El camino de Palestina ante la CPI

La ONG israelí Shurat Hadin presentó denuncias ante este tribunal internacional contra tres líderes palestinos.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás. / EFE

Desde los 90, diversos intentos por alcanzar una paz negociada entre Palestina e Israel han fracasado uno tras otro. Desde la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel impone un régimen de ocupación que amenaza la continuidad geográfica y vulnera derechos básicos del pueblo palestino. En vista de la imposibilidad de alcanzar una solución política y de la profundización de la ocupación israelí, Palestina optó en los últimos años por buscar justicia ante instancias internacionales. Así ha llegado a ser reconocido como Estado observador de la ONU, ha firmado los Convenios de Ginebra y recientemente la petición de adhesión al Estatuto de Roma para entrar a la Corte Penal Internacional (CPI), entre otros.

Un día antes de firmar la petición de adhesión al Estatuto de Roma, el gobierno palestino y 22 países árabes impulsaron una resolución ante la ONU para buscar un acuerdo de paz en 2015 y acabar con la ocupación israelí en 2017. El documento llamaba a hacer negociaciones con base en las fronteras existentes antes de la guerra del 67, en la que Israel invadió Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. No obstante, la resolución no fue aprobada en el Consejo de Seguridad, gracias al veto de EE.UU. y Australia.

Para algunos, este puede ser un fracaso de la estrategia palestina en la ONU. Para otros, se trata de un fracaso del organismo multilateral. La ONU, mediante múltiples resoluciones, ha condenado la ocupación en los territorios palestinos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva en 2004, según la cual la construcción del muro y su régimen de asentamientos, infraestructura y caminos exclusivos para israelíes constituyen una grave violación a la ley internacional y a las obligaciones de Israel como poder ocupante.

Durante la operación militar israelí Margen Protector en la Franja de Gaza, entre julio y agosto del año pasado, la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Navi Pillay, dijo que Israel estaría cometiendo crímenes de guerra porque sus acciones no cumplían los principios de distinción y proporcionalidad que regulan un conflicto armado. Además denunció a EE.UU. por proporcionar armamento al ejército israelí y resaltó que Washington no sólo ayuda incondicionalmente a Israel en tiempos de guerra sino de paz, en los que Tel Aviv viola la ley internacional expandiendo sus asentamientos en Cisjordania y manteniendo el bloqueo ilegal en Gaza.

Desde esta perspectiva, el veto a la iniciativa palestina se puede ver como un fracaso de un organismo multilateral que, según sus propias resoluciones y las declaraciones de sus altos funcionarios, debería ser el primero en presionar por el fin de la ocupación. El fracaso saca a la luz la forma poco democrática en que opera el máximo organismo internacional y también puede interpretarse como otro espaldarazo de Washington a la ocupación israelí.

Es extraño, además, que la llegada de Palestina a la CPI resulte escandalosa. Más bien, cuando un Estado decide someterse a la vigilancia de cualquier tribunal internacional debería ser aplaudido. Lo reprochable, en este orden de ideas, sería que un Estado no firme el Estatuto de Roma, porque esto supondría que no está interesado en cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.

Pero en el caso palestino la lógica parece distinta. La Casa Blanca amenazó con sanciones económicas contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) e Israel reaccionó congelando la transferencia de US$127 millones en impuestos que recauda para la ANP. Esas transferencias son una fuente crucial de ingresos para el gobierno palestino y representan la mitad de su presupuesto. Cada mes, Israel debe transferirle esos fondos recaudados en concepto de derechos aduaneros por las importaciones palestinas, impuesto a los ingresos, seguridad social o seguro médico que pagan los palestinos que trabajan en Israel, así como el IVA.

La congelación de fondos fue fuertemente criticada por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien reiteró que estas acciones son contrarias a las obligaciones de Israel bajo el Protocolo de París de 1994. La delegación palestina ante la ONU presentó una queja al Consejo de Seguridad por lo que consideran el “robo” de los impuestos y tasas de aduanas que Israel recauda en su nombre. Incluso EE.UU. manifestó su rechazo a la medida, por tratarse de una acción que “exacerba las tensiones entre las partes”. Y hasta el presidente israelí criticó las acciones del gobierno de su país al considerar que “perjudican los intereses de Israel”.

Estas represalias de Washington y Tel Aviv buscan disuadir a los palestinos de seguir su camino hacia la CPI, un organismo que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (entre ellos el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, las persecuciones por motivos raciales, étnicos o religiosos, la deportación y el apartheid) y el de agresión, aunque no hay un consenso definitivo sobre su tipificación.

EE.UU. e Israel no son miembros de la CPI. Seguramente no han firmado el Estatuto de Roma por el temor de que algunos de sus soldados o altos funcionarios sean juzgados por crímenes de guerra o genocidio. El mismo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que no permitirá que soldados y comandantes del Ejército sean llevados ante la CPI y añadió que “quienes deben ser juzgados son los dirigentes de la Autoridad Palestina que se han aliado con los criminales de guerra de Hamás”.

Robert Fisk, en un artículo publicado en The Independent, se planteaba una interesante pregunta: ¿qué pasaría si fueran Israel y EE.UU. los que presionaran a los palestinos a adherirse a la CPI y a tratados internacionales para calificar para la condición de Estado? Y se respondía: una eventual negativa del gobierno de Mahmud Abás a hacerlo sería otra prueba de sus intenciones “terroristas”.

Hasta ahora, parece que los palestinos pretenden seguir con su adhesión a la corte. A principios de abril podrían instaurar su primera denuncia para juzgar a altos funcionarios israelíes, en particular de rango militar, por los “crímenes” posteriores al 13 de junio de 2014, un período que incluye la operación militar israelí Margen Protector, que dejó al menos 1.400 muertos en Gaza.

Como Israel no es signatario del Estatuto de Roma, no es tan fácil que sea juzgado por este tribunal. Pero no es imposible. La corte tiene entre sus potestades realizar investigaciones, incluso contra estados no miembros, por vía de la fiscal del mismo tribunal. Además, muchos israelíes responsables de crímenes pueden tener doble nacionalidad con estados que sí son signatarios.

¿Contraproducente? 

Puede ser contraproducente para Palestina adherirse a la CPI. Como dice Fisk, los descendientes de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), que hace 25 años era considerada una de las más peligrosas organizaciones terroristas en el mundo, bajo el mando de Yasser Arafat, ahora podrían ser juzgados. El alto tribunal también podría conocer y juzgar los crímenes cometidos por militantes de Hamás. Altos mandos palestinos podrían tener que responder, por ejemplo, por el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra la población civil israelí, lo cual no encaja en el concepto de “legítima defensa” contra la ocupación.

De hecho, no pasó más de una semana antes de que una ONG israelí, Shurat Hadin, presentara denuncias ante la CPI contra tres líderes palestinos a los que acusa de terrorismo. Ellos son Yibril Rayub, uno de los jefes de los servicios secretos internos palestinos; Mayid Farj, un alto mando de la seguridad palestina, y Rami Hamdala, actual primer ministro de la ANP.

Como Palestina aún no es formalmente parte de la CPI y debe cumplir con un procedimiento y una serie de requisitos para entrar a la corte, las denuncias son presentadas en virtud de la doble nacionalidad palestino-jordana de los tres acusados (Jordania sí es miembro de la CPI). La abogada y directora de Shurat Hadin, Nitzana Darshan Leitner, declaró que no tiene esperanzas de que la corte les dé prioridad a las denuncias, pero que éstas servirán como “señal de advertencia” a los palestinos de lo que puede llegar a ocurrir si siguen adelante con su intención de adherirse a la CPI y demandar a oficiales y gobernantes israelíes.

 

 

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