El misterio de los espías argentinos

La muerte del fiscal que acusó a Cristina Fernández es una historia sombría, con los servicios secretos como telón de fondo.

Cristina Fernández, en la mira por muerte de fiscal que investigaba atentado. / EFE

El cuerpo de Alberto Nisman ya está enterrado en el cementerio de La Tablada, junto a las 85 víctimas del peor ataque terrorista que sufrió este país: la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994. Pero difícilmente pueda descansar en paz el fiscal que acusó a Cristina Fernández de Kirchner de encabezar una conspiración para encubrir el atentado, en la que involucró al canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios de fuertes lazos con Irán. Sobre todo, porque no hay certezas en torno a la investigación. Y aunque existen múltiples teorías y cada ciudadano tiene “su” culpable, no son pocos los que les endilgan este crimen de alto impacto a los servicios de inteligencia, incluso a la presidenta.

No es casual que las miradas inquisidoras apunten en ese sentido. Siempre hubo espías en Argentina. Desde que el general Juan Domingo Perón creó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en 1946, sus agentes fueron servidores políticos. Sin ir más lejos, la presidenta pensaba imponer a gente de su confianza cuando decidió descabezar a la cúpula del organismo, en diciembre, y nombró a Oscar Parrilli —también acusado de conspirador— como nuevo líder.

Entonces, impulsó la disolución de la SIDE, que será tratada en el Congreso Nacional, para darle paso a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Según trascendió, Máximo Kirchner, el hijo de la mandataria, tiene pensado un nombre para ocupar el cargo principal: Martín Alaniz, concejal de La Plata, militante de La Cámpora, agrupación política alineada al modelo kirchnerista. Y desde la oposición ya pusieron el grito en el cielo, porque el nuevo proyecto transfiere las escuchas judiciales a la Procuraduría General de la Nación, a cargo de la ‘ultra K’ Alejandra Gils Carbó.

Aunque falta la aprobación de los legisladores, la SIDE tiene punto final. No hay ninguna duda de que su más cruento accionar se llevó a cabo durante el régimen militar, cuando se corporizó en un radar de subversivos y participó de manera directa en la ejecución de civiles. En 1975, incluso, llegó a alquilar un taller mecánico en la calle Venancio Flores, que ofició de centro clandestino. “Automotores Orletti”, rezaba el cartel. Detrás de este operaba la tortura y el martirio. Y fue la base de operaciones del ‘Plan Cóndor’, que coordinó las tareas represivas de los países de la región. Aníbal Gordon, miembro del servicio de inteligencia, era uno de los verdugos en esa época oscura.

La SIDE no dejó de funcionar en la democracia. Raúl Alfonsín la desmilitarizó generando una ola de secuestros extorsivos atribuidos a la mano de obra desocupada. Incluso, llegó a filtrarse en su custodia Raúl Guglielminetti, miembro del batallón de inteligencia 601 y de la patota que actuaba con crueldad en el mencionado centro clandestino del barrio de Floresta. El entonces presidente se apoyó en los servicios de inteligencia para barrer a los militares “carapintadas” que se alzaron contra el gobierno en el regimiento de La Tablada. Fue la SIDE, respondiendo a Alfonsín, el organismo que instaló que la vuelta del peronismo propagaría el caos. De todos modos, se impuso Carlos Menem, representante del Partido Justicialista. El mandatario riojano les dio alas a sus agentes. Y bajo un modelo económico que puso al peso argentino en igualdad de condiciones con el dólar, se incorporó tecnología de primera línea. Así y todo, no se pudo evitar el atentado a la AMIA, muy a pesar de que Jaime Stiusso estaba siguiendo la pista de los iraníes cuando explotó la bomba en la sede judía.

Ese fue el seudónimo que eligió Antonio Horacio Stiles, quien ingresó a la SIDE en 1972 y pasó de ser un cadete a transformarse en el director general de Operaciones. Según cuenta el periodista Gerardo Young, autor del libro SIDE, la Argentina secreta, Jaime fue el hombre que mejor entendió las reglas del espionaje. A Jaime, precisamente, acusa Cristina de haberle vendido “pescado podrido” a Nisman. En la Casa Rosada creen que aportó datos malintencionados, como una venganza por la disolución de la SIDE, donde trabajó 40 años.