El compromiso de Santos con la libertad de expresión

Según Carlos Lauría, coordinador del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, faltan resultados en la justicia y reformas al modelo de protección.

Carlos Lauría, coordinador del Programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Carlos Lauría, coordinador del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, estuvo en Colombia para impulsar la lucha contra la impunidad en casos de asesinados, sugerir cambios a la Unidad de Protección a Periodistas y establecer la relevancia de la libertad de expresión en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. Lauría habló con El Espectador sobre estos desafíos y la difícil situación que enfrentan los comunicadores en otros países de la región.

El CPJ lleva años monitoreando la protección a periodistas en Colombia. ¿Cómo ha evolucionado este tema?

El CPJ empezó a recopilar datos de asesinatos de periodistas colombianos en 1992. Tenemos un total de 46 periodistas caídos en relación directa con su trabajo. Casos donde no encontramos evidencias de vínculo directo entre la profesión y el crimen quedan como no confirmados, y hay un gran número de estos.

En los últimos años hubo un descenso drástico de la violencia letal, pero veíamos que eso no se reflejaba en una mejora sustancial de la libertad de prensa. El saldo de tantos años de periodistas muertos produce un efecto inhibidor. En 2005 recorrimos algunas de las regiones más complicadas y encontramos que la autocensura era tan generalizada que los periodistas no tenían problema en dar su nombre y decir por qué se autocensuraban. Presentamos un informe. Tuvimos un encuentro con Álvaro Uribe y le planteamos la necesidad de que desde el más alto nivel del Gobierno se diera respaldo a los periodistas del interior del país, que estaban sufriendo las consecuencias más graves de informar sobre el conflicto. Fue una reunión difícil.

¿Cómo los recibieron ahora?

Fue muy distinto. Cuando vinimos en 2010 había evidencias de ataques de funcionarios del Estado que, aunque encargados de la protección de periodistas, los estaban vigilando, espiando. Por esa coyuntura no pudimos discutir lo que acabamos de discutir con el presidente Santos: la impunidad, la concepción y deficiencia del mecanismo de protección y el proceso de paz en relación con la libertad de expresión.

¿Se comprometió en algo el Gobierno?

El presidente dijo que la impunidad en casos de ataques contra periodistas pasa a ser una prioridad en la agenda nacional. Le manifestamos que debe haber resultados concretos en la justicia. Deben investigarse las amenazas, porque el número de asesinatos ha caído pero las amenazas han subido exponencialmente. Las amenazas no se investigan. Por ejemplo, el caso de Gonzalo Guillén, quien ha recibido mensajes escalofriantes. También en casos como el de Ricardo Calderón, con posible implicación de agentes del Estado, debe haber intervención de las autoridades para dar con los responsables y tomar decisiones enérgicas y decisivas. En los casos de asesinatos que prescriben deben buscar cómo mantenerlos abiertos. Hubo compromisos que nos parecen oportunos.

¿Qué desafíos tiene la unidad de protección?

Hay problemas que está verificando la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), como que a estas alturas del año ya se ha consumido el presupuesto del mecanismo de protección. Es necesario que este mecanismo siga existiendo por bastante tiempo. Nuestra posición es que debe ser más integral, que no sólo se concentre en carros blindados, ubicación de periodistas y escoltas, sino que piense más en la prevención, que haya más coordinación entre Fiscalía y encargados de la Unidad de Protección y que los funcionarios en regiones conflictivas respalden públicamente a la prensa. Eso puede ser más efectivo que un escolta o un carro blindado.

¿Qué dijeron sobre la libertad de expresión y el proceso de paz?

El presidente dijo que habrá asunción de responsabilidad tanto por parte de las fuerzas del Estado como la guerrilla y paramilitares en casos de asesinatos de periodistas. Nosotros y la Flip hemos documentado la participación de líderes guerrilleros, ejército, policía y paramilitares en atentados contra periodistas. Este es un punto muy importante y lo pudimos discutir con total franqueza.

¿Qué lugar ocupa Colombia en el mapa regional de la libertad de expresión?

Hacemos un índice mundial de impunidad en países donde los periodistas son asesinados con regularidad. Se toman los casos no resueltos de asesinatos a periodistas en represalia directa por su trabajo en la última década. Colombia siempre ha figurado entre los 10 primeros. Ha descendido, pero eso no tiene que ver con avances en la justicia sino con que hay menos casos. Los progresos en justicia han sido bastante pocos. En Latinoamérica, Colombia y México son los que tienen más casos. Brasil también ha figurado.

Últimamente han aparecido casos de asesinatos muy crueles de periodistas en Brasil.

La última semana fue alarmante: un bloguero decapitado y un radialista en Bahía asesinado. A los radialistas, el sindicato de periodistas no los considera parte del gremio. Les tienen poco respeto porque las radios son en su mayoría propiedad de políticos que las utilizan para atacar a sus rivales y los radialistas son usados para eso. A este le cortaron la lengua y le sacaron los ojos. Estamos preocupados, aunque allá hay un gobierno abierto y se ha progresado en los últimos años. En casos emblemáticos como el de Tim López, un periodista de Globo que en 2002 fue a una favela a investigar el narcotráfico, fue secuestrado y le clavaron una espada en el pecho, hubo justicia plena. Lo mismo en casos de radialistas en provincias. Es lenta la justicia, pero ha producido resultados.

México vive algo similar a lo que vivió Colombia en los 80 o 90. ¿Cómo lo ve?

Yo diría que es peor. Hay grupos del narco que cortan cabezas. Los carteles colombianos atacaban o bombardeaban, pero no cortaban cabezas para dejarlas sobre un teclado de una computadora. Eso genera terror. Otro factor es el control: tienen control total sobre ciudades enteras, el poder político, el poder judicial, fuerzas de seguridad, hasta los vendedores ambulantes. Tienen gente en los aeropuertos que les informa quiénes entran o salen. Tienen muchísimo dinero y pueden comprar influencias a todo nivel, incluidos los periodistas. Este no es un problema de periodistas corruptos, que existen desde EE.UU. hasta Argentina; el problema es que en muchos casos no les queda sino escoger entre el plomo y la plata. Además, a diferencia de Colombia, allá vemos un gremio muy desunido. Los dos diarios principales por lo general no publican la información de periodistas asesinados dentro del país. Compran el argumento de algunos estados: “por algo será que los matan”.

Venezuela es otro caso que preocupa a los organismos internacionales...

En América Latina la violencia es un tema muy grave. El otro es el de gobiernos elegidos por voto popular, pero que en algunos casos, como en Venezuela, avanzan sobre instituciones de la democracia, incluyendo la prensa. Hay una intolerancia marcada, restringen cada vez más los espacios de disenso y el control del flujo informativo es cada vez mayor. Venezuela tuvo 15 años de gobierno de Chávez con distintas etapas. Primero, una retórica agresiva que produjo enfrentamientos en las calles y violencia contra periodistas. Después, la etapa de la legislación, la Ley de Contenidos y Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aumentos de penas en código penal por calumnia e injuria. Luego, el avance sobre organismos de regulación, como Conatel, y el cierre o la no renovación de los principales canales de televisión.

Ahora, la estrategia de Maduro de tener empresarios amigos que compran medios de comunicación como Globovisión y El Universal. Hay vasta documentación de violaciones constantes y de un Estado que no permite el periodismo crítico y usa todos los poderes para censurarlo. La última decisión de la justicia a partir de una demanda de calumnia e injuria interpuesta por Diosdado Cabello contra 22 ejecutivos de medios, para impedirles la salida del país por reproducir una información que había salido en el diario ABC de España, va en contra de la justicia interamericana. En Venezuela violan todos los estándares internacionales y Ecuador sigue ese camino.

Algunos dicen que la ley ecuatoriana es una de las más restrictivas de la libertad de expresión en América Latina...

Es cierto. Su ley de medios es una de las más regresivas que se han dictado en las últimas dos décadas en la región. Y no sólo el Gobierno ha embestido contra las instituciones a nivel local, sino contra organismos de supervisión suprarregional que emiten juicios o informes críticos.

Un buen ejemplo es la reciente sanción al diario La Hora por no cubrir la rendición de cuentas de un alcalde. El Estado puede determinar qué es información de interés público y hay multas si los diarios no la publican. Es de los más flagrante, de lo más antiestándar. Ha puesto al periodismo ecuatoriano con un corsé: autocensura e imposibilidad de hacer investigación. Es ridícula esa concepción nueva de que el periodismo es un servicio público. Ese es el pensamiento de Correa, contrastante con Uruguay, donde hay una ley de medios con fuertísimas garantías para la libertad de expresión. Esto sirve para decir que lo de Venezuela y Ecuador no es una tendencia regional, sino que hay diversos ejemplos.

Se habla mucho sobre la “apertura” de Cuba. ¿Esperan mejoras en libertad de expresión?

Cuba respira un ambiente muy restrictivo en libertad de expresión porque tiene un andamiaje legal que concibe cualquier tipo de periodismo crítico como un ataque a la soberanía del Estado. Eso permitió que en 2003 se enviara a la cárcel a 75 disidentes, entre ellos 29 periodistas. Algunos estuvieron hasta ocho años encerrados simplemente por hacer críticas. Ahora hay un cambio de escenario. En los últimos años hemos visto algunas mejoras significativas; por ejemplo, la eliminación de la prohibición de salida a los disidentes, que el propio presidente haya dicho que necesita una prensa más crítica y la posibilidad de Yoani Sánnchez y un grupo de blogueros críticos de trabajar sin demasiados problemas. Todavía existe un ambiente restrictivo, pero uno de los principales argumentos que usaba Cuba para castigar a los disidentes, según el cual éstos trabajaban bajo ordenes del imperio, colapsó, ya no tiene sustento. Esperamos que esto produzca mayores cambios. Somos optimistas.

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El desafío de las nuevas tecnologías
 
Para Carlos Lauría, es importante dar el debate e el Sistema Interamericano de DDHH sobre la manera de regular las nuevas tecnologías de una forma respetuosa co el derecho a la libertad de expresión. “Hay casos en que permiten, en lugares con mucha censura como México, informar a la ciudadanía sobre lo que está pasando en regiones como Tamaulipas, absolutamente cooptadas por el crímen organizado y donde los medios no puede hacer ningún tipo de trabajo. as nuevas tecnologías son una alternativa y creemos que su aparición  y la crisis de los medios tradicionales ha producido que mucho más periodistas trabajen de forma independiente, que aparezcan más blogueros, más periodistas ciudadanos. Lo hacen sin el respaldo institucional de los medios tradicionales y están mucho mas vulnerables, por eso vemos que los últimos tres años a nivel global han sido los más letales para el periodismo en la historia de documentación  del CPJ y  el numero de periodistas presos por su labor ha crecido exponencialmente”.
 
La histórica decisión del Consejo de Seguridad
 
Esta semana, mientras una delegación del Comité para la protección de Periodistas visitaba Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución histórica, en la que  exigió por unanimidad que se ponga fin a la impunidad que existe en los crímenes contra periodistas en conflictos armados. Desde la Resolución 1738, adoptada en 2006, el Consejo de Seguridad no había emitido ningún documento sobre este tema. En diez años, más de 700 periodistas han sido asesinados cuando ejercían su oficio o debido a su labor informativa, según Reporteros Sin Fronteras, organización que además resaltó que por primera vez el Consejo hiciera una referencia al derecho a  libertad de expresión .