El jarabe asesino: ¿culpa de quién?

La Caja de Seguro Social de Panamá señala a la “codicia” de los directivos de una empresa española como causante de la muerte de medio millar de personas y del envenenamiento de miles al ingerir un jarabe para la tos que las autoridades sanitarias repartieron gratis por las zonas más pobres del país.

La Caja de Seguro Social apunta como responsable del envenenamiento masivo a la empresa española Rasfer Internacional S.A., con sede en Barcelona, en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aprobó el archivo de la causa decidido por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Delfín Mújica, de 76 años, es una de las últimas víctimas reconocidas del jarabe asesino, desde que se detectaron los primeros casos en 2005. Falleció el pasado mes de julio en un hospital privado de Chiriquí (Panamá). Según sus familiares ya no toleraba la diálisis. La decisión de archivar el proceso en España provocó la indignación de las víctimas, que se manifestaron frente a la Embajada del país ibérico y el edificio de la Presidencia de la República.

Rasfer Internacional S.A. compró en China 9.000 kilos de glicerina y la exportó a la seguridad social de Panamá, que en su propio laboratorio elaboró 216.685 frascos de jarabe para la tos. La glicerina contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol tóxico para consumo humano, un alcohol de uso industrial utilizado como refrigerante y líquido para frenos. En la cadena de intermediarios desde China a Panamá nadie paralizó el envío o advirtió del peligro, pese a que el producto llevaba la etiqueta TD de uso industrial, no apto para consumo humano.

“Como en el caso de la colza española, con el cual guarda un innegable paralelismo, el origen de todo estuvo, como suele pasar, en la codicia humana de los directivos de una empresa española, Rasfer Internacional S.A., quienes para incrementar sus beneficios exportaron a la sanidad panameña glicerina solicitada por Panamá para fines farmacológicos pero comprada en China por Rasfer para uso industrial (más barata) a sabiendas de su destino final para el consumo humano en medicamentos”, señala el recurso.

“Es evidente que Rasfer no sabía que la glicerina TD comprada en China, no apta para usos farmacológicos, contenía dietilenglicol, pero causaron una masacre en Panamá al cometer un fraude entregando glicerina industrial TD a la importadora panameña cuando se les pidió glicerina farmacológica CP", añade el escrito de 36 folios presentado por los abogados Juan Luis Navas y Jaime Ingram, representantes de la Caja de Seguro Social de Panamá, que se considera perjudicada y actúa en el procedimiento español como acusación particular.

La Caja de Seguro Social de Panamá critica el archivo de la causa por la Audiencia Nacional, lo califica de “simulacro de justicia” y asegura que se han enmascarado “las evidentes responsabilidades de los directivos de Rasfer convirtiendo lo importante (que Rasfer sabía que lo enviado por China era glicerina TD o industrial) en nimio, y lo nimio (que Rasfer no estaba obligada a analizar los bidones de glicerina) en importante, observando una especie de obstinada y continua negativa a investigar o a practicar pruebas pertinentes o razonables para el esclarecimiento de los hechos, como manda la ley”.

El organismo panameño solicita al Tribunal Constitucional que se practique una comisión rogatoria a China para esclarecer todas las circunstancias del pedido de Rasfer Internacional.

El juez Ismael Moreno sostiene en su auto de archivo que Rasfer no tenía obligación de reanalizar la mercancía y el magistrado Enrique López de la Sala de lo Penal responsabiliza en su resolución al grupo panameño Medicom, que encargó la glicerina a Rasfer y sustituyó el etiquetado de la mercancía.

Pese a que las autoridades de Panamá sólo han reconocido, hasta el pasado mes de julio, la muerte de 171 personas, el recurso de la Seguridad Social panameña eleva la cifra a 500.