El bloguero condenado a mil latigazos

Raif Badawi enfrenta una escandalosa sentencia por abrir una página web dedicada a la discusión sobre religión y política en Arabia Saudita.

La Haya, Holanda. Una manifestación organizada por Amnistía Internacional frente a la embajada saudí para pedir la liberación inmediata del bloguero Raif Badawi. Varios gobiernos de Occidente se han unido a este llamado. / EFE

“Los estados que se basan en la religión confinan a su gente en el círculo de la fe y el miedo”. Raif Badawi.

Enero 9 de 2015. Raif Badawi salió del autobús con los grilletes puestos. Fue llevado a la plaza pública frente a una mezquita en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, para recibir 50 latigazos después del rezo de los viernes. Una multitud se reunió alrededor. “Pero nadie sabía por qué estaba a punto de ser castigado. ¿Es un asesino? ¿Un criminal? ¿No cumple con sus rezos?, preguntaron”, según narró un testigo de los hechos a Amnistía Internacional.

Ninguna de las anteriores. Raif Badawi es un bloguero, un musulmán liberal como muchos otros que promueven discusiones sobre religión y política, sobre secularismo, sobre terrorismo, sobre la estigmatización del islam. En pleno debate mundial al respecto, a partir del atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo, los escritos de Badawi podrían aclarar que el problema no es la religión, sino los intereses que la utilizan como pretexto.

Badawi escribía que en su país, cuyas leyes están basadas en una drástica interpretación del Corán, el islam ha sido distorsionado por la clase política para promover ideales antiliberales y autoritarios y mantener su estabilidad. “Ninguna religión tiene conexión con el progreso cívico de la humanidad. Esto no es una falla por parte de la religión, sino que todas las religiones representan una particular relación espiritual entre el individuo y el Creador... En todo caso, el derecho positivo es una ineludible necesidad humana y social, porque las normas de circulación, el derecho laboral y los códigos que rigen la administración del Estado difícilmente se pueden derivar de la religión”.

En Arabia Saudita, discutir esto puede ser considerado un crimen, un acto terrorista, un insulto que llega a merecer hasta la pena de muerte. Ese viernes 9 de enero se empezaba a ejecutar un escandaloso castigo contra Badawi: mil latigazos (50 cada viernes) y diez años de prisión.

En 2008, Badawi montó la página web Saudi Free Liberals Forum, un espacio para discutir libremente con otros saudíes. Cuatro años después fue arrestado por promover el debate público y su sitio web fue cerrado. En principio se le acusó de ser un “apóstata”, lo cual daría para pena de muerte. Sin embargo, fue absuelto de este crimen en 2013 y, en cambio, condenado a siete años de prisión y 600 latigazos por insultar al islam a través de medios electrónicos y por “ir más allá del ámbito de la obediencia”.

La sentencia fue ampliada en mayo pasado, cuando se le acusó de cometer “cibercrímenes” y fue sometido a mil flagelaciones. La crueldad de la pena generó un escándalo internacional y recordó al mundo el desastre saudí en materia de derechos humanos. Philip Luther, director de Amnistía Internacional (AI) en Oriente Medio y el Norte de África, recordó que la flagelación y otras formas de castigo corporal que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes están prohibidos por la ley internacional. Y añadió: “Es horrible pensar que deba imponerse una pena tan perversa y cruel a alguien que no es culpable más que de atreverse a crear un foro público de debate y de ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión”.

Enero 16 de 2015. Raif Badawi tenía programada su segunda ronda de latigazos públicos, pero antes fue llevado desde su celda hacia la clínica de la prisión para una revisión médica. Un doctor determinó que sus heridas por las flagelaciones anteriores no habían sanado y que no sería capaz de soportar otra ronda, por lo cual la aplicación de la pena fue aplazada. La decisión, aunque pueda ser un alivio momentáneo, representa otra crueldad. Como indicó Said Boumedouha, director adjunto de AI para Oriente Medio y el Norte de África, “no sólo este aplazamiento por motivos de salud expone la cruda brutalidad del castigo, sino que resalta su intolerable inhumanidad (…) la noción de que se debe permitir a Raif Badawi curarse para que pueda sufrir este cruel castigo una y otra vez es macabra e indignante”.

Ante la presión internacional y el estado de salud de Badawi, las autoridades saudíes decidieron pasar el caso a la oficina del rey para revisar la sentencia. Sin embargo, no hay muchas esperanzas de que el bloguero deje de ser considerado un criminal. Nada garantiza que mañana no vuelva a ser flagelado.

El reino de la hipocresía

Arabia Saudita es parte de la Carta Árabe de Derechos Humanos, la cual en su artículo 32 garantiza el derecho a la libertad de opinión y de expresión y de impartir noticias a otros por cualquier medio. El reino de la familia Saud, al igual que otros estados con un pobre récord en DD.HH., es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y no pierde oportunidad de defender el derecho de sus ciudadanos a la libertad religiosa en otras partes del mundo. Además, las autoridades saudíes, junto a representantes de otros estados donde la libertad de expresión también sufre serias restricciones, asistieron a la marcha el 11 de enero en París, dos días después de que Badawi recibiera sus primeros 50 latigazos, para condenar los ataques terroristas contra Charlie Hebdo, como si hubiese una abismal diferencia entre matar caricaturistas y flagelar blogueros.

Badawi es uno más en una larga lista de activistas, librepensadores y críticos que son perseguidos, arrestados, silenciados o intimidados por el Estado. Algunos han enfrentado la pena de muerte por opinar en redes sociales. Los más vulnerables a la represión son quienes dudan del islam o profesan otra fe. Por ejemplo, las minorías cristianas, compuestas sobre todo por trabajadores extranjeros del sector petrolero, celebran sus misas en la clandestinidad, tienen prohibido construir iglesias o portar objetos relativos a su religión. En abril del año pasado fue promulgada una ley que clasifica a los no creyentes y a los críticos de la monarquía como terroristas y enemigos del reino.

 

 

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