La estrategia que lanzó este miércoles Barack Obama para luchar contra las drogas en su país está basada, según el zar antidrogas Gil Kerlikowske, en un nuevo enfoque que opta por la salud pública en vez de la criminalidad. No obstante, quienes abogan por reformas más profundas dicen que la nueva política solo tiene un sesgo que la hace ver como algo muy novedoso, pero en el fondo mantiene la continuidad sobre las políticas represivas y prohibicionistas que han caracterizado a Washington.
Amanda Feilding, la directora de Beckley Foundation, ha explicado a El Espectador que la guerra contra las drogas, iniciada por el expresidente Richard Nixon en 1971, fracasó porque estaba tratando de erradicar el suministro y crear un mundo totalmente libre de drogas. Un mundo así “es una fantasía —hay entre 150 y 300 millones de consumidores de drogas en el mundo—; todo lo que la guerra contra las drogas ha logrado es crear un mercado negro de hasta US$300 billones anuales que financia a carteles criminales, también ha llenado las cárceles con millones de consumidores que necesitan tratamiento en lugar de castigo. La guerra contra las drogas de hecho ha causado mucho más daño que las drogas como tal”. La prueba fundamental del fracaso es que EE.UU. es hoy el primer consumidor de cocaína en el planeta y, por lo tanto, el principal destino de las redes transnacionales de tráfico de estupefacientes, que tanto daño han hecho en Centroamérica y Suramérica.
La Comisión Global de Políticas de Drogas presentó en junio pasado un informe en Nueva York, en el que indicaba que los millonarios recursos destinados a la criminalización y represión contra los productores, traficantes y consumidores de estupefacientes, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Que las victorias en eliminar a traficantes y disminuir el mercado ilícito no lo son, porque casi instantáneamente emergen otras fuentes de venta y distribución. Que la represión contra los consumidores impide las medidas de salud pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas.
El informe de la Comisión llamaba a un cambio en el paradigma de una política que, en buena parte, se ha mantenido igual desde los tiempos de Nixon. Recomendaba, entre otras cosas, terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de los consumidores, que no hacen ningún daño a terceros. También experimentar con modelos de regulación legal de las drogas, para socavar el poder del crimen organizado y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Además, ofrecer servicios de salud y tratamiento a quienes lo necesiten, incluyendo programas de tratamiento asistido con heroína que han sido exitosos en Europa (en países como Holanda y Suiza) y en Canadá.
El informe de la Comisión y la presión de múltiples organizaciones no quedaron en el aire. El enfoque que ha tomado el gobierno de EE.UU. parece seguir sus indicaciones. Washington dice buscar ahora atender más a la ciencia que a la justicia criminal. El zar antidrogas estadounidense, Gil Kerlikowske, dijo que la estrategia se centra "por completo en un modelo de salud pública y la importancia de tratar a personas con problemas de drogas, porque no podemos solucionar este problema mediante arrestos ni mediante la legalización".
La estrategia de Obama buscará ampliar los fondos y el acceso a programas de tratamiento y salud mental a más de 60 millones de personas para 2020 mediante la reforma sanitaria –que desde 2010 exige que las aseguradoras cubran a personas con problemas de drogadicción-. Así se buscará reducir los costos que generan los millones de drogadictos que van a las cárceles del país. Según datos oficiales, EE.UU. invirtió US$9.200 millones en programas de tratamiento y prevención en el año fiscal 2012. Para el ejercicio fiscal de 2014 Obama ha solicitado US$10.500 millones para programas de prevención y tratamiento. También incorpora reformas del sistema de justicia criminal, incluyendo la creación de los tribunales para drogadictos y programas para reducir las tasas de encarcelamiento, además de programas comunitarios.
A primera vista, la del segundo mandato de Obama puede ser una acción revolucionaria, si realmente obedece al llamado mundial por un enfoque menos punitivo y más enfocado en el tratamiento de la drogadicción como una enfermedad y no como un crimen. Pero las voces de quienes lideran la búsqueda de alternativas a la guerra antidrogas en EE.UU. dicen lo contrario.
Ethan Nadelmann, director de Drug Policy Alliance (organización que lidera la búsqueda de alternativas a la guerra anti drogas en EEUU.) dice a El Espectador que “el mayor énfasis en la salud pública es sobre todo un sesgo. La administración quiere tener las dos vías: decir que ve la adicción como una enfermedad y que está comprometida con un enfoque de salud pública, pero luego insistir en que los adictos deben ser manejados por y dentro del sistema de justicia penal. Los tribunales no son un enfoque de salud pública para tratar el consumo de drogas, tampoco lo son las condiciones que encarcelan a personas cuyo único delito es poseer o consumir una sustancia ilícita”.
Pese a las declaraciones de Kerlikowske -quien alegó que la estrategia contiene un nuevo diálogo entre criminalidad y salud pública y comprenderá a los drogadictos como enfermos y no como criminales-, Nadelmann asegura que el reporte no revela impulso alguno hacia la descriminalización. Según el experto, han sido ignorados modelos exitosos como los de Portugal, que combinan la descriminalización con un compromiso importante para tratar la adicción como un problema de salud. También fueron ignorados otros programas de reducción del daño como las instalaciones para el uso de jeringas y el tratamiento asistido. Asimismo, se ignoraron “los expresidentes y presidentes de Latinoamérica que han llamado a ‘romper el tabú’ y considerar alternativas para las fallidas políticas prohibicionistas, así como la rápida transformación de la opinión pública estadounidense y las leyes estatales sobre la regulación legal de la marihuana”.
Ben Clyde, director de programas de Beckley Foundation, en conversación con este diario dice que el presupuesto del año anterior asignaba el 38% al tratamiento y la prevención, y el 62% a la interdicción y penalización. El nuevo presupuesto asigna un poco más al tratamiento y prevención - 42% frente al 58% para la interdicción y pealización. “Así que sí, hay un mayor énfasis en el uso de la salud pública, pero el aumento es sólo modesto. Por otra parte, el nuevo presupuesto incrementa los fondos para la financiación de la DEA (creada por Nixon) y la Oficina de Prisiones, por lo que el presupuesto punitivo nacional ha subido desde el año pasado”.
Clyde también encuentra una debilidad cuando se habla de la drogadicción como un problema de salud sin reconocer la diferencia entre los consumidores problemáticos y los que no lo son. Según la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito, cerca del 90% de los consumidores a nivel mundial no son problemáticos. “Los legisladores deben reconocer que la vasta mayoría de ellos no generan problemas para ellos ni para la sociedad, y dejar de entender todo el consumo como problemático. La estrategia puede tener consecuencias negativas, tales como obligar a un gran número de usuarios no problemáticos a entrar en programas de libertad condicional o tratamientos obligatorios, aunque esto dependerá de la forma en la que se implementa”. Un aspecto positivo, según Clyde, es que tiene el potencial de reducir la enorme población de personas que están en prisión por delitos de drogas relativamente menores, y de reducir las dificultades que tienen los presos por consumo para su reintegración en la sociedad”.
Ninguno de los expertos consultados se muestra satisfecho con la iniciativa. Para Clyde, lo que se necesita, es una reevaluación mucho más radical de todo el sistema prohibicionista. “Obama debería liderar la búsqueda de nuevos enfoques, y un movimiento hacia políticas económicas basadas en la evidencia, orientadas a la salud, a la reducción de daños, al respeto de los derechos humanos. Esta nueva estrategia parece ser un paso en la dirección correcta, pero es sólo un pequeño paso”. Nadelmann es menos optimista: “Con la única excepción de que el reciente interés de la Administración por la salud pública se acerca a reducir las muertes por sobredosis –por lo cual merece alabanza- el informe esencialmente trata de ponerle una cara más amable a una política de drogas que se mantiene en la Edad Oscura”.