'El Vaticano debe entregar a los curas pederastas'

Así lo exige un informe emitido por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

El papa Francisco, durante una audiencia pública en la plaza de San Pedro. / EFE

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (OHCHR) emitió un informe en el que lamenta que el Vaticano nunca haya reconocido la magnitud de los crímenes de abuso sexual cometidos por curas católicos contra menores de edad. El Comité exige que la Santa Sede destape todos los casos de abusos a niños por parte de miembros de la Iglesia, así como el sistemático encubrimiento de los mismos. También ordena que el Vaticano haga reformas para ajustarse a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual es parte. Se trata del primer cuestionamiento contundente a la Santa Sede por parte de una instancia internacional.

Los abusos sexuales cometidos por curas católicos permanecieron en secreto durante décadas. En el papado de Benedicto XVI empezaron a salir a la luz con tanta fuerza que el entonces pontífice tuvo que romper el silencio y pedir perdón. Lo hizo después de que se conociera, entre muchos otros casos, que 67 hombres fueron abusados por curas católicos entre 1950 y 1980 en el Instituto para Sordos Antonio Provolo, en Verona; que en Irlanda hubo más de 2.000 víctimas de crímenes sexuales de sacerdotes, y que el padre Lawrence C. Murphy abusó de hasta 200 niños en la Escuela para Sordos St. Johns en Milwaukee.

Después de años de manifestaciones en contra de la pedofilia clerical, el máximo organismo internacional se pone hoy del lado de las víctimas. El reporte del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño afirma que el Vaticano “ha mantenido políticas y prácticas que han llevado a perpetuar los abusos y la impunidad de los abusadores”, como trasladar a los curas criminales de una parroquia a otra para esconder sus delitos. Además pide al Vaticano que despida de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores.

El informe también es claro en pedir a la Santa Sede que dé acceso a sus archivos para que tanto los sacerdotes pedófilos como “todos aquellos que hayan cubierto los crímenes” puedan ser llamados a responder ante las autoridades civiles.

Sue Cox es una de las víctimas de la pederastia clerical que han liderado la lucha contra la impunidad del Vaticano. Fue violada por el padre Nichelsen a los 10 y a los 13 años. Vivía con una familia muy católica en Warwickshire, Inglaterra, donde había una parroquia sin habitaciones para los religiosos, por lo que éstos eran hospedados en casas de familia. Como la madre de Cox era monja, alojaba a los curas. Una vez, la madre pudo ver cómo el padre Nichelsen violaba a su hija, “pero no hizo nada. El padre me decía que rezara por él. Nunca habló de eso”, ha relatado Cox.

Años después, Cox rompió su silencio y fundó, junto con otras víctimas, la organización Survivor’s Voice Europe, que ha recibido testimonios de miles de personas que fueros abusadas por curas en más de 12 países. Se volvió parte activa de las marchas en contra de las visitas del papa al Reino Unido y a favor de una Europa secular y llevó casos para que se abrieran investigaciones contra clérigos criminales en Italia. También hizo parte de quienes denunciaron al Vaticano en las audiencia ante el OHCHR.

Cox recuerda que “el proceso (en las audiencias) fue muy desalentador. Para los sobrevivientes, estar en la misma habitación que los clérigos era difícil, por decir lo menos. Estábamos emocionalmente agotados al final de la audiencia. Los representantes del Vaticano mintieron, evadieron, esquivaron preguntas, confundieron los puntos y generalmente se contradijeron entre ellos cada vez que hablaban. No les gustó estar en el banquillo de los acusados, ¡porque no están acostumbrados a eso!”.

Ahora que se publicó el informe, Cox dice que “se trata de un brillante primer paso para poner al Vaticano en la tarea de responder por sus crímenes. Nos complace que el Comité haya sido tan claro y no cayera en sus mentiras. Estamos felices de ser parte de este momento de historia”.

Sin embargo, no basta la publicación del informe para acabar con los abusos sistemáticos de menores por parte de curas católicos ni con la impunidad por los crímenes que se cometieron en el pasado. La clave está en la implementación de las exigencias de la ONU.

David Clohessy es el director ejecutivo de Survivor’s Network of Those Abused by Priests (Snap), una organización que, junto con el Centro de Derechos Constitucionales (CCR), llevó también ante la ONU la denuncia de los crímenes cometidos por el Vaticano.

Clohessy explica a este diario que, tal como el OHCHR sugiere, “los oficiales del Vaticano deberían comenzar a respaldar, no a oponerse, a las reformas de las leyes de seguridad para niños seculares y volcar inmediatamente a todo sacerdote sospechoso a la policía. No obstante, francamente no esperamos ningún cambio real por parte del Vaticano. Los niños estarán más seguros cuando las autoridades más seculares, especialmente a nivel nacional, comiencen a investigar y enjuiciar no sólo a los que cometen delitos sexuales contra menores, sino también a aquellos que ocultan los delitos sexuales contra menores”.

Desde antes de que se conociera el informe, el Vaticano se ha mostrado abierto a implementar las exigencias del OHCHR, pero no ha hecho avances concretos. En julio de 2013 el papa Francisco cambió el reglamento jurídico del Estado del Vaticano y endureció las penas para los casos relacionados con abusos de menores. El 6 de diciembre, él y los ocho cardenales que lo asesoran en la reforma de la curia anunciaron la creación de una comisión para luchar contra la pederastia.

A pesar de estas acciones, las víctimas no se sienten reparadas. Sue Cox afirma que la creación de la comisión contra la pederastia “es sólo su manera de aparentar que están preocupados. No pueden vigilarse a ellos mismos, han demostrado una y otra vez su falta de voluntad y la incapacidad para hacerlo. El Vaticano tiene que abrirse al escrutinio, tiene que escuchar de otros lo que tiene que hacer, debe ser monitoreado por un organismo independiente y secular”.

Además, dice Cox, la creación de esa comisión no dice nada sobre la rendición de cuentas de los obispos que protegieron a curas pedófilos: “De hecho, la Santa Sede dijo que no se siente responsable por los obispos”.

El Vaticano no tardó en responder al informe de la ONU. Lo hizo mediante una declaración en la que lamenta “ver en algunos puntos de las observaciones finales un intento de interferir con la enseñanza de la Iglesia católica sobre la dignidad de la persona humana y en el ejercicio de la libertad religiosa”.

Ante esta declaración, la abogada del Centro de Derechos Constitucionales, Katherine Gallagher, respondió: “Ahora sería el momento para que el Vaticano volviera a sus acciones pasadas, se pusiera en el rol de no permitir actos de violencia sexual contra los niños y se comprometiera con sus obligaciones de poner los intereses de los niños por delante de la reputación de la Iglesia. En cambio, ha continuado con su enfoque en las mismas políticas sociales de los papas anteriores, que acusan a la ONU de ‘interferir’ con la libertad religiosa. ¿Encubrir la violación de niños tiene que ver con la libertad religiosa?”.

Este no es el primer intento de las víctimas por llegar a instancias internacionales. En septiembre de 2011, Joseph Ratzinger se convirtió en el primer pontífice demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por encubrir miles de delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Las denuncias ante la CPI fueron presentadas por la Snap y el CCR. Entonces, Katherine Gallagher explicaba a El Espectador que los documentos presentados a la corte probaban que el papa y otros oficiales del Vaticano “tienen responsabilidad directa por permitir el encubrimiento de delitos sexuales y de violación infantil en el mundo y deben ser juzgados por esos crímenes contra la humanidad”.

 

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@DanielSalgar1

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