EE.UU. y la legitimidad del juicio a Rousseff

A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos, se levantan voces que piden revisar el proceso en contra de la presidenta suspendida.

Dilma Rousseff, presidenta suspendida de Brasil, con el presidente de EE.UU., Barack Obama, en 2012. / EFE

A pocos días de que el Senado brasileño legitime el retiro definitivo de Dilma Rousseff de la Presidencia y de que se inicien los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, algunos congresistas de Estados Unidos entregaron una carta al secretario de Estado, John Kerry, solicitando cautela en la relación con el gobierno interino de Michel Temer. Algo que denota la existencia de sectores dentro y fuera del país que no creen en la legalidad y/o legitimidad del impeachment de Dilma Rousseff.

Esta carta fue firmada por 37 congresistas vinculados al Partido Demócrata, organizaciones sociales y sindicatos, quiens solicitan al secretario de Estado que “se abstenga de hacer declaraciones que puedan ser interpretadas como apoyo de Estados Unidos a la campaña en contra de la presidenta elegida” y enfatizan que “nuestro gobierno debe expresar su fuerte preocupación con las circunstancias que involucran el proceso de impeachment y exigir la protección de la Constitución democrática en Brasil”.

En el comunicado afirman que “este no es un juicio legal, sino político, en el cual dos tercios de un Senado tomado por la corrupción pueden poner fin al mandato de Dilma”. El gobierno de Estados Unidos debería expresar su preocupación sobre “la amenaza a las instituciones democráticas que se desdobla en uno de nuestros más importantes aliados económicos y políticos de la región”, dicen.

Destacan que Michel Temer llegó al poder e inmediatamente sustituyó “una administración progresista, diversa y representativa por otra que incluye solamente a hombres blancos y anuncia planes para imponer austeridad, privatización y una agenda de extrema derecha”.

Al recibir copia de la Carta, el pasado 20 de julio, la Embajada de Brasil en Washington les respondió a los representantes del Partido Demócrata explicando la legalidad del proceso: “Está siendo realizado de acuerdo con las exigencias de la ley brasileña, la Constitución brasileña está siendo respetada de forma rigorosa por las tres esferas del Gobierno, un hecho que puede ser corroborado a partir de un análisis cuidadoso e imparcial”.

Mientras tanto, desde el Palacio do Planalto, el gobierno interino actúa con la eficiencia y rapidez de quién vino para quedarse, demuestra que su prioridad es la reducción del déficit fiscal y pone Brasil a la venta.

En el sector eléctrico se están privatizando más de 200 pequeñas empresas, también hidroeléctricas y parques eólicos. En el de transporte, la empresa aeroportuaria Infraero y la portuaria Docas. La Caixa Económica Federal (homóloga del Fondo del Ahorro en Colombia) ya ha vendido buena parte de su área de seguros. Se pretende, además, incrementar la participación de empresas extranjeras en el sector aéreo y privatizar importantes aeropuertos del país.

No obstante, se espera que la gran rebaja ocurra en el sector petrolero, en la reserva denominada Pre Sal, una de las mayores del mundo. Con la llegada de Temer, “el parlamento aceleró el trámite de ley que pretende flexibilizar el régimen petrolero y limitar los privilegios de Petrobras como gestora única en los yacimientos”. La pregunta es: ¿Se necesitaba sacrificar la democracia para subastar el país?

Analista brasileña, profesora de la Unidad Externado.

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