Crean movimiento ciudadano para luchar contra la corrupción en Guatemala

El grupo expresó su rechazo e indignación por el nivel de corrupción en el que se ven implicados funcionarios públicos, abogados y personas particulares en el país centroamericano.

Carlos Sebastián - Nómada (Guatemala)

Un total de 20 organizaciones, entre ellos el influyente Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), integraron este viernes un movimiento ciudadano para luchar contra la corrupción estatal en Guatemala.

Bajo el nombre "Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción", el grupo expresó, en su primer comunicado, su rechazo e indignación por el nivel de corruptela en el que se ven implicados funcionarios públicos, abogados y personas particulares en el país centroamericano.

Explicaron que el Movimiento nace ante la necesidad de articular un esfuerzo común que dé un ejemplo correcto de transparencia y honestidad y que exija el mismo comportamiento al sector público, a los partidos políticos y a la sociedad.

"Nuestra decisión de constituir el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, como un instrumento permanente, institucional y de largo plazo, tendrá como objetivo único el tomar acciones concretas para combatir la corrupción y lograr un manejo ético de los recursos públicos en Guatemala", sostiene el escrito divulgado este viernes.

Como líneas de trabajo, se proponen promover un cambio de cultura a través de la educación y concienciación de la ciudadanía, para rescatar los valores de la decencia y la honestidad.

Establece un sistema de monitoreo de los recursos públicos para brindar a la ciudadanía información actualizada y un análisis técnico, y pone a disposición de la población un canal de denuncia legal y moral.

También facilitará, según el organismo, una agenda de propuestas para combatir la corrupción y favorecer la transparencia.

El Movimiento hizo una invitación a otras organizaciones de la sociedad civil a sumarse a esta iniciativa, en la que están, además del Cacif, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, entre otras.

El grupo surge luego del desmantelamiento, el pasado 16 de abril, de una red de contrabando y defraudación fiscal que salpicó a la entonces vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, quien renunció al cargo hace ocho días.

Su sustituto, designado el jueves por el Congreso, es Alejandro Maldonado Aguirre, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La investigación, realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, ha permitido, hasta ahora, la captura de 29 personas, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz, extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El supuesto cabecilla de la red, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, se encuentra prófugo de la Justicia, junto al empresario guatemalteco Luis Mendizábal.

Este viernes también presentó su renuncia el ministro guatemalteco de Energía y Minas, Erick Archila, investigado por supuesta corrupción por una comisión del Parlamento, quien fue denunciado por supuestamente sobrevalorar estudios para la construcción de proyectos hidroeléctricos en Guatemala.

Una comisión del Congreso también investiga al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Enrique Monterroso, por el supuesto "mal manejo de medicamentos y contrataciones", confirmaron a Efe fuentes del Congreso.

El Ministerio de Salud también precisó a Efe que la investigación, que está en curso, se debe a "desabastecimiento de medicamentos".

El presidente de esa comisión es el diputado del partido de oposición TODOS Ovidio Monzón, quien citó para la próxima semana a varias testigos para continuar con los trámites pertinentes antes de emitir un veredicto.

Además, la Corte Suprema de Justicia resolvió el jueves dar trámite a una denuncia por corrupción contra la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, por lo que el Congreso deberá evaluar si le retira la inmunidad a la funcionaria.

El antejuicio contra Martínez fue solicitado ante el Ministerio Público el 23 de marzo pasado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), por la supuesta ausencia de un estudio de impacto ambiental en un millonario contrato para limpiar el contaminado Lago de Amatitlán.