El polvorín de Petrobras

El rastro de sobornos de la mayor empresa pública latinoamericana se extiende por toda la región. El escándalo involucraría desvíos por cerca de US$ 4.000 millones en la última década, casi el presupuesto anual de algunos países.

l escándalo de corrupción de la principal empresa brasileña, Petrobras, parece no tocar fondo. Siguen las detenciones de importantes empresarios. / AFP

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, en una reciente entrevista a Folha de São Paulo sobre el escándalo de corrupción que sacude a la empresa más representativa del país, Petrobras, aseguró: “Esto es como un reguero de pólvora. Cuando uno comienza a hablar, el otro dice: ‘¿Qué pasa: que todo va a ser para mí?’. Y ahí mismo comienza a hablar”.

Ha sido de esta manera, delatándose unos con otros, que el caso se está ramificando hasta varios países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia, según una lista divulgada por el diario O Globo y la TV Globo, que detalla 747 obras de 170 empresas, la mayoría constructoras, por US$ 4.600 millones. Las redes, según la prensa brasileña, llegan incluso a África, Angola para ser más exactos. Ésta es la estrategia del juez Sérgio Moro, quien está empeñado en desmontar el pago de sobornos de las principales empresas constructoras de Brasil a partidos políticos y legisladores a cambio de contratos con Petrobras.

Hasta ahora hay 22 importantes empresarios brasileños detenidos, 11 cumplen prisión preventiva. Entre ellos, el exdirigente de Servicios de Petrobras Renato Duque, los presidentes de tres de las constructoras más importantes de Brasil: José Aldemario Pinheiro Filho (de OAS), Ildefonso Colares Filho (de Queiroz Galvao) y Dalton dos Santos Avancini (de Camargo Correa). Sin embargo, los principales delatores son el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y el cambista Alberto Youssef, quien dirigía una mafia de lavado de dinero.

En la lista incautada a Youssef 59% de las obras tenían a Petrobras como cliente final. Puertos, aeropuertos, metros, refinerías, así como obras de minería, saneamiento y abastecimiento destacan en las 34 páginas. La lista cita además, obras públicas en países latinoamericanos. Una obra en Argentina, un gasoducto en la provincia de Córdoba que habría recibido en 2008 ayudas por valor de US$28 millones del Banco de Fomento Brasileño (BNDES), el principal banco de desarrollo latinoamericano, que en la última década concedió préstamos por valor de miles de millones de dólares a su vecino austral para la expansión de la red gasista. El banco negó haber financiado esta obra, destacó la TV Globo.

El puerto de Mariel, construido en Cuba por Odebrecht, aparece también en la lista del principal delator del escándalo con un valor de 3,6 millones de reales (US$ 1,44 millones). El cliente, según el cambista, es la Olex (Odebrecht Logística e Exportações). La presidenta, Dilma Rousseff, fue blanco de duras críticas cuando participó enero en la inauguración de la primera parte de la nueva zona franca comercial en la isla. La constructora también negó el pago de algún soborno.

El esquema es el tradicional: altos cargos de Petrobras recibían sobornos por parte de las empresas a fin de asegurarse los contratos. Otros funcionarios iban con maletines cargados de dinero (se especula que llegaron a mover US$3.300 millones) por todas los países implicados. Las empresas beneficiarias llegaron a tener contratos por US$20.000 millones. Pero otra gente y organizaciones también recibían su parte, según Youssef: el Partido Social Democracia de Brasil (PSDB), el del candidato Aécio Néves y el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Lula da Lula y la actual mandataria, Rousseff, se llevaban el 3%.

“Esto sólo es el comienzo de una investigación. Una fase más. Esas personas denunciadas robaron el orgullo de los brasileños”, afirmó Janot, quien aclaró que no se iban intentar paralizar las obras contratadas bajo sospecha porque se perjudicaría a la población, pero precisó que el objetivo es el encarcelamiento de los corruptos y corruptores y la recuperación del dinero.

Petrobras, con sus 86.000 empleados, no es una empresa cualquiera: refina el 98% de la gasolina que se consume en Brasil, comercia con cerca de 20.000 empresas que le surten de todo tipo de productos y ella misma es responsable de un décimo de todas las inversiones que se acometen en Brasil. De ahí que al Gobierno no logre superar la crisis, que cada vez tiene más repercusiones políticas, económicas y sociales.

En medio de esta novela, Petrobras anunció esta semana que sólo divulgaría sus resultados trimestrales en diciembre, ante la posibilidad de que tenga que ajustarlos por los desvíos, aunque pronto se retractó debido a la negativa reacción del mercado por las dudas generadas entre los inversores. Las acciones de la empresa abrieron con fuertes caídas en la bolsa de Sao Paulo. La estatal admitió que pasa por un momento único en su historia. El Tribunal de Cuentas de Brasil calcula que los desvíos en Petrobras le costaron a las arcas públicas cerca de US$1.150 millones en los últimos años.

El segundo delator, Costa –acusado de liderar la red de corrupción– dijo en el Congreso esta semana que el pago de sobornos es una práctica común en Brasil. “Lo que ocurría en Petrobras ocurre en Brasil entero, es sólo investigar”, afirmó.

Petrobras en Colombia

La empresa brasileña  Inició operaciones en el país en 1972.  Después de un período en el que la compañía centró sus operaciones en Oriente Medio, la compañía volvió a Colombia en 1986 con la actividad de exploración. En la década de 1990, a través de la adquisición de activos de varias empresas operadoras, expandió sus negocios en el país. De Colombia no se conocen más detalles de la investigación. El informe habla de la empresa pública Cemig, una de las mayores eléctricas de América Latina, y algunas de cuyas operaciones suscitan sospechas judiciales. La presidenta de Petrobras, Graça Foster, anunció la creación de un ente para hacer un control interno de los contratos que se firman con las empresas proveedoras y mitigar el riesgo de que se generen vínculos corruptos.