El infierno de los deportados

En la canalización del río Tijuana malviven tres mil personas deportadas por Estados Unidos. La ausencia de un programa estatal de atención y la adicción a la heroína explican su negativa a irse del sector pese a las insanas condiciones.

Metidos en la arena malviven algunos de los deportados mexicanos más vulnerables, quienes no encuentra una respuesta del Estado luego de haber sido devueltos por las autoridades estadounidenses a través de la frontera. / Fabio Posada

Por un río que ya no le hace honor a su nombre porque su lecho ha sido tapizado con cemento y lo que menos corre es agua, caminan cientos de personas envueltas en harapos que viven en cuevas y cambuches levantados en la arena de las orillas usando llantas, cartones, madera y alguna tela raída.

Como muertos vivientes deambulan sin destino soportando la pestilencia de los desechos que pululan a lo largo de los dos kilómetros que tiene el canal, buscando algún objeto de valor que puedan intercambiar por una dosis de “chiva”, como se conoce en ese inframundo a la heroína.

Al amanecer, cuando el frío disminuye el fétido olor de esta gran alcantarilla, algunos bultos humanos se levantan en busca de algo para comer. Un grafiti en el costado izquierdo da la bienvenida a quien se atreve a llegar hasta allá: “El Bordo, tierra de nadie”, dice en letras blancas sobre una pared de color gris.

Tras mucho insistir asoma su pequeña cabeza por una abertura en medio de la arena. Micaela Saucedo, trabajadora social y dueña de un hogar de paso en Tijuana, es quien lleva el diálogo. Lo llaman El Topo porque desde hace dos años vive bajo tierra. Dice tener 32 años, de los cuales pasó 25 viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Me chingó (jodió) la migra (policía fronteriza) por mis tatuajes. Dicen que soy pandillero, pero nada más trabajo en la construcción”, responde cuando pregunto por qué fue expulsado del país de Tío Sam.

Dice que su familia vive en California y que ya no le queda nadie en México. Que tiene esposa y una hija que debe haber cumplido cinco años. Que primero trabajó en labores agrícolas. “Muchas veces iba la migra al field (campo) donde hacía jornales, pero nunca me retuvieron”. Sus problemas comenzaron al irse a vivir a Los Ángeles.

Aunque El Topo no habla de ello, las cicatrices de pinchazos en sus brazos y cuello son elocuentes. Fue en las calles de Los Ángeles donde la adicción lo venció y donde se hizo los tatuajes, reconoce, antes de meter de nuevo su cabeza por el hoyo y gritar “haces muchas preguntas, güey”.

Así como El Topo, en esas improvisadas viviendas se guarecen de la intemperie unas tres mil personas, la mayoría mexicanos, aunque las autoridades también han reportado la existencia de otros latinoamericanos y la aparición de un par de europeos.

Todos vienen del mismo sitio: Estados Unidos, país que a diario deporta unas 200 personas (diez de ellas mujeres). La mayoría de los expulsados pasa o se queda unos días en Tijuana.

La administración del presidente Barack Obama endureció las leyes migratorias más que cualquier otra. Para diciembre de 2014, las autoridades migratorias calculan en dos millones las personas que saldrán deportadas a México durante su mandato; una tercera parte de ellas ya tenía familia, empleo y una vida estable en Estados Unidos.

Según el Departamento de Migración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en los últimos tres años han sido deportados un total de 1’129.355 personas por la frontera mexicana.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana y profesor en la Universidad Estatal de San Diego, California, explica cómo está compuesta esa masa de deportados: “El 30% son mexicanos que vienen de prisiones o pertenecen a pandillas. Otro 30% son mexicanos que cruzaron ilegales y fueron capturados; lo más probable es que lo intenten de nuevo. Hay otro 30% que son mexicanos y estaban viviendo en Estados Unidos hacía muchos años, pero fueron expulsados debido al endurecimiento de la política migratoria. Finalmente, el 10% restante lo componen gentes de otros países, en mayor proporción de Centro y Suramérica”.

El drama que esa cifra de personas devueltas esconde se hace más palpable en El Bordo, ese canal de dos kilómetros que pasa por la zona norte de Tijuana e ingresa en territorio estadounidense. Allí la única señal visible del paso de un país a otro es una desteñida línea amarilla que advierte la inminencia de la frontera.

El Bordo al límite

“La población que habita en El Bordo es una muestra de las condiciones extremas que pueden enfrentar los deportados más vulnerables en México”, dice el estudio Estimación y caracterización de la población residente en El Bordo del canal del río Tijuana, citado por la periodista Daniela Pastrana en un artículo publicado en agosto.

El informe agrega que los pobladores de esa zona son en su mayoría hombres de entre 35 y 40 años, deportados en el último quinquenio, adictos unos, otros arrancaron con las drogas a partir de su llegada al lugar, pero eso sí, todos están indocumentados. Detalla que más de la mitad habla inglés e incluso tienen niveles de escolaridad similares a los residentes de Tijuana, y sólo 6% piensa regresar a su lugar de origen, pese a que la mayoría tiene hijos.

Pero la policía de Tijuana tiene otra imagen sobre los habitantes de El Bordo. Según esa entidad, el 86% de los atracos callejeros que ocurren en la ciudad son cometidos por gente que vive en ese canal.

“EE.UU. quiere descongestionar sus prisiones, entonces cogen a todos los presos mexicanos y los deportan, pero a nosotros no nos avisan que son criminales, sino que ingresan al país como ciudadanos sin deudas con la justicia. Eso dificulta nuestro trabajo”, reclama Karim Chalita, delegado municipal para la seguridad en el centro de Tijuana.

El profesor y activista de derechos humanos Víctor Clark Alfaro cree que el problema no tiene que ver tanto con la inseguridad sino con un asunto más humanitario. “Ante la falta de oportunidades para la población joven que vive en El Bordo, se están convirtiendo en la mano de obra preferida para el crimen organizado: son baratos, están desesperados por conseguir algo de dinero, hablan inglés, saben manejar armas y tienen contactos en Estados Unidos”, explica.

La Policía de Tijuana dice que el abuso de las drogas hace que la peligrosidad de los habitantes de El Bordo aumente. Incluso los acusa de no preocuparse por comer.

“En las mañanas unos 1.500 de ellos desayunan donde el Padre Chava (comedor comunitario). A la tarde, en la plaza Constitución, reciben comida de un grupo cristiano, y en la noche les llegan más alimentos gracias a la gestión de una organización gringa. Por eso buena parte de ellos sólo busca dinero para drogarse”, dice un agente que prefiere omitir su identidad.

Aunque no existen un censo ni estudios científicos, médicos de la Secretaría de Salud de Tijuana consideran que todos los que viven en El Bordo se drogan y que al menos el 90% de ellos consume heroína por vía intravenosa.

Esto lo dicen basados en la observación que hacen cada semana cuando les llevan jeringas, condones y agua para aliviar en algo la situación, ya que al compartir las jeringas con las que se inyectan la droga, aumenta la posibilidad de contagio y propagación del virus del sida y la hepatitis, entre otras infecciones.

Cada semana también hay batidas “sociales” programadas por la Policía. Los agentes tienen prohibido quemar los cambuches y las pertenencias de la gente en El Bordo, pero estos exabruptos aún suceden. “Lo que hacemos es tumbar las viviendas improvisadas para evitar que los asentamientos crezcan”, dice Chalita.

“Esa estrategia busca mejorar la imagen de Tijuana, pero el verdadero problema en El Bordo es la venta de drogas. Porque allí no sólo consumen los adictos que viven sino muchos que vienen de las colonias (barrios) vecinas, ya que la heroína se consigue a dos dólares. Es en ese problema que la Policía y el Estado mexicano deberían enfocar sus esfuerzos”, argumenta Clark Alfaro.

Lo más preocupante para México y Estados Unidos es que los múltiples problemas de El Bordo se están replicando por los 3.500 kilómetros de frontera que los unen. A menos de 200 kilómetros de Tijuana se encuentra la capital del estado de Baja California, Mexicali, donde el calor que sube hasta los 50 grados en agosto puede matar a cualquier ser vivo.

Allí existe un “Minibordo”, como lo bautizó Pastrana, la corresponsal de la agencia de noticias IPS, “los edificios Montealbán, destruidos por un sismo en 2010, en el margen oriental del ahora inexistente río Nuevo, a unos metros del centro histórico. Aquí viven unas 80 personas, entre indigentes locales y migrantes deportados que tienen alguna adicción. Entre las ruinas de los edificios se han encontrado cadáveres, el último el 15 de abril, y continuamente hay incendios y operativos policiales”.

Nueva ley para migrantes

Estados Unidos ve en los migrantes mexicanos  la mano de obra barata para atender algunos sectores económicos, lo que es fundamental para su aparato productivo. Por otro lado, para México, según cifras de Hacienda, los migrantes son la segunda fuente de ingresos. Solo en 2013 enviaron desde EE.UU. $22.000 millones de dólares.

 Organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a los migrantes, como Ángeles sin Fronteras, han encabezado protestas, como una acampada de 800 personas en la Plaza Constitución de Tijuana, para exigir programas de atención a migrantes, deportados y en situación de calle. Esa presión ha dado resultados pues en agosto pasado el Congreso de Baja California aprobó la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes que establece la obligación de proporcionar asistencia social a menores y adolescentes migrantes no acompañados, así como la creación del Registro Estatal de Migrantes.