El efecto Colombia

El fallo de la Corte Internacional de Justicia que definió el diferendo con Nicaragua avivó la disputa que Perú y Chile afrontan en ese tribunal. Hoy las partes comienzan a exponer sus argumentos a los jueces.

Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera (izq.) y de Perú, Ollanta Humala, se reunieron en Lima la semana anterior.  / EFE
Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera (izq.) y de Perú, Ollanta Humala, se reunieron en Lima la semana anterior. / EFE

La reunión en México entre el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, fue el primer diálogo bilateral entre los dos países desde que se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe. Ambos mandatarios expresaron su percepción: Santos insistiendo en la necesidad de garantizar los derechos de la población colombiana en el archipiélago de San Andrés, y Ortega apostando al establecimiento de un diálogo que permita a los pescadores raizales continuar con su actividad en las zonas que hoy forman parte de los cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar que la sentencia le otorgó a Nicaragua. Los dos destacaron las vías del diálogo y dejaron la confrontación bélica en el último lugar de intereses.

El fallo de la Corte ha puesto el tema de los diferendos limítrofes en la agenda regional, no sólo por las versiones que desde su publicación se han generado en Colombia y en Nicaragua, sino porque llegó justo en el momento en el que Chile y Perú se alistan para encarar la última etapa de un litigio similar que resolverá a quién pertenece un área de cerca de 38.000 kilómetros cuadrados de mar en el Pacífico, al frente de la frontera terrestre entre los dos países. La etapa oral del juicio comienza hoy con la intervención de Chile en La Haya. En esta fase las partes expondrán su posición y defenderán sus intereses ante los jueces. Pasarán entonces varios meses en los que los magistrados evaluarán los argumentos para finalmente emitir una sentencia.

El efecto que ha tenido el fallo desfavorable a Colombia fue en un principio motivo de alarma para Chile, el país demandado ante la Corte por Perú. Luego del pronunciamiento de la CIJ, el presidente Sebastián Piñera aseguró que su país “no aceptará fallos salomónicos”, como una manera de blindar la postura chilena. La influencia del fallo es evidente: cuando los representantes de Colombia y Nicaragua finalizaron la etapa oral del juicio, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, insinuó que el país tenía que estar preparado en caso de que la Corte resolviera que cierta porción de mar no pertenecería más al país, explicando que por lo general este tipo de sentencias se resuelven de manera “salomónica”.

Adicionalmente aparecía una coincidencia que de nuevo extrapolaba la realidad del litigio entre Colombia y Nicaragua hacia Chile y Perú. Los abogados de cada una de las parte eran los mismos y ejercían el mismo rol: el francés Alain Pellet, quien hoy conduce los intereses de Perú como país demandante, es el mismo que representó a Nicaragua. El australiano James Crawford, que ahora encabeza la defensa de Chile, fue también la persona que lideró la defensa colombiana. Ambos, reputados profesionales del derecho internacional y experimentados en el proceder legal de la Corte Internacional de Justicia.

El temor ante un fallo adverso, mezclado con las críticas y los señalamientos del gobierno de Colombia al proceder de los jueces de la Corte, generó una suerte de tensión entre Chile y Perú, mientras los diarios y la televisión de las dos naciones repasaban la pertinencia de los pedidos de cada uno, el ejercicio de soberanía y la evocación de tratados internacionales. El analista internacional peruano, Ricardo Sánchez Sierra, escribió en una columna: “Hasta hace unos días —antes del fallo en el caso Colombia-Nicaragua— todo era efervescencia en Chile, había un triunfalismo preocupante en la población originado por su Gobierno. Y digo preocupante porque no sé cómo iban a contrarrestar la inmensa bola de nieve en caso que el fallo les sea desfavorable”.

No obstante, previamente a la posesión de Enrique Peña Nieto como nuevo presidente de México, que enmarcó el encuentro entre Santos y Ortega, Sebastián Piñera y el mandatario peruano, Ollanta Humala, se reunieron en Lima en medio de la cumbre de Unasur. Ambos conversaron amablemente y al final se comprometieron de manera pública a respetar el fallo fuera cual fuera el resultado.

En el caso de Colombia y Nicaragua, pasaron siete meses desde que el proceso superó la etapa oral hasta que la Corte emitió el fallo. El período que se tardará en dar una sentencia para Perú y Chile puede ser similar, aunque con el hermetismo en el que se adelantan estos litigios no hay fechas definidas. En la víspera de la sentencia que benefició a Nicaragua, el discurso de los gobiernos invitaba a acatar el fallo, pero para Colombia éste resultó ser más que sorpresivo e injusto, al punto de que a pesar de los acercamientos con Ortega el gobierno colombiano guarda sus reservas frente a la idea de acatarlo cabalmente.

Hasta hoy, cuando Chile y Perú entran en la recta final del litigio, los gobernantes lanzan llamados a sus pueblos destacando la fortaleza y la solidez de sus posturas ante la Corte. Ollanta Humala apunta a que “hay que tomar esta fase con serenidad” y Sebastián Piñera dice que “debemos desestimular los nacionalismos exacerbados”.