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La suerte de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, parece estar echada. A pesar de todos los recursos que uso su gobierno para suspender el proceso de impeachment (juicio político con destitución), lo más seguro es que en pocas horas la persidenta sea suspendida de su cargo por 180 días.
Ni los recursos ante el Tribunal Supremo ni su férrea defensa le han servido a Rousseff para evitar que el Senado brasileño detenga un proceso que a todas luces ha estado lleno de irregularidades y que, de acuerdo con analistas, tiene un trasfondo político.
Si en pocas horas cuando comienza la votación la mayoría de senadores (según cálculos de la prensa brasileña 50 votarán a favor, 20 en contra y 11 se abstendrán) aprueban continuar con el juicio, Rousseff será separada durante 6 meses de la presidencia para enfrentar un juicio por maquillaje de cuentas públicas.
Lo más paradójico de esta situación es que el 60% del Congreso de Brasil está siendo investigado por corrupcióny otros delitos y esos son los jueces de Rousseff, una mandataria que si bien cometió varios errores políticos y de manejo de su gobierno, al demorar implementar reformas, no está acusada de corrupción. Un caso excepcional en la política brasileña, de acuerdo con los reportes de prensa.
La presidenta aduce que gobernantes de la oposición que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y que no cometió ningún "crimen de responsabilidad", un cargo que puede ser castigado con el impeachment según la Constitución.
Michel Temer, vicepresidente y un exaliado del gobierno al que Rousseff acusa de traición, asumirá la presidencia de forma interina. Y si Rousseff es finalmente declarada culpable, Temer quedará al frente del país hasta 2018, fin previsto de su mandato.
“El último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018”, dijo Rousseff el martes de noche, ante miles de fervientes simpatizantes.
“Voy a luchar (contra la destitución) con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”, prometió esta exguerrillera, torturada y encarcelada durante la dictadura militar (1964-1985).
La batalla por la destitución de la impopular presidenta alcanza su auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, cuando Brasil atraviesa una recesión que se anticipa como la peor en un siglo y avanza en la mayor investigación por corrupción de su historia, enquistada en Petrobras, con decenas de políticos y poderosos empresarios en la mira.