El todo por el todo

Ante el posible hundimiento de la Ley de Crecimiento Económico, el gobierno de Francia legisla por decreto y se arriesga a una crisis política que podría disolver la Asamblea Nacional.

El presidente de Francia, François Hollande, apuesta por el apoyo de su partido, el socialista, para lograr la reforma. / EFE

El nombre completo del proyecto es “Ley por el crecimiento económico y la actividad”, pero para la mayoría de la gente es la “Ley Macron”, por el nombre del ministro ponente. Presentada como “la gran reforma” de la presidencia de François Hollande y como una estrategia para invertir la curva del desempleo, su aprobación en una asamblea con mayoría socialista hubiera sido una cuestión de trámite si varios puntos del proyecto no hubieran despertado molestias no sólo en parlamentarios de la izquierda no socialista, representados por el Frente de Izquierda y el Partido Comunista y en la bancada del Partido Verde-Ecologista, sino entre varios parlamentarios que afirmaron públicamente que tenían desacuerdos de fondo y votarían contra la ley a pesar de haber sido propuesta por su propio partido.


Durante un consejo de ministros convocado de urgencia dos horas antes de la votación en la Asamblea, el primer ministro, Manuel Valls, decidió llamar por teléfono a Hollande, quien visitaba un cementerio judío profanado en Sarre-Union. Según fue reportado a varios medios franceses, la conversación se resumió a la autorización para utilizar un “último recurso”.


“Voy a tener que sacar el 49-3”, debió decir Valls.


Era algo en lo que nadie había pensado. Sólo más tarde los medios recordaron que la última vez que alguien había usado el 49-3, Hollande había hablado de “una violación de los derechos del Parlamento, una brutalidad, una negación de la democracia”.


Una apuesta peligrosa
El apartado 3 del artículo 49 de la Constitución Francesa permite que el gobierno “asuma la responsabilidad” de aprobar una ley sin someterla a la votación de la Asamblea Nacional. El mecanismo prevé la moción de censura como un último recurso para los parlamentarios si dicha moción es aceptada.
El ministro que se ha comprometido, es decir Valls, está obligado a renunciar y junto con él, todo su gabinete. Como “castigo”, Hollande podría disolver la Asamblea y convocar a nuevas elecciones parlamentarias.


Es decir, que tras perder una apuesta arriesgada, Hollande podría intentar la ruleta rusa. No es un secreto que en caso de nuevas elecciones, los socialistas perderían la mayoría y el Frente Nacional (FN) aumentaría su número de escaños.


Para el analista Michel Urvoy, “estamos en una situación en la que ninguna formación política tiene la mayoría necesaria para gobernar, a no ser que se alíe con el diablo”. En el peor de los casos, la formación de la familia Le Pen (FN) podría exigir un ministerio como condición para no sabotear todas las iniciativas legislativas futuras.


La ley de la discordia y el día del Señor
La propuesta de Macron retoma las conclusiones del informe económico que escribió por encargo del entonces presidente Nicolás Sarkozy y que parecía sintonizado con el lema “Trabajar más para ganar más”, que marcó la política del mandatario.Los dos puntos más polémicos son la liberación de la legislación sobre los despidos colectivos, que facilita la negociación interna en cada empresa en lugar de obligar a acuerdos gremiales, y la liberalización del trabajo de los domingos.
Este punto, junto al límite

de las 35 horas laborales por semana, es visto por la izquierda como un símbolo de los conquistas de los trabajadores. Aunque existen numerosas excepciones (restaurantes, negocios familiares, servicios de seguridad y salud), la ley en Francia prohíbe el trabajo dominical.


La batalla de los votos
Los diez representantes del Frente de Izquierda votarán a favor de la moción. Según el líder de la bancada, André Chassaigne, “es lo que nos queda para bloquear una ley que nos quieren imponer por la fuerza”. Sus votos se sumarán a los centristas y las derechas, que no perderán la ocasión de intentar la caída de un primer ministro socialista.


La gran incógnita son los 40 parlamentarios socialistas “disidentes”, encabezados por Christian Paul, que deberán escoger entre dejar pasar una ley a la que se oponen, o asociarse a la derecha, provocar la caída de Valls y tomar el riesgo de enfrentarse a unas elecciones anticipadas. Hasta hoy a las cuatro de la tarde, hora en la que se votará la moción, todos estarán haciendo cuentas.