto generó una restricción indirecta en la libertad de expresión, vulnerando no sólo el derecho de difundir ideas e información de individuos, sino afectando el derecho de la sociedad a conocer distintos puntos de vista.

Como dijo la Corte, esto afectó el pluralismo y es contrario a lo que se espera de una sociedad democrática. En la decisión se mencionó que el proceder del Estado estuvo motivado por la opinión política y la línea editorial transmitida en aquel medio, lo que contraviene normas imperativas de la sociedad internacional, como la no discriminación. El Tribunal Europeo de DD.HH. y la propia Corte han dicho que esto desconoce que las opiniones y la información cuya transmisión deben garantizar y respetar los Estados no son sólo las coincidentes con las de sus agentes y dirigentes, sino incluso las incómodas. Lo contrario hace que el Estado se parezca al descrito en obras distópicas como 1984, de Orwell. La Corte también consideró vulneradas garantías procesales como el plazo razonable y el derecho a ser oído cuando puedan afectarse derechos de los implicados.

Conviene tomar una postura crítica con algunos apartados de la Corte (que no es infalible). Por una parte, como mencionan algunos jueces en opiniones disidentes, la desviación de poder y la actuación de oficio para favorecer a determinados órganos estatales revela una parcialidad y falta de independencia judicial, algo que la mayoría de jueces no consideraron demostrado. Por otra parte, la libertad de expresión individual no sólo se vulneró en perjuicio de accionistas y quienes tenían cierta influencia en la determinación del contenido de RCTV, sino además de otros trabajadores. Esto se debe a que su participación en RCTV, voluntaria, podía motivarse por coincidencia con su línea editorial, y su trabajo ciertamente contribuía a la transmisión de su contenido.

* Doctor en derecho internacional y relaciones internacionales. Profesor U. de la Sabana.

 

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