El cannabis es legal en D.C.

La legalización del porte y consumo de la sustancia genera una fuerte tensión entre las autoridades federales y locales, y se suma a una oleada de modelos que presionan por un cambio en la política global sobre drogas.

Un hombre que se hace llamar Henry Hemp consume marihuana durante la convención en Los Ángeles, EE.UU. /AFP

Acaba de pasar el primer día en el cual el consumo y el porte de cannabis pasaron a ser legales en la capital de Estados Unidos. Está autorizada la posesión de pequeñas cantidades, pero no su venta ni compra. Quien intente sacarle provecho económico puede ir a la cárcel. El consumo en público está prohibido. Los adultos pueden tener hasta 60 gramos y cultivar hasta seis plantas en su casa.

Además de estas restricciones, la implementación de la ley en Washington D.C., llamada Iniciativa 71, tiene otras particularidades. El Distrito de Columbia, como se denomina oficialmente a la capital estadounidense, no es un estado como los otros que componen la unión, no tiene la misma autonomía y está sujeto a una jurisdicción federal en el 29% de su territorio. En esas zonas el porte y el consumo de marihuana seguirán prohibidos, dado que a nivel federal se considera la marihuana tan dañina e ilegal como el LSD y la heroína. Pero dos pasos al lado, en la jurisdicción local, estarán permitidos.

Debido a esa jurisdicción federal sobre D.C., después de que fuera aprobada en el referendo de noviembre, la Iniciativa 71 tuvo que pasar al Congreso para convertirse en ley. En esa instancia, dominada por los republicanos, los legisladores intentaron en vano bloquearla mediante un acta de presupuesto federal. Días antes de que entrara en vigencia, algunos advirtieron a la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, que podría ir a la cárcel si implementaba el modelo, de acuerdo a las leyes federales.

Bowser, sin embargo, se mantuvo firme frente a la voluntad de una mayoría de votantes que el 4 de noviembre habían dicho sí a la legalización del cannabis, en las mismas elecciones en las que los republicanos ganaron el control del Congreso y Bowser triunfó como la primera mujer demócrata y afroamericana en la Alcaldía de D.C. Los roces que se generen entre las autoridades locales y federales podrían terminar resolviéndose ante el Departamento de Justicia, que hasta ahora no parece dispuesto a intervenir en asuntos locales de la capital y que anteriormente dio luz verde a los estados de Colorado y Washington para demostrar que pueden regular la marihuana de manera responsable.

La vigencia de esta ley en D.C. es importante por su valor simbólico, porque se implementa en el epicentro de un gobierno que ha impulsado el prohibicionismo internacional durante más de medio siglo. El cannabis se vuelve legal en la cuna de la “guerra contra las drogas”. Por eso, analistas y expertos están expectantes ante los cambios a nivel federal e internacional que esta ley y las prácticas en la población capitalina puedan generar.

EE.UU. ha avanzado lentamente desde 1960 hacia una mayor aceptación del cannabis. Se han producido cambios importantes desde 2012, cuando los estados de Washington y Colorado dieron el histórico paso de legalizar la comercialización y posesión en pequeñas cantidades con fines recreativos. El año pasado Oregón, Alaska y Washington D.C. dieron pasos similares. La marihuana medicinal, mientras tanto, ha seguido su camino y ya es legal en 23 estados del país.

Desde luego, estos cambios han obligado al gobierno federal a flexibilizar sus posiciones. Obama ha mantenido últimamente una posición constructiva frente a los cambios a nivel interno y ha dado un giro en su discurso internacional, ahora más enfocado en seguridad ciudadana, salud pública y derechos humanos. Así como ha tenido la cortesía con estados de su país, la tiene con gobiernos extranjeros. Como decía en una reciente entrevista con este diario Ethan Nadelman, director de Drug Policy Alliance, EE.UU. ya no aparece internacionalmente como un obstáculo para regular el cannabis.

En el continente americano, sin embargo, los cambios significativos a nivel de países empezaron desde el sur, en Uruguay, con la aprobación de la regulación estatal del cannabis, un modelo que ahora está en proceso de implementación. Con esa iniciativa, el pequeño Estado del sur surgió como una alternativa muy inspiradora en una región acostumbrada a mirar y copiar al vecino del norte.

Pero las posibilidades de empezar a hacer cambios en la política global sólo se verán en la Asamblea General de la ONU de 2016, que estará dedicada a discutir el tema. Por lo pronto, los avances de cada Estado ejercen presión sobre los organismos internacionales, que no pueden ignorar la creciente obsolescencia de tratados de política de drogas firmados hace más de medio siglo. No obstante, las posibilidades de llegar a reformas significativas al sistema internacional de fiscalización de estupefacientes en 2016 son demasiado escasas. Aun cuando el continente americano pueda llegar sosteniendo una posición común (cosa poco probable dado que las “nuevas izquierdas” aparecen como las más prohibicionistas: véase Nicaragua, Venezuela, incluso Brasil y Ecuador), se enfrentará a poderes muy represivos en la materia en Asia y los países árabes. Si algo es evidente en EE.UU. y el mundo es la necesidad de acordar, por lo menos, que no hay consenso.

 

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