El panorama en la red es más oscuro

Naciones Unidas presenta un proyecto para evitar la penalización de tecnología de cifrado de la información, la cual permite a la gente comunicarse de forma anónima.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante una conferencia en Washington. / AFP
Mientras parte de la prensa internacional y algunas organizaciones de derechos civiles en el mundo siguen celebrando con champaña la aprobación de la US Freedom Act (Ley de Libertad de EE.UU.), que, se entiende, acaba con el espionaje telefónico a gran escala por parte de Estados Unidos, muchos dentro de este país ven el panorama más oscuro que nunca.
 
“Ahora como empresa de telefonía tenemos la obligación de ser parte de esta red de vigilancia del Gobierno. Participar en contra de nuestra voluntad. Nos hemos opuesto desde el principio. Esta es una decisión negra para la historia de nuestra Constitución”, dice Becky Bond, vicepresidenta de Credo Mobile, una empresa de telefonía celular con sede en San Francisco que ha criticado con fuerza la invasión de la privacidad por parte del gobierno estadounidense.
 
Lo que se hizo con la aprobación de esta ley, explica Bond, fue convertir algo que era ilegal, como lo es la recolección de información de las llamadas de ciudadanos estadounidenses, en una práctica legal, la cual desde ahora debe ser llevada a cabo por las empresas telefónicas. Ahora serán las telefónicas las que almacenen y posteriormente entreguen la información al gobierno estadounidense, una vez consigan la aprobación de un tribunal FISA, cortes que supervisan este tipo de operaciones de inteligencia y los mismos tribunales que en el pasado no le han negado prácticamente ninguna petición al Gobierno. Eso sí se les exige ahora que reporten sobre cada uno de los casos.
 
Además de legalizar la recolección masiva de información telefónica y de crear la estructura para que funcione, la USA Freedom Act le permite al Gobierno filtrar la información telefónica de estas compañías utilizando “términos de búsqueda relacionados con actividades terroristas”, los cuales puedes ser tan amplios como el estado de California o la ciudad de Nueva York, explica el republicano y representante a la Cámara Justin Amash, quien siempre se opuso al proyecto. “El problema con los términos de búsqueda es que permiten la recolección masiva de información de millones de personas”.
 
Aunque la mayor parte de la discusión de las últimas semanas se ha centrado en la recolección de grabaciones telefónicas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), poco se habla de lo que sigue ocurriendo con la recolección masiva de información de correos electrónicos, mensajes de chat, notas de Facebook e historiales de búsquedas en internet de millones de estadounidenses, así como del paquete de medidas que permite el espionaje de ciudadanos no estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos.
 
David Segal, director ejecutivo de Demand Progress, centro para la protección de la libertad de expresión, con sede en Maryland, asegura que no hay nada que celebrar. “Necesitamos una verdadera reforma que cierre la puerta trasera por la cual el Gobierno recolecta la información de millones de personas a través de las empresas de telecomunicaciones. Tenemos que derogar la sección 702 de la FISA Amendment Act, el uso de órdenes extraordinarias como la 12.333, buscar transparencia absoluta por parte de la cortes de vigilancia de inteligencia, proteger a los informantes y mejorar el rendimiento de cuentas al Congreso por parte de la NSA”.
 
Luego de haber sido aprobada la USA Freedom Act, la mayoría de los programas revelados por los archivos filtrados por Edward Snowden hace dos años, como Prism, Up Stream, Mystic y X-Key Score, siguen intactos y en plena marcha. Uno de los responsables, como explica Segal, es la sección 702 de la FISA Amendment Act, la cual permite a la NSA copiar, escanear y filtrar el tráfico de internet a través de la infraestructura física de los servidores de Facebook, Apple y Microsoft, entre otros, filtrando de paso gran parte del tráfico de las comunicaciones globales una vez estas pasan por los servidores localizados dentro de Estados Unidos.
 
Así, mientras la administración Obama se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la recolección masiva de la información de las llamadas telefónicas, nada ha dicho sobre la recolección de información digital amparada en la sección 702, así como la orden ejecutiva 12.333, la cual permite la recolección de información de las comunicaciones de ciudadanos no estadounidenses dentro y fuera del país.
 
Para Thomas Drake, exejecutivo de la NSA y quien ha sufrido una fuerte persecución por parte del Gobierno por sus revelaciones sobre el espionaje luego del 9/11, la situación actual es igual, si no más dramática, que antes de que se hubiera firmado la USA Freedom Act. Todavía es posible monitorear las comunicaciones de un país completo si es necesario; se mantienen la capacidad de instalar virus para copiar la información, filtrar redes de celulares, conectarse a centros de información privados, hackear simcards y realizar seguimiento satelital a celulares, dijo.
 
Lo que se quiere ahora, según lo han expresado el FBI y la NSA al Congreso estadounidense, es crear una legislación que les permita acceder a todo tipo de información cifrada, ya que aducen que esta tecnología de encriptación les imposibilita realizar de forma exitosa investigaciones de posible terroristas y criminales dentro y fuera de EE.UU.
 
Entendiendo esta tecnología de cifrado de las comunicaciones como el último bastión de la privacidad personal, la ONU, a través de David Kaye, relator especial de la libertad de expresión, acaba de presentar un proyecto de 18 páginas en el cual propone un marco regulatorio que prohíbe todo intento de los estados por regular o bloquear este tipo de tecnología.
 
“Los estados deben promover la posibilidad de cifrar la información como mecanismo para la protección de la privacidad. Las leyes nacionales deben reconocer que los individuos son libres y están en su derecho de proteger sus comunicaciones digitales utilizando tecnología de cifrado, así como herramientas que les permitan alcanzar el anonimato en la red”, dice un aparte del proyecto que será sometido a discusión el 17 de junio.
 
Esta legislación pretende defender los derechos humanos de periodistas, defensores de derechos humanos, artistas, disidentes e informantes, quienes necesitan este tipo de tecnología para realizar sus labores diarias. La tecnología de cifrado funciona mediante la alternación de la información, que, de ser interceptada, no puede ser escuchada o leída a menos que se conozca el código que la reorganice y la haga legible. El cifrado se usa de forma cotidiana en la banca en línea, compras por internet, para proteger mensajes de texto y correo electrónicos, así como para navegar por internet con servicios como Tor o VPN (Virtual Private Network), los cuales esconden, alteran y cambian la dirección IP de su computador haciendo muy difícil que la policía, agencias de inteligencia o anunciantes publicitarios accedan al contenido de su actividad online.
 
“Esta tecnología no busca esconder la información, sólo trata de protegerla, un derecho universal”, dijo Kaye al presentar el proyecto. Kaye también es el director de la Clínica de Justicia Internacional de la Universidad de California, Irvine.
 
El fin último, dice el proyecto, es llegar en un mediano plazo a un sistema de comunicaciones digitales a través de internet completamente cifrado, el cual asegure el desarrollo de ideas y comunicaciones de todo tipo, que sólo podrán ser monitoreadas por los gobiernos luego de un estudio caso por caso, que debería ser aprobado por una corte sujeta a la ley internacional, evitando así la recolección masiva de información.