Donald Trump quiere arrasar con la corrupción, pero debe empezar por casa

Los funcionarios que trabajen con el presidente electo no podrán intervenir a favor de empresas privadas o consorcios hasta cinco años después de su salida del gobierno. Él mismo, sin embargo, tendría lobistas en su equipo.

Esta fue la portada de Global People tras la victoria de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre.AFP

Desde su campaña por la presidencia, Donald Trump ha dicho, a grito desaforado, que quiere “drenar el pantano” en que se ha convertido Washington. En palabras planas, Trump quiere —como todo candidato idealista y en busca de votos— arrasar con la corrupción en el seno del Gobierno y del Congreso. Por eso, implementará una medida tan pronto como entre en oficio: los funcionarios que trabajen en su administración no podrán hacer lobby sino hasta cinco años después de haberse retirado del gobierno.

El oficio del lobista es sencillo en su definición: es aquel personaje que interviene a favor de empresas y consorcios para que leyes y tratados que las involucran tengan el impacto que dichas empresas y consorcios desean. Por ejemplo, si se proyecta una ley sobre impuestos al tabaco, las tabacaleras tienen un grupo de lobistas que intenta influenciar las decisiones que se tomen en el Congreso y también en entidades federales y estatales. Es una actividad, entre comillas, regulada por el Lobbying Disclosure Act de 1995 y el Open Government Act de 2007. En ambos actos legales se define qué es un lobista, cuáles son sus límites y las sanciones si sobrepasa dichos límites.

Hasta ahora, el dominio de acción para los lobistas no es tan restringido: por orden de la administración de Barack Obama, los funcionarios públicos no pueden hacer lobby en los temas que les concernieron mientras estuvieron en el gobierno. Pero sí lo pueden hacer en otros temas. Y, de cualquier manera, hay otros modos de saltarse la ley: los lobistas, en ocasiones, pasan por consejeros o simples agregados de los gobiernos. Cada lobista debe registrarse y sus actividades son públicas. El decreto que activará Trump es mucho más rígido en teoría: prohíbe el trabajo de lobista durante los cinco años siguientes al trabajo de gobierno y también un veto de por vida para aquellos que hicieron lobby a favor de un gobierno exterior. Hasta ahí, la propuesta parece rigurosa y efectiva, puesto que en apariencia termina con la posibilidad de que alguien que, por ejemplo, trabajó en la cartera de energía, entre —con su experiencia pública y sus contactos y su influencia— en una empresa que produce energía para apoyar proyectos privados y se vuelva rico saltando del sector privado al sector público sin los mínimos éticos.

El decreto quiere terminar con un problema que también aqueja a Colombia y que aquí es conocido como la “puerta giratoria”: esa práctica en la que un funcionario del sector público entra apoyar a empresas privadas en sus planes. Con la influencia de dicho funcionario, y con su conocimiento del campo desde adentro, es posible que los proyectos de dicha empresa tengan mayor éxito. Pero no resulta del todo ético: es una competencia desequilibrada y en la que se ponen en juego muchos intereses.

El posible gabinete de Donald Trump tiene dos ejemplos específicos. Primero, el multimillonario Harold Hamm suena para la Secretaría de Energía. Hamm ha hecho su fortuna en el negocio del gas y el petróleo. Él estaría a cargo, justamente, de implementar el acuerdo sobre energías alternativas de París. Sin embargo, pide menores regulaciones ambientales. Mientras impulsa leyes más laxas, su bolsillo se beneficiaría de su trabajo público.

Segundo, el exmiembro de Goldman Sachs Steven Mnuchin es considerado para la Secretaría del Tesoro. Mnuchin pide evaluar las actuales leyes bancarias, una jugada que podría proveerles a él y a sus excolegas beneficios en los años próximos. Mnuchin fue, además, el jefe de recolección de dinero de la campaña de Trump. Es decir, es un hombre con contactos determinantes en el mundo empresarial y que tiene comprometido su capital político de entrada (pues el dinero que entra a una campaña presidencial no es en absoluto inocente).

Más allá de los intereses en conflicto en el gabinete de Trump —y él es el primero, con su emporio de campos de golf y hoteles, que no se ha deslindado del campo privado para que no afecte su actividad pública—, la efectividad del decreto está en duda. Según la propuesta de decreto de Trump, desarrollada sólo de manera general en su plan de campaña, los lobistas que quieran entrar al oficio público deberán salir del registro de lobistas del país. Ése es el único requisito. Es decir, si una persona que intervino a favor de Exxon para detener sendas reformas ambientales quiere entrar en la cartera de energía, puede hacerlo si se sale del registro.  Sin embargo, no está obligado a perder sus contactos ni su influencia en el mundo empresarial.

Los actos legales que determinan la actividad de los lobistas tienen, de entrada, profundos vacíos. Según explica Jon Schwarz en The Intercept, para ser llamado lobista se debe invertir al menos 20% de su tiempo laboral en hacer lobby en un período de tres meses. “De modo que —escribe Schwarz— puedes hacer US$3 millones al año, pero si te limitas a pujar por los intereses de Exxon sólo el 19% de tu tiempo no eres un lobista”. En ese sentido, cientos de personas están funcionando como lobistas sin que tengan que registrarse: está el caso, por ejemplo, de un senador demócrata, Tom Daschle, que aconsejó a sus clientes por diez años antes de convertirse formalmente en lobista. Paul Miller, presidente del Instituto Nacional sobre el Lobby y la Ética, dijo a la revista Politico: “Vas a ver a más y más gente que se sale del registro. Lo llamó ‘la sociedad del lobby a la sombra’”. Schwarz lo secunda en dicha opinión: “Todo el mundo en Washington es libre de tomar esta decisión por sí mismo. Sólo no te registres como lobista y es extremadamente improbable que alguien en el Departamento de Justicia te vaya a buscar”.

Además de fomentar una línea de lobistas “a la sombra”, el decreto podría desestimar la adquisición de capital humano profesional en el Gobierno, pues muchos darán un paso atrás antes de someterse a un veto de cinco años. En la práctica, cientos de funcionarios públicos pasan a empresas privadas para continuar con su vida laboral, como apunta la periodista Catherine Ho en The Washington Post. Trump ha prometido terminar con dichos vacíos, pero hasta ahora la única propuesta detallada ha sido la de extender el veto. Y tiene una senda obligación por delante: la de escoger a los 4.000 miembros de su Gobierno.

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