Venezuela: cuando el diálogo no es una opción

Aunque está planeada una conversación entre oficialismo y oposición el domingo, la AN insiste en la destitución del mandatario y presentará un expediente para abrirle un “juicio penal”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, en la sesión de ayer. / Foto: AFP

“Esto no es más que una ópera bufa”, dijo el diputado oficialista Pedro Carreño durante la plenaria de este martes en la Asamblea Nacional (AN). La plenaria se reunía para debatir sobre el mandato de Nicolás Maduro, pero sin una indicación precisa de qué sería discutido, de modo que el debate se convirtió para los chavistas en una defensa alevosa del legado de Hugo Chávez y para los opositores en la ocasión decidida para demostrar, en una suerte de juicio político —aunque no exista ninguna figura de ese tipo en la Constitución venezolana—, que Maduro es un dictador y que está sajando de arriba abajo la libertad de cada viandante de ese país. (Vea: Así fue la "acalorada" sesión que aprobó proceso de control político a Maduro)

En el acuerdo final de la sesión, los diputados opositores aprobaron por mayoría citar a Maduro al hemiciclo el próximo martes y fundar una comisión que se encargue, ese día, de presentar un expediente judicial contra el mandatario. Según la Constitución, la AN puede realizar un control político sobre el presidente; entre sus funciones no se encuentra la de hacer un juicio político o penal al presidente, a pesar de que así lo haya afirmado el diputado opositor Julio Borges. Es decir: la AN no tiene poder para juzgar a Maduro. Además, un grupo de sus representantes asistirá la próxima semana a la OEA para pedir que se active la Carta Democrática contra el gobierno venezolano, lo que podría implicar sanciones contra el país e incluso su retiro de esa organización.

Dadas las negativas al diálogo que han expresado diversos líderes de la oposición, queda claro que para los adversarios de Maduro la única solución pasa por su destitución. El diálogo entre oficialismo y oposición, que fue anunciado por un mediador del Papa y que comenzará este domingo, ha dividido a la oposición: la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que agrupa a todos los adversarios del chavismo y que domina en la AN, pidió a finales de septiembre un diálogo con el Gobierno y ahora que se lo han dado sus subdivisiones han decidido ausentarse de la mesa. (Vea: Maduro convoca Consejo de Defensa luego de que Asamblea diera primer paso para someterlo a control político)

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, dijo: “La Acción Democrática (su partido) dijo que si iban los partidos a diálogo, promovido por (el) Vaticano, concurriríamos. Como ahora todos nos enteramos por televisión nosotros tampoco vamos”. Sin embargo, este martes Ramos Allup dijo que se había reunido con mediadores de la MUD y representantes de la Unasur para un posible diálogo que, entonces, no es sorpresivo para su partido político. El gobernador de Miranda y también opositor, Henrique Capriles, que a finales del año pasado se presentaba como un conciliador, dijo: “¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo (...). Ellos pretenden usar la buena fe del papa Francisco, la buena fe del Nuncio, para decir acá no ha pasado nada”. El argumento de ambos líderes para no asistir a la reunión de este domingo es, en esencia, que se enteraron por televisión de que había diálogo y nunca fueron notificados de manera personal.

Voluntad Popular, el partido del opositor Leopoldo López, aseguró que “no están dadas las condiciones” para una reunión de esta suerte, en consonancia con las declaraciones de Lilian Tintori: “¿Por qué no hay condiciones? Porque hay violaciones de derechos humanos. 109 presos políticos y exiliados”.

Durante los últimos tres años oposición y gobierno han frustrado, por una infinidad de razones, el acercamiento político. Esta vez, parece no ser la excepción, el diálogo se hunde antes de comenzar.

En la práctica, Maduro tendría que asistir a la sesión del próximo martes para defenderse de las acusaciones que le hace la AN. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato al Parlamento en enero, lo que anula todas las decisiones que tome dicha entidad. En otras palabras: la AN no existe en el panorama político de Venezuela. En caso de que Maduro decida hacerle caso a la AN, sus responsabilidades constitucionales tienen un límite: la AN puede determinar una responsabilidad política (que podría ser declarada como una falta absoluta, causal de destitución), pero no puede en ningún caso expulsar a Maduro de su puesto. Y ahora, ¿qué?

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