Cuando la coca debe ser destruida

El presidente de Bolivia, Evo Morales, continuará con la erradicación de cocales a pesar del ataque sufrido esta semana en la frontera.

El mambeo de hoja de coca es una tradición de la población indígena boliviana. / AFP

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que continuará con la destrucción de arbustos de coca ilegal en el norte de La Paz, después del reciente ataque a un grupo de trabajadores encargado de eliminar las plantaciones. Evo Morales, que también es el líder de los sindicatos de los productores de hoja de coca de Chapare, mencionó la posibilidad de crear puestos militares para controlar la presencia de extranjeros presuntamente ligados al tráfico de estupefacientes.

“No podemos aceptar que haya libre cultivo de coca, ni permitir la libre plantación porque sabemos que una parte se desvía” a la ilegal elaboración del narcotráfico, explicó el presidente Morales en una rueda de prensa en Tarija.

El gobernante condenó la muerte de dos militares, un policía y un civil por un grupo armado que también causó heridas de bala a otros 14 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El suceso se produjo en una emboscada para impedir la destrucción de cultivos de coca en la comunidad de Miraflores, en la localidad de Apolo, al norte de La Paz.

Morales reconoció que la zona de Apolo, cerca de la frontera con Perú, “era intocable, nadie podía entrar. Es obligación nuestra sentar presencia de Estado y soberanía” en el lugar. Es posible que, tras los graves incidentes del fin de semana pasado, el Gobierno tenga que “trasladar algunos regimientos o crear puestos militares en las fronteras”.

El Gobierno está convencido de que la emboscada a la FTC fue resultado de una operación militar bien planeada, presuntamente por elementos extranjeros. El ataque se produjo el sábado, cuando comenzaba la destrucción de cocales en la localidad de Miraflores.

“Mis hermanos del campo nunca planifican acciones de carácter militar”, aseguró Morales, pese al largo historial de muertos y heridos que el movimiento cocalero ha sufrido por la defensa de la hoja. “Estoy convencido de que extranjeros operan usando a productores de coca”.

El Ejecutivo de Morales considera que tampoco es propio de los campesinos bolivianos el asesinato con la saña con la que, según los informes forenses, acabaron con la vida de los tres uniformados y el médico del grupo en su primera misión de trabajo. El presidente, que se mantiene como el máximo líder de los cocaleros del Chapare (Cochabamba), ha propiciado como estrategia oficial la racionalización de cultivos de coca bajo el control de los sindicatos de productores de la hoja.

El compromiso de reducir la superficie de cocales es voluntario y tiene como límite máximo la tenencia de un cuarto de hectárea de cultivo, siempre y cuando las parcelas se encuentren en zonas tradicionales o legales, señaladas por la ley antidroga vigente. En las zonas ilegales, la destrucción de cocales se realizaba de forma concertada, excepto en algunas comunidades de Apolo que desde mayo pasado se resistieron a la erradicación y enfrentaron en más de una ocasión a la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la destrucción de cocales.

Las cifras oficiales mencionan que la política de destrucción de cultivos de coca ha reducido la superficie de alrededor de 31.000 hectáreas a poco más de 20.000. Sin embargo, está pendiente la entrega de un informe que señale específicamente la cantidad de coca legal que necesita Bolivia para el consumo tradicional y la incipiente producción de derivados industriales de la hoja de coca.

El representante de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, lamentó la demora gubernamental en la entrega de estos informes. “No he visto los ocho estudios que hemos financiado nosotros, ni los estudios complementarios”, cuya presentación se pospone una y otra vez, dijo.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia acaba de urgir al Gobierno la entrega de este estudio sobre el consumo tradicional de hoja de coca para saber con precisión la cantidad necesaria y los niveles de producción en las zonas legales de cultivo.

A comienzos de octubre, el principal ejecutivo de la Dirección de la Hoja de Coca e Industrialización, Luis Cutipa, fue encarcelado por el presunto desvío de coca decomisada en operaciones policiales y cobros irregulares por la entrega de permisos de comercialización de la hoja de coca. La denuncia fue formulada por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.

 

 

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El problema del VRAE
Luego del ataque armado contra la Fuerza de Tarea Conjunta en territorio boliviano, que dejó cuatro miembros muertos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó el cierre de la frontera con Perú, bajo sospecha de que los perpetradores habían venido del otro lado de la línea limítrofe. Esta zona fronteriza ha presentado históricamente el problema de cultivos ilícitos, en especial en la región peruana del VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), donde las Naciones Unidas identifican un buen porcentaje de las casi 50.000 hectáreas de coca que, se calcula, existen en el país andino

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