Condenada a ocho años de prisión por aborto espontáneo

Hace dos años, el 21 de marzo de 2014, Belén, una mujer originaria de la provincia de Tucumán (Argentina) llegó a un hospital con fuertes dolores abdominales y un abundante sangrado.

El dictámen: la mujer, de 27 años, tuvo un aborto espontáneo. Un médico le dijo que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de 20 semanas. Le dieron un calmante y la enviaron al servicio de ginecología donde comenzó a recibir malos tratos, acusada de que se habría provocado un aborto. El tema es que ni siquiera Belén sabía que estaba embarazada.

Ella debió permanecer varios días en el hospital, en donde dicen, fue torturada. Trabajadores del centro médico le dijeron que habían encontrado un feto en el baño y que era de ella. Según ha reportado la prensa argentina, Belén habría contado que “un enfermero me insultó y me mostró el feto en una cajita. Yo le dije que no era mío”.

Nunca se comprobó, a través de los exámenes si el feto era de Belén, pero médicos y policías la denunciaron por abortar, un delito en Argentina, en donde la interrupción del embarazo sólo está permitida cuando el embarazo es producto de una violación o la vida de la mujer está en peligro.

Belén, que estuvo en prisión preventiva desde 2014, fue condenada la semana pasada por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

Organizaciones feministas y favorables a la legalización del aborto marcharán este jueves en reclamo de la libertad de una mujer, condenada a ocho años de cárcel tras a haber sufrido un aborto espontáneo en 2014, y sometida a malos tratos en un hospital de Tucumán, en el norte de Argentina.

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigieron en un comunicado la nulidad del proceso y la inmediata excarcelación de la víctima.

Explicaron que las autoridades violaron de modo absoluto el derecho de Belén a la salud, a estar libre de torturas y malos tratos, su derecho a la confidencialidad, a la no violencia y al debido proceso.

También recordaron que, como cualquier paciente, toda mujer que llega con un aborto en curso o que tiene un aborto, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación profesional con su médico.

“Sin embargo, en el caso de Belén, algunos profesionales de la salud decidieron usar esa relación para violentarla y denunciarla a la policía. Médicos la interrogaron como si fueran jueces, enfermeros le acercaron en una caja con el feto y personal de policía la insultó y degradó revisando sus partes íntimas”, señalaron.

La diputada Victoria Donda (Libres del Sur, centroizquierda) denunció que “el tratamiento al que fue sometida Belén fue degradante”.

“El aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en Argentina, es una práctica que se realiza en todos los estratos de la sociedad, pero son las mujeres pobres las que pagan con su vida la prohibición de lo que la ONU considera un derecho humano”, advirtió la diputada.

Según estimaciones de varias ONG, cada año muere un centenar de las 500.000 mujeres que abortan en Argentina.