Denuncias de tratos crueles en Venezuela

El Espectador tuvo acceso a las actas judiciales de cinco de los 14 casos degradantes denunciados durante las actuales protestas en ese país.

Hasta el momento, según cifras oficiales, las manifestaciones han dejado 14 muertos. / AFP

Al ingeniero de sistemas Luis Alejandro Márquez le gustaba jugar a la guerra. Y en una guerra, como reza la vieja frase, la primera víctima es siempre la verdad. La noche del miércoles 19 de febrero, Márquez corrió perseguido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la parroquia La Candelaria, en la capital de Venezuela. Grababa la represión a una escuálida protesta cuando varios efectivos se le acercaron, como se nota en un video aficionado hecho desde un edificio cercano. No logró avanzar ni una cuadra al escapar. Tras sus pasos de miedo se escucharon detonaciones y luego se desplomó. Márquez no recibió ningún impacto de bala o perdigón, pero al caer golpeó su cabeza contra el suelo. Le diagnosticaron muerte cerebral dos días más tarde y falleció el pasado domingo.

En Venezuela se libra una batalla política, pero también comunicacional. Entre la censura y la autocensura mediática, las redes sociales han cobrado una importancia vital para establecer hechos y determinar qué puede ser cierto y qué no. Todos, chavistas y opositores, periodistas, ciudadanos en general, se preguntan por la verdad.

“No fue cualquier venezolano el que murió”, dijo en su programa de televisión el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, al referirse a Alejandro Márquez. Y de inmediato mostró imágenes tomadas de Facebook y mensajes de Twitter de la cuenta personal del difunto ingeniero, a quien acusó de ser “un sicario” y “un mercenario” contratado “para matar al compañero Nicolás Maduro”. En las fotos, Márquez aparecía con uniforme de camuflaje y armas largas, y en los mensajes de Twitter se mostraba una conversación con alguien a quien le respondía: “Si me dan chance le vuelo ese c... a él y a unos cuantos más”. Se refería al presidente de Venezuela. “A ese señor lo mataron sus propios compañeros”, dijo Cabello, “se la cobraron porque no cumplió el trabajo”.

Al día siguiente, la Federación Venezolana de Airsoft (FVA), que alberga a más de 1.400 miembros, rechazó de forma categórica las acusaciones de Diosdado: “A pesar de no ser un atleta registrado en la FVA, (Márquez) fue un venezolano, trabajador y practicante de esta actividad deportiva, la cual en ningún momento tiene preparación ni orientación militarista”. El airsoft es un juego basado en una estrategia militar de campo que utiliza armas especiales, réplicas exactas de aquellas que se emplean en combate, pero con balines de 6 a 8 milímetros de diámetro.

“Esas armas son réplicas de juguete que funcionan con baterías”, declaró a este diario su compadre Yamal Rojas, quien también llegó a practicar la disciplina. “Esas fotos que mostró Diosdado deben ser de 2010, pero si te fijas, él a veces tapa la punta con sus dedos en el video, ¿por qué? Porque las puntas son de color naranja y eso es lo que las diferencia. Alejandro no era ni paramilitar ni pagado por la CIA”, dijo Yamal antes de agregar lo que ya han publicado varios medios de comunicación: que Márquez fue golpeado con salvajismo por la Guardia Nacional después de su caída y durante su traslado al hospital. “Todavía se le notan los hematomas en la cabeza”, agregó desde el sepelio efectuado el pasado martes.

A pesar de los señalamientos del presidente de la Asamblea Nacional, siete funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana están siendo investigados por su presunta implicación en la muerte de Alejandro, quien deja a una niña huérfana. Pero no fue la única acusación desatinada de Cabello. En la misma emisión del programa mostró una foto con gran cantidad de armas largas y dijo que eran propiedad del general retirado Ángel Vivas. En pocas horas se confirmó que la imagen fue extraída de la web de una federación de airsoft localizada en Wisconsin, Estados Unidos.

La represión de la seguridad venezolana puede calificarse como violencia de estado por cuanto ha sido sistemática durante los últimos días. La ONG Foro Penal Venezolano contabiliza 609 detenciones y retenciones ilegales desde que las protestas comenzaron el pasado día 12. De ese número, 162 han conllevado medidas cautelares y ha habido 21 privaciones de libertad. Sin embargo, son los 18 casos corroborados de torturas y tratos crueles y degradantes los que reciben mayor atención entre la opinión pública.

El caso de Juan Manuel Carrasco ha tenido resonancia internacional. Se trata de un joven venezolano con ciudadanía española que fue detenido en el estado Carabobo el 13 de febrero junto a otros dos compañeros, y que declaró haber sido violado por un oficial con la punta de un arma larga. La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, negó el hecho el pasado lunes: “No es cierto que se le haya introducido un fusil por el ano. A esa persona se le hizo el reconocimiento médico legal”, y agregó que Carrasco no informó nada sobre la violación durante su audiencia de presentación: “Ni él ni sus abogados”. Según Ortega Díaz, todas las partes legales involucradas firmaron el acta.

El abogado de Carrasco, Luis Armando Betancourt, afirmó que la fiscal miente, pues ni él ni sus defendidos durante las audiencias de esa larga madrugada estuvieron de acuerdo con lo expuesto en el acta: “Somos once abogados y puedo asegurar que tres de nosotros y ninguno de los acusados firmó nada. Nosotros no hemos tenido acceso a los expedientes, y apenas lo tengamos, créanme que ustedes serán los primeros en saberlo, para que se sepa la verdad”, dijo a El Espectador.

Tortura, tratos crueles y tratos degradantes están tipificados en la Ley contra la Tortura venezolana, aprobada en julio de 2013. Todos implican maltrato, pero en el primer caso ese abuso debe estar orientado a que el sujeto confiese la participación en un delito. Desde que empezaron las protestas hay cuatro torturas corroboradas. Involucran al Servicio Bolivariano de Inteligencia y a cuatro muchachos a los que se aplicó electricidad para confesar que estaban conspirando contra el gobierno. Antes de cada descarga, cuenta una parte implicada que ha pedido anonimato, los funcionarios decían: “Aquí tienes a tu Leopoldo”, en referencia al líder opositor Leopoldo López.

El Espectador tuvo acceso a las actas judiciales de cinco de los 14 casos de tratos crueles y degradantes.

“En la patrulla (…) me dieron golpe (sic), cascazos, nos lanzaron al suelo con las esposas, nos dieron golpes por las costillas, nos pusieron unas camisas con olor a gasolina, me decía tú vas a hacer culpable (sic: ‘a ser culpable’) me arrodillaron, me amedrentaron de matarme, me pegaron con palo, bate, me pisaron los dedos”. Es el caso de Marco Eurelio Coello, detenido el 12 de febrero en el centro de Caracas en medio de piedras, bombas lacrimógenas y balas. En esa revuelta fue asesinado Juancho Montoya, el primero de los quince muertos a nivel nacional confirmados hasta la fecha.

Como Coello, Ángel de Jesús González estaba cerca del Ministerio Público donde terminó la marcha opositora aquel día. La escalada de violencia a comienzos de la tarde terminó con daños a varios vehículos del CICPC, un cuerpo policial venezolano. En el acta alega inocencia: “Me agarraron entre cinco personas y me golpearon, me decían que yo había quemado la camioneta (…) Me golpearon directamente en la cara”. En idénticas circunstancias, el mismo cuerpo policial aprehendió a Luis Felipe Boada: “Me echaban gasolina. Yo les decía pero no me quemes. Uno de los funcionarios me decía sí te vamos a quemar, pero no vi cuál fue el que me hecho (sic: ‘echó’) gasolina encima y después se fueron y me dejaron allí tirado ahogándome”. Recibió golpes “en la parte de la cara, por las costillas, golpes por el estómago. Uno de los funcionarios me dio un golpe con algo mojado, me dieron un cascazo en todo el medio de la espalda”.

Hoy, 27 de febrero, se recuerda en Venezuela la mayor revuelta social de su último siglo: el Caracazo. Se trató de una insurrección popular que dejó más de 300 muertes oficiales debido a la brutal represión de la seguridad del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, en 1989. Según el parte extraoficial de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como Cofavic, hubo más de mil asesinatos y muchos analistas políticos afirman que el inicio del chavismo está marcado por esa ruptura. Nicolás Maduro decretó el día como feriado para conmemorar a los fallecidos. El lunes pidió un aplauso para la Guardia Nacional Bolivariana por haber “jugado la paz con paciencia”.

Oposición rechaza diálogo

La Mesa de Unidad Democrática  (MUD) declinó la convocatoria que hizo el presidente Maduro par aun diálogo nacional y calificó la iniciativa como “un simulacro” que puede terminar en “una burla a nuestros compatriotas”. Más temprano, el principal líder opositor, Henrique Capriles anunció que él no asistiría al llamado del gobierno. Quienes sí confirmaron su participación fueron el Episcopado y la gremial empresarial Fedecámaras, habitualmente denostada por el gobierno. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó al gobierno y la oposición a realizar gestos concretos para restaurar la calma. “ Se esperan gestos concretos de todas las partes para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para un dialogo significativo”.

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