Efectos de un cuento chino

Tras la aprobación en Nicaragua de la ley para construir un canal interoceánico, Noemí Sanín volvió a denunciar que China influyó en el fallo de la Corte que afectó a Colombia.

Protestas en Nicaragua contra el proyecto que permitiría a una empresa china administrar el canal interoceánico. / EFE
Protestas en Nicaragua contra el proyecto que permitiría a una empresa china administrar el canal interoceánico. / EFE

La aprobación por parte del Parlamento de Nicaragua de la ley que le permite a su gobierno pactar con la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited para la construcción de un canal interoceánico en ese país, ha resultado controversial: la oposición al gobierno de Daniel Ortega lo ha acusado de vender la patria, pues la concesión para la obra otorga el 49% de la propiedad a la compañía, además de hasta 100 años de administración a su cargo. Ese sería el pacto para este enorme proyecto que tardaría al menos una década en ser terminado y costaría cerca de US$40.000 millones.
La controversia se desató en Nicaragua, pero algunos coletazos llegaron a Colombia por cuenta de la teoría lanzada por la excanciller colombiana Noemí Sanín, quien sugirió la influencia de intereses económicos de China en el fallo del 19 de noviembre de 2012, en el que la CIJ le concedió a Nicaragua la explotación económica exclusiva de más de 75.000 kilómetros cuadrados de mar antes colombiano.
Tras la aprobación de la ley en Nicaragua, Sanín volvió a la carga. En una entrevista con Caracol Radio dijo que ese país no habría “podido soñar con el canal que están buscando” si el fallo no le hubiese resultado favorable. De hecho, Sanín ha citado el caso de la magistrada china de la CIJ, Xue Hanqin, de quien aseguró que “conocía los negocios de semejante tamaño que se estaban fraguando discretamente entre la China y Nicaragua”.
Fuentes cercanas a la Corte confirmaron a El Espectador que la actitud de Colombia frente al fallo ha generado molestia. Ricardo Abello, experto en derecho internacional de la Universidad del Rosario, asegura que, en general, “estamos quedando muy mal al ‘agredir’ a la Corte. Nadie entiende cómo gente en Colombia puede referirse en esos términos a los jueces del más alto tribunal internacional. La senadora Moreno Piraquive los ha tratado de corruptos. Eso es gravísimo y los tiene molestos”.
Incluso, la Cancillería contactó a algunos medios de comunicación para afirmar que teorías como las de Sanín no corresponden con la posición del Gobierno.
El internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir, en contacto con este diario, explica que la de Sanín es una tesis política que desconoce la realidad legal. “Los jueces de la corte pasan por un proceso riguroso. La Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y la Corte de Arbitraje Permanente. Tampoco es creíble que la CIJ participe en un negocio. No hay antecedentes de ese tipo ni pruebas por parte de la excanciller”.

Más allá de cualquier hipótesis, lo cierto es que el canal interoceánico es una de las más grandes pretensiones históricas de Nicaragua, contemplada por gobiernos precedentes al sandinista, un punto que deslegitima la versión. Según Jaramillo,  “de construirse el canal sería para 2030. Aun reconociendo eso, no tiene efectos sobre Colombia porque los barcos pasarían por aguas colombianas, pero por la libertad de navegación eso no tiene por qué afectarnos. Podría reducir el flujo en el Canal de Panamá, pero no tiene implicaciones sobre Colombia”.

En la edición del 28 de mayo pasado de este diario, Diana Andrea Gómez, directora de la Cátedra China de la Universidad Nacional, aclaró en un artículo que Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con China sino con Taiwán y que incluso el gobierno de Pekín, a través del Ministerio de Comercio, recomendó a sus empresas no participar en el proyecto de construcción del canal de Nicaragua: “Al no haber acuerdos bilaterales y de protección de inversiones que respalden las iniciativas, no se aprueban negociaciones como ésta”.

En el artículo, Gómez puntualiza otra aclaración en la que, pese a la unanimidad del fallo, la juez Xue Hanqin realizó una reserva de voto en la que “en un 90% da la razón a Colombia” y procede a su cita: “Mi primera reserva se refiere a la metodología... debe ser capaz de asegurar, con respecto a la configuración de la zona geográfica y otras circunstancias pertinentes, un resultado equitativo”. Y agrega: “Sería mucho mejor para el mantenimiento de la estabilidad regional y el orden público si el tribunal señalara la dirección de la frontera entre las partes en esta área, dejando el espacio suficiente para que los estados interesados trazaran, en primer lugar, sus respectivos límites y luego reajustaran sus relaciones marítimas. Lamento que la Corte no haya tomado ese camino”.