El castigo a las empresas

Dos ejecutivos de importantes compañías y el director del gremio de clínicas y hospitales privados han sido detenidos. El Gobierno los acusa de formar parte de una conspiración para desestabilizarlo.

Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana camina entre los anaqueles de un supermercado de Caracas. / AFP

El doctor Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela, alertó en una entrevista en un canal de televisión local sobre la poca disponibilidad de insumos y equipos médicos. “Hay entre un 60% y un 70% de escasez de medicamentos y la mitad de los equipos están paralizados por falta de repuestos. Los pacientes con enfermedades crónicas no están cumpliendo con el tratamiento prescrito y corren el riesgo de presentar complicaciones”, advirtió. Días después fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en su residencia de Valencia, en el centro del país, para que explicara sus declaraciones. La policía política venezolana le pidió que no usara expresiones “que pudieran causar alarma entre la población”. Más tarde fue liberado.

En algún momento se temió que Rosales corriera la misma suerte que Pedro Luis Angarita, presidente ejecutivo de Farmatodo, la empresa de farmacias más conocida del país, con más de 160 establecimientos, y de Manuel Morales, director de los supermercados Día a Día, que fue detenido por la policía política a las puertas del palacio presidencial de Miraflores, después de salir de una reunión con el ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Ambos se enfrentan a cargos por boicot y desestabilización de la economía. Según la Ley Orgánica de Precios Justos, podrían ser condenados a dos años de cárcel.

Los tres casos confirman que el gobierno venezolano está trasladando a la empresa privada la responsabilidad de la escasez y la carestía que asfixian desde hace año y medio a los venezolanos. “Los empresarios ahora engrosarán la lista de presos políticos de este Gobierno”, afirmó Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, la federación que agrupa a los gremios de patronos en Venezuela, en su cuenta de Twitter.

Después de un inicio de año crítico, el Gobierno está decidido a atacar no las causas, sino las consecuencias del modelo económico. Lo más visible son las enormes filas que se forman fuera de los locales en los que se venden productos subsidiados que se importan o producen cada vez en menor cantidad. La batida iniciada por la administración del sucesor de Chávez pretende eliminar las colas acusando a los comercios de generarlas con el objetivo último de derrocarlo.

El chavismo no sólo elabora leyes sobre la marcha para castigar lo que llama “la burguesía apátrida”, encarnada por el empresariado que busca maximizar sus ganancias. Para tratar de mantener el menguado valor del bolívar, la moneda venezolana, quiere obligar al empresariado a vender a precios regulados sin tomar en cuenta la inflación, que en un año alcanzó el 63%.

En ese afán de encontrar a un responsable le ha tocado el turno al supermercado Día a Día, una cadena de 35 pequeñas tiendas en 16 ciudades y siete provincias de Venezuela, que atiende desde 2005 a los sectores populares del país vendiendo productos de la cesta básica en pequeñas presentaciones. Se trata de una poderosa idea que desarrollaron el hoy detenido Morales y su socio, José Vicente Aguerrevere, durante el apogeo del chavismo, después de entender que en América Latina los canales informales de distribución dominan entre el 60% y el 70% del mercado. “El pobre siempre compra dentro de su comunidad”, afirma Aguerrevere desde Estados Unidos.

A Aguerrevere le cuesta entender cómo acusan a su socio de boicotear la economía si el Gobierno autoriza los despachos hacia sus tiendas a través del sistema SICA, un mecanismo mediante el cual el Gobierno conoce desde hace varios años y en tiempo real el movimiento, las cantidades y los tipos de productos que entran y salen del almacén de la zona industrial de La Yaguara, en el oeste de Caracas. “Nuestro inventario va en consonancia con la política de reposición de productos que tenemos. Las tiendas son pequeñas y es normal que en nuestro almacén estén la mayoría de los productos. Además, ¿con qué fin vamos a acapararlos si el 70% de lo que vendemos está regulado y el precio de venta justo ya viene impreso en la presentación?”, se pregunta.

El presidente Maduro ha ordenado que la red estatal Pdval asuma el control del abastecimiento del supermercado Día a Día, sin precisar si éste ha sido expropiado u ocupado de forma temporal. La ocupación de la cadena pone nuevamente de relieve la difusa línea que existe entre acaparamiento e inventario. Como si quisiera huir hacia adelante, el Gobierno parece que está sacando rédito de esta indefinición mientras Maduro sigue resuelto a enfrentar la “guerra” que, según sus acusaciones, sostiene el empresariado para generar malestar popular.

 

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