El brazo ejecutor

La Justicia Argentina pone el ojo en los servicios médicos de la dictadura, tristemente célebres por el robo de bebés.

Familiares de personas desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983) protestan en la provincia de Tucumán. /Reuters

La herida es profunda y el tiempo, que todo lo cura, aún no cicatriza el corazón de esas madres a las que les arrebataron un pedazo de vida. Y aunque la década infame de la Argentina se vivió entre 1930 y 1943, a aquellos años aciagos que se consumieron entre 1976 y 1983 les cabe el mismo rótulo. Argentina fue un país dominado por una despiadada dictadura, una tierra de nadie. Los militares conducían los destinos de la nación con la base del secuestro, la tortura y la depravación. De ese coctel diabólico, pergeñado por un régimen impiadoso, nacieron los hijos de la subversión, según la retorcida mirada de esos coroneles sin alma. Y los bebés de esas mujeres, que luego de dar a luz eran fusiladas o lanzadas al Río de La Plata durante los vuelos de la muerte, perdieron su identidad. Tuvieron que crecer en familias ajenas, arrancados por la atrocidad. Se calcula que hay, mínimo, 500 niños desaparecidos, de los cuales se recuperaron 116, con un caso emblemático en los últimos tiempos, el 114º fue Ignacio Hurban, nieto de Estela de Carloto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que desde hace cuarenta años encabeza esta incansable lucha por los derechos humanos.

Tal vez no haya mayor reivindicación para esas madres que el juicio que, tras dos meses de debate oral, entró en etapa de alegatos. Dos médicos, una partera y dos represores que entre 1976 y 1978 fueron responsables del funcionamiento de una maternidad clandestina en el área de Epidemiología del Hospital Militar, están en el banquillo acusados de apropiación de bebés. Un crimen de lesa humanidad que ya tenía un castigo social, pero necesitaba todo el peso de la ley para los profesionales de la salud.

Los dictadores Santiago Riveros (91 años) y Reynaldo Bignone (86), quienes estaban a cargo de la zona de defensa del Ejército Militar con jurisdicción en Campo de Mayo, son dos de los militares imputados. Bignone fue un general que llegó a ser presidente de facto en medio del Proceso de Reorganización Nacional, nombre formal de la dictadura, y el que le entregó el bastón de mando a Raúl Alfonsín en 1983, cuando se reinstauró la democracia en el país. Riveros fue comandante y tuvo bajo su ala varios de los centros de detención clandestinos. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por su inadmisible proceder durante aquellos años oscuros. Ahora volvieron a quedar en el centro de la escena por este desprendimiento de la causa, la que apunta específicamente al robo de bebés.

Pero el reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo no sólo apuntaba a los militares de alto rango. También, a las segundas y terceras líneas, esos partícipes necesarios para llevar a cabo sus fechorías. El brazo ejecutor. Y en ese sentido, están siendo enjuiciados los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche. Con Estela de Carlotto y su ONG como principal querellante, los abogados solicitaron penas de 40 años de prisión para Riveros y Bignone, ambos jefes de zona; 30 años para los médicos, jefes de la División de Clínica Médica del Hospital Militar, y 12 años para la partera, imputada por la alteración de la identidad del nieto Francisco Madariaga Quintela.

“El juicio llega tarde y después de una instrucción defectuosa. Se perfeccionó la práctica sistemática de apropiación de niños como en ningún otro lado. El Ejército destinó un espacio para mantener cautivas a mujeres detenidas, concretar el alumbramiento y apropiarse de los bebés”, afirmó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Los testimonios que se dieron a conocer en el juicio confirman sus palabras. Son realmente desgarradores. Y de 17 mujeres que parieron en el Hospital Militar, las historias de ocho de ellas, una más cruda que otra, forman parte de la evidencia.

Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban embarazadas cuando fueron secuestradas y puestas en cautiverio en centros clandestinos que funcionaban en Campo de Mayo. Y cuando entraron en trabajo de parto fueron trasladadas al Hospital Militar, donde quedaron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de guerrilleras subversivas hasta el momento del alumbramiento. Después de parir, las volvían a encerrar sin sus bebés. Ninguna sobrevivió. Cinco de esos chicos recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.

Estas madres vivieron un infierno durante su cautiverio. Liliana Acuña pasó hambre en el sótano de la comisaría 4 de San Isidro. Marta Álvarez fue violada aun estando embarazada y, después de parir, la fusilaron destrozándole el cráneo. Miriam Ovando fue arrojada de un avión. Su hija, Catalina de Sanctis Ovando, fue apropiada por Carlos del Señor Hidalgo Garzón, teniente del Ejército condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en La Cacha, uno de los principales centros clandestinos de detención.

Martín y Bianco son sólo dos de los cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación, pero el resto no fue sometido a juicio por haber fallecido o tener problemas de salud. Son Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el servicio de Obstetricia del hospital, ya fallecido; Jorge Habib Haddad, subdirector del centro de salud de la fuerza, y Ramón Capecce, jefe de Cirugía. Ambos fueron declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico y eludieron a la justicia.

Martín y Bianco, en cambio, son imputables. El primero era el jefe del servicio de clínica del Hospital Militar y “retransmisor” de la información relativa a las mujeres secuestradas. Blanco era el jefe de traumatología y fue comprometido por los testigos. En 2000 fue acusado de la apropiación de Pablo Cassariego Tato, quien recuperó su identidad siete años más tarde. Bianco fue extraditado desde Paraguay, hacia donde escapó en 1983, cuando renació la democracia. Clave resultó el testimonio de Nélida Balaris, quien fue obligada a participar de dos partos de mujeres detenidas, ante el Tribunal Oral número 6. La enfermera contó que le llamó la atención ver a una mujer que “era llamativamente canosa y no emitió ningún sonido, no se quejó, ni nada. Tenía los ojos vendados y estaba con custodia”. La parturienta estaba en la sala de Epidemiología, a la que le decían “el fondo”, reveló, sobre el pabellón donde había detenidas-desaparecidas en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

Balaris también contó que una mujer dio a la luz en la cárcel. “Era rubia, de tez clara, y tenía los ojos vendados. Estaba en pleno proceso de parto, en un estado expulsivo, había que atenderla ahí. El bebé fue varón y hacía tanto frío que tuve que pedir permiso para que me dejaran poner al bebé sobre el abdomen de la mamá para mantenerle el calor”, narró.

La frase “nunca más”, que ya dejó de ser un eslogan de las Abuelas, es la que se impone para este tipo de atrocidades. Al fin será condenado un pasado que no enorgullece a los argentinos.

Temas relacionados

 

últimas noticias