Dinero sucio y desarrollo

La directora ejecutiva del Banco Mundial y exministra de Finanzas de Indonesia hace un llamado para combatir la pobreza.

Estudiantes filipinos le pidieron al papa Francisco en Manila (Filipinas) que apoye la lucha contra la pobreza, la corrupción y la injusticia social en el país asiático. / EFE

El mundo ha logrado enormes avances en la lucha contra la pobreza durante las últimas décadas. Pero mientras dejamos atrás 2014, mil millones de personas —una de cada siete— aún viven con menos de US$1,25 por día.

Será necesario un esfuerzo de alcance mundial para poner fin a la pobreza, y para conseguir los recursos necesarios. A primera vista, el precio resulta pasmoso. Sabemos que la asistencia para el desarrollo no alcanzará para poner fin a la pobreza. Será necesaria la inversión del sector privado, la recaudación de impuestos en los países en desarrollo y otras fuentes de financiamiento para lograrlo.

Lo cierto es que hay suficiente dinero en el mundo para alcanzar esta meta. Una inesperada fuente de riqueza que podría desempeñar un importante papel es la enorme disponibilidad de dinero sucio en el mundo: beneficios no declarados por empresas multinacionales, los resultados de la corrupción y las ganancias de los traficantes de drogas, armas y personas: todo ese dinero está almacenado en cuentas bancarias, empresas y fideicomisos en paraísos fiscales.

Es difícil encontrar información confiable sobre la cantidad de dinero sucio en el mundo. Pero según una estimación del grupo sin fines de lucro Global Financial Integrity, un billón de dólares desaparece en las economías del mundo en vías de desarrollo cada año. Se trata de dinero muy necesario para el desarrollo.

También se trata aproximadamente de la cantidad necesaria para cubrir la vasta brecha de infraestructura que impide al mundo ocuparse de desafíos críticos para el desarrollo: desde la rápida organización hasta el cambio climático y la creación de empleos. Actualmente, los países en desarrollo y emergentes invierten aproximadamente US$1 billón por año en infraestructura. Necesitan otro tanto para cerrar la brecha, un paso necesario para poner fin a la pobreza extrema para 2030.

Pero la falta de implementación y cumplimiento de las normas antilavado de dinero, de transparencia fiscal y anticorrupción protege a los autores de estos crímenes frente a los procesos judiciales. Esto, en última instancia, impide a los países en desarrollo limitar la salida de fondos que desangra sus recursos esenciales.

Para un colegial en Puerto Príncipe, una madre primeriza en Mogadiscio o un agricultor en Ocotepeque, esas pérdidas tienen un impacto real: aulas abarrotadas, falta de clínicas y recursos hídricos inadecuados. A la gente le están robando sus oportunidades.

Afortunadamente, la comunidad internacional está tomando conciencia. Una iniciativa de ministros de Finanzas africanos, dirigida por el expresidente sudafricano Thabo Mbeki, está investigando esta cuestión en el continente, donde se perdieron US$1,4 billones a través de flujos ilícitos durante las últimas tres décadas.

Más recientemente, el G-20 ha iniciado un llamado a la acción mundial para garantizar que las malas acciones no sean rentables. Y en un reciente encuentro en Berlín, se firmó un acuerdo entre gobiernos de ofensiva contra la evasión fiscal transfronteriza.

Se trata de buenas noticias, especialmente para los pobres. Pero aún existen muchas dificultades y el mundo debe centrarse en tres cuestiones fundamentales.

En primer lugar, los países en desarrollo deben construir instituciones eficaces y hacer cumplir una buena gobernanza, la transparencia y la responsabilidad. Deben luchar contra la corrupción, combatir el crimen organizado e implementar sistemas fiscales eficaces, algo aún más crítico para los países ricos en recursos. Los eventos recientes en Oriente Medio y Ucrania demuestran cómo la captura de las arcas estatales por intereses creados incita al conflicto y socava la confianza de la gente en el Gobierno.

Pero la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal son problemas mundiales, no sólo desafíos para los países en desarrollo. Si bien las instituciones nacionales débiles y una limitada capacidad para hacer cumplir la ley pueden facilitar las transferencias financieras ilícitas, debemos reconocer que el dinero sucio a menudo termina en los centros financieros, que se han convertido en cuasifacilitadores. Por eso, ocuparse de esta cuestión requiere cooperación internacional.

En segundo lugar deben implementarse las normas que identifican a los verdaderos propietarios de los fondos ilícitos. Una vez que esos activos se alojan en empresas opacas, suelen quedar fuera del alcance de las autoridades fiscales y los investigadores. Una y otra vez, la identidad de los verdaderos destinatarios o usufructuarios de las empresas y los fideicomisos queda protegida por leyes y normas que inadvertidamente protegen a los criminales. Esto debe terminar.

Finalmente, un sistema para el intercambio automático de información tributaria entre países limitaría los lugares donde los evasores fiscales y quienes lavan dinero pueden ocultar fácilmente sus ganancias. Casi 90 países se han comprometido para comenzar, ya en 2017, con intercambios de datos transfronterizos que incluirán información sobre los propietarios de cuentas y ciertos detalles relacionados con sus depósitos y saldos, información que podría ayudar a las autoridades a identificar (por actividades sospechosas y movimientos de inusitada intensidad) ganancias derivadas de la corrupción y transacciones ilegales.

Será necesario intensificar la acción a partir de 2015. En el Banco Mundial ya estamos trabajando con nuestros clientes en los países en desarrollo para mejorar sus sistemas de gobernanza, recaudar impuestos, combatir la corrupción y recuperar activos robados. Nuestro trabajo se beneficiará enormemente gracias al actual impulso para lograr una mayor cooperación internacional y poner freno a los flujos financieros ilícitos.

Cambiar las tan preciadas leyes de secreto bancario vale la pena. La corrupción, la evasión fiscal y la captura de ingresos derivados de recursos naturales socavan el imperio de la ley, debilitan el tejido social, erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones, alimentan el conflicto y la inseguridad, y limitan la creación de empleos. No son sólo ilegales, también son inmorales, porque condenan a los pobres a la pobreza.

 

 

* Traducción al español de Leopoldo Gurman.