Corte Suprema de EE.UU. definirá futuro de millones de indocumentados

Así fue la audiencia de una de las demandas más importantes en la historia estadounidense, que pretende permitir a las personas que están en esa situación, y que ingresaron al país con menos de 16 de años, trabajar y vivir sin inconvenientes.

En noviembre de 2014, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que le permitiría a millones de indocumentado en los Estados Unidos tener un permiso para residir y trabajar en el país.

Esta Orden Ejecutiva tiene dos reformas centrales: la primera se conoce como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Un programa otorgaría permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados que entraron al país antes de 2010, con menos de 16 años de edad y quienes son bachilleres o han ejercido en las fuerzas armadas de dicho país. 

El segundo programa, DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres), permitiría que los padres indocumentados de ciudadanos o residentes americanos vivan y trabajen en los Estados Unidos.

En reacción a esta reforma, una coalición de 26 estados, liderados por Texas, demandaron con el argumento de que el Presidente Obama no tiene el poder constitucional para crear este tipo de reforma y que este programa significaría una carga financiera muy alta para cada estado. Luego de más de un año de litigio, en la audiencia oral, las partes de la demanda explicaron sus posiciones ante los ocho jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Los argumentos

Como se podía esperar, las preguntas y los comentarios se dividieron entre jueces demócratas y jueces republicanos (tradicionalmente anti-inmigrantes). Un argumento central del gabinete demócrata de Obama es que los estados demandantes no demuestran ningún daño. En respuesta, el estado demandante de Texas dice que uno de los daños es que al permitir que millones de indocumentados se queden en EE.UU., los estados tendrían que emitir documentos de identificación o licencias de conducción para esta población, lo que significará un gasto económico significativo.

A favor de la reforma migratoria, el gabinete de Obama resalta que no hay presupuesto para deportar a los, aproximadamente, 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Por tal razón, es más conveniente priorizar las deportaciones de criminales, recién llegados, o quienes no tienen familiares legales en el país, y permitir a los padres de ciudadanos, que no tengan antecedentes, obtener un permiso de trabajo, para que así “salgan de las sombras”.

Buen tiempo para la reforma

No obstante, desde la perspectiva proinmigrante, la reforma se encuentra en un momento oportuno. En primer lugar, el asunto tendrá que resolverse antes de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, por lo que contará con el respaldo del gobierno actual, sin el riesgo que implica un eventual cambio de postura en la nueva presidencia.

El segundo beneficio se da tras el reciente fallecimiento del juez Antonin Scalia. Durante sus 30 años en la Corte Suprema, el juez Scalia fue conocido por su posición ultra conservadora y antinmigrante, por lo que su voto seguramente hubiera sido en contra de la reforma de Obama.

La decisión final

Ahora, después de escuchar los argumentos de cada parte, los jueces discutirán, de manera privada la demanda y, como ya lo estableció la Corte, el fallo se emitirá antes de julio de este año. De esta forma, es muy probable que los cinco millones de indocumentados en los EE.UU., que podrían beneficiarse con esta reforma, conozcan pronto sus posibilidades para el futuro.

*Abogado licenciado en el Estado de Nueva York, con enfoque en derecho estadounidense y migración.

 

 

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Camilo Rincón Camacho* / Especial para El Espectador

El Mundo

Corte Suprema de EE.UU. definirá futuro de millones de indocumentados

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