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“Gracias al presidente Sisi y al aparato de seguridad #egipcio por garantizar que el informe @HRW #rabaa sea noticia internacional, cierta forma de rendir cuentas”. Sarah Leah Whitson, representante para Medio Oriente y el Norte de África de la organización Human Rights Watch, ha comentado así su espera de 12 horas en el aeropuerto de El Cairo, junto con su colega Kenneth Roth, antes de que las autoridades egipcias les rechazaran la entrada al país. La organización iba a presentar, en el primer aniversario de la masacre, el informe Todo según el plan, en el que se recolectaron evidencias sobre los abusos de las fuerzas de seguridad en el sit-in de Rabaa en El Cairo y la matanza de 817 personas, en su gran mayoría miembros de los Hermanos Musulmanes que protestaban pacíficamente por la destitución de Mursi.
Es muy probable que la presentación pública del informe en Egipto por parte de la organización no hubiera tenido particular repercusión a nivel local o internacional. Pero los 140 caracteres de Whitson representan más que un simple error de protocolo de las autoridades egipcias. Lo que es un aparente “favor” a la causa global de los derechos humanos, esconde en realidad la pura esencia del nuevo Egipto del presidente Abdel Fattah al Sisi. El mensaje es claro y sencillo y está dirigido a cualquiera que critique las medidas implementadas por el rais para pacificar el país. Con nosotros o contra nosotros.
Olvídense de las formas políticamente correctas que maquillaban el régimen de Mubarak para complacer a sus “respetados” socios internacionales. El camino del autoritarismo sin maquillaje emprendido por Sisi y los militares fue planeado desde el día del golpe de Estado militar, el 3 de julio de 2013. El drástico descenso de las libertades y los derechos se aceleró con la presidencia ad ínterim de Adly Mansour, a quien Sisi puso allí después del golpe de Estado, a la espera de quitarse los galones y presentarse a la presidencia como civil.
El exjuez de la Corte Constitucional expresa el acercamiento entre el Ejecutivo y la rama de la justicia, que ha llevado a masivas y kafkianas condenas a muertes. Se estima que han sido arrestados o juzgado en el último año más de 40.000 civiles, a los que se suman las cerca de 80 personas muertas en las cárceles. Entre los 40.000 que añaden hacinamiento a las cárceles egipcias, algunos están allí como consecuencias de la nueva Ley de Protesta, que prohíbe las reunión publica no autorizada de más de 10 personas. Principales víctimas de la nueva ley, los que lideraron el derrocamiento de Mubarak, seculares, liberales, islamistas o izquierdistas, sin distinción alguna. Están todos acusados de planear el caos en Egipto o manchar su imagen a nivel internacional.
La actitud de las autoridades egipcias frente al disenso es desafiante y abiertamente amenazadora. Poco importan las consecuencias a escala internacional, porque el mismo Sisi parece haber entendido que en un mundo sin un claro dueño no es fácil rendir cuentas por los atropellos cometidos.
En el caos geopolítico internacional, Egipto vuelve a retomar su rol de mediador en el conflicto palestino-israelí, condenando los ataques israelíes contra la población de Gaza en nombre del alineamiento con la opinión pública árabe, pero echando la culpa de todo el sufrimiento palestino a Hamás. Una postura que recuerda mucho la posición oficial israelí. Egipto se propone como intermediario de la tregua en Gaza, con el poder de utilizar el paso fronterizo de Rafah según sus meros cálculos políticos. Una frontera en sus manos para chantajear a los representantes palestinos y su necesidad de hacer llegar ayuda humanitaria a la población. Un poder que se puede cobrar caro a nivel internacional y cambiar con silencio sobre sus políticas internas.
Si poco importan las críticas que vienen desde afuera, Sisi intenta limpiar su imagen en el país promulgando leyes contra las violencias sexuales, aunque muchos recuerden su apoyo a las pruebas de virginidad manuales que los militares hicieron a 17 manifestantes durante las protestas. También ofreció la mitad de su sueldo a un fondo para la reconstrucción de la economía egipcia, sin mencionar que su títere anterior lo había subido de forma considerable. Como buen faraón, y como ya hizo Nasser en 1953, se propuso una gran obra de infraestructura: ampliar el canal de Suez.
El autoritarismo popular de Nasser es el modelo. Sólo le falta su carisma. Y poco más de dos meses después de su elección ya tiene en su espalda una acusación de crímenes contra la humanidad. Si quiere mantenerse en el poder, aunque en el nombre de una descarada autocracia, debe revitalizar la economía, generar puestos de trabajos y seguridad ciudadana y devolver el prestigio al país. Si no logra algunos de estos objetivos, es muy probable que la calle u otros colegas en la cúpula militar lo sustituyan pronto.
* Investigador asociado en el proyecto Marie Curie Arab Spring - Social movements and mobilisation typologies y docente de la Universidad del Norte.