El delito por el que juzgarán a Dilma Rousseff

Maquillar cuentas públicas en 2014, una práctica habitual de los gobiernos brasileños, terminó condenando a la primera presidenta de Brasil.

Dilma Rousseff aseguró que no está en juego su mandato sino el futuro del país.  / EFE
Dilma Rousseff aseguró que no está en juego su mandato sino el futuro del país. / EFE

Aunque para la mayoría de brasileños Dilma Rousseff —suspendida hasta por 180 días mientras se le hace un juicio político— ya no volverá al poder, la primera mujer en llegar a la Presidencia de Brasil prepara su defensa desde el Palacio da Alvorada, residencia presidencial. Así lo anunció ayer, cuando fue notificada de la separación del cargo y cesó el ejercicio de sus funciones: “El impeachment no tiene fundamento. Yo voy a hacer la defensa de mi mandato con todos los instrumentos previstos en nuestro Estado democrático de derecho”. Desde ese búnker, Rousseff estudia junto con asesores de confianza y el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, los argumentos que deberá presentar en 20 días para demostrar que no cometió ningún delito.

De acuerdo con quienes promovieron el juicio en su contra, Rousseff manipuló las cuentas de 2014 para ocultar el creciente déficit fiscal en plena campaña electoral. La manipulación supuestamente hecha por la mandataria consistía en retrasar el pago de fondos para programas sociales que recibían los bancos públicos. Estos terminaban adelantando el dinero, lo que fue considerado “crédito oculto” por la oposición. Se calcula que US$27.300 millones fueron omitidos del presupuesto.

Los partidos opositores sostienen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. Con estos argumentos, la acusan de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos de los asignados antes de su campaña de reelección de 2014. Un delito de responsabilidad, según sus jueces. De acuerdo con Rousseff y su defensa, una práctica común realizada por los gobiernos anteriores.

Según la Constitución de Brasil, una de las razones para abrirle un juicio político a un presidente es cometer un “delito de responsabilidad”, es decir, un crimen que ataque la Constitución. ¿Dilma lo cometió? El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo explicó así en una entrevista en la revista Perfil: “Si uno lee la Constitución brasileña, tiene varios artículos que dejan claro qué tipo de acción del presidente requiere un proceso de impeachment. El punto es que Dilma no sólo manipuló el presupuesto, sino que usó el dinero público sin ninguna consideración por el país o el Congreso, y el Tesoro está en un pésimo estado por cuenta de esa situación. Por eso fue necesario el impeachment. Además de la falta de transparencia y la corrupción del PT, son responsables por la organización de la corrupción en el Gobierno. La población está furiosa. Eso también impulsó el impeachment”.

La analista brasileña Beatriz Miranda Cortés, sin embargo, hace algunas aclaraciones: “No hubo crimen de responsabilidad. Maquillar las cuentas públicas es una práctica que, desde el regreso de la democracia a Brasil, han utilizado todos los presidentes, quienes ahora argumentan que sí la usaron, pero que tenían gobernabilidad y lo hicieron por poco tiempo. Lo que nadie cuenta es que Dilma devolvió esa plata”.

Entonces, ¿Dilma cometió delito de responsabilidad o no? En la misma entrevista, Cardoso agrega: “El impeachment no necesita de delito en el sentido penal de la palabra, basta con que el presidente no obedezca normas claras ligadas al presupuesto. Es una discusión técnica, pero no deja de ser una falta de respeto a la Constitución”.

José Eduardo Cardozo, defensor de Dilma, argumenta que “un delito de responsabilidad sólo es considerado cuando hay un atentado contra la Constitución, no la simple violación de una ley, y siempre que sea practicado por el propio mandatario, y que además sea doloso”. Y agregó: “Las acusaciones están fundamentadas en diversas operaciones financieras que fueron hechas dentro del marco legal, en las que no hubo nada ilícito, ni siquiera mala fe, por lo que no hay causas jurídicas para un juicio político. Esto es una venganza, una persecución”.

Antes de dejar su oficina en Planalto, Rousseff insistió en que pudo cometer algunos errores, pero no un delito, y volvió a tachar el impeachment de “golpe”. El único país de la región en llamar golpe a lo que sucede en Brasil fue Venezuela. “Expresamos nuestro rechazo categórico al golpe de Estado parlamentario en Brasil, que mediante farsas jurídicas pretende el derrocamiento de la presidenta”. El resto de gobiernos aseguraron que confían en las instituciones brasileñas.

“Yo pienso que esta es una nueva forma de destitución de presidentes. No se puede hablar de legitimidad cuando vemos un Congreso ilegítimo, pues el 61 % de sus miembros está untado de corrupción. Que todo fue basado en la Constitución, claro que sí, pero que hubo muchas imprecisiones en el proceso también es cierto”, agregó Miranda Cortés.

De acuerdo con columnistas brasileños, el gran delito de Rousseff fue aislarse y renunciar a la negociación política. “Se quedó sola dentro y fuera del país, porque no les dio la trascendencia a las relaciones exteriores. Además cultivó pésimas relaciones con el Congreso”, coinciden.

 

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