El veto, responsable de las guerras

En su informe recién publicado, Amnistía Internacional insta a que se adopte un código de conducta en el que se acuerde la abstención voluntaria de utilizar el veto por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

En el área fronteriza de Mursitpinar, refugiados kurdos esperan para volver a la ciudad de Kobane, en territorio sirio. / AFP

El informe recién publicado por Amnistía Internacional (AI) para 2014 revela un sombrío panorama en el aumento de crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos y desplazamiento forzado. Además, revive el debate sobre la responsabilidad que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, por no actuar para evitar la prolongación de conflictos que han resultado en mortandades masivas.

Uno de los conflictos que más preocupación generaron en 2014 fue el de Siria. En este convulso país de Oriente Medio, la incursión del Estado Islámico (EI) y los consecuentes bombardeos por parte de una coalición internacional liderada por Estados Unidos agravaron los indicadores de la guerra. Después de cuatro años de escalamiento de la violencia, el número de sirios refugiados en otros países llega a una cifra inédita en las movilizaciones registradas en la historia reciente: 4 millones de personas han tenido que huir del país, mientras que más de 7,6 millones se encuentran en situación de desplazamiento interno. El saldo de muertos alcanza los 200.000, según la ONU.

Frente a Siria, el Consejo de Seguridad se ha visto incapaz de tomar decisiones para acabar con el conflicto. Esto no sucedió sólo durante 2014. Desde que empezaron los episodios de represión que condujeron a una guerra civil, esta instancia de la ONU eludió “reiteradamente abordar la crisis”, dice el informe. Si bien el Consejo de Seguridad aprobó durante el año pasado resoluciones como la 2139, que exigía a todas las partes permitir el acceso de la asistencia humanitaria a las zonas asediadas; la 2165, que se centraba en la entrega de la ayuda internacional humanitaria a las zonas asediadas a través de las fronteras nacionales, y la 2170, que condenaba los homicidios ilegítimos, otros abusos flagrantes y el reclutamiento por parte de los grupos armados Estado Islámico (EI) y Jabhat al Nusra, en el terreno es evidente que tanto la emergencia humanitaria como el reclutamiento del EI van en aumento.

Siguiendo el informe de AI, a pesar de las resoluciones adoptadas el Consejo falló en tomar decisiones relativas a promover la paz y la seguridad en Siria: “No adoptó más medidas para combatir la impunidad en Siria. La Federación Rusa y China vetaron un proyecto de resolución que remitía la situación en Siria a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)”. Eso sucedió gracias al poder de veto con que cuentan Rusia y China, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ambos bloquearon un proyecto destinado a investigar posibles crímenes de guerra perpetrados por Damasco.

La explicación de este veto está en los intereses de cada Estado. Rusia es aliado del gobierno sirio de Bashar al Asad y, además de millonarios negocios y alianzas militares, tiene en territorio sirio, sobre la costa mediterránea, el estratégico puerto de Tartus, la única base naval que le queda en el exterior desde la disolución de la Unión Soviética. China, más silenciosa en las instancias internacionales, es otro importante aliado de Damasco y mantener a Al Asad en el poder le garantiza, entre otras cosas, la estabilidad de millonarios acuerdos para su suministro de gas.

El informe señala que ese poder de veto del que gozan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (donde además de China y Rusia están EE.UU., Francia e Inglaterra) ha sido un obstáculo para que la organización evite el escalamiento de conflictos y proteja a los civiles. El poder de veto se puede explicar en términos simples: cuando se trata de tomar decisiones para preservar la paz y la seguridad globales, la voluntad de los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU queda reducida a la de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y si sólo uno de esos cinco no está de acuerdo con adoptar tal o cual decisión, aunque sea apoyada por la inmensa mayoría, pues no se adopta. Así de democrático es el máximo organismo internacional.

Los llamados a reformar este sistema consagrado en la Carta de la ONU han sido recurrentes por parte de diferentes gobiernos y organizaciones. AI los reitera en su informe al acoger “la propuesta —respaldada ya por unos 40 gobiernos— de que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte un código de conducta en el que se acuerde la abstención voluntaria de utilizar el veto cuando ello bloquee la actuación del Consejo en situaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Este sería un primer paso importante, y podría salvar muchas vidas”.

El caso de Siria es un ejemplo entre muchos. Si por un lado Rusia y China aparecen como responsables de la prolongación del conflicto sirio, por el otro EE.UU. aparece , a través de su poder de veto, como un apoyo a la ocupación y los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en Palestina. Como señala el informe de AI, la operación Margen Protector realizada por Israel el año pasado en Gaza dejó 2.000 palestinos muertos, de los cuales al menos 1.500 eran civiles. “Se aplicó una política marcada por una cruel indiferencia y que implicó crímenes de guerra. Hamás también cometió crímenes de guerra, disparando cohetes indiscriminadamente contra Israel en acciones que causaron seis muertos”. Es usual que Washington imponga el veto cuando se tata de condenar a su aliado, Israel, en el Consejo de Seguridad.

Los problemas en Irak (con alrededor de 10.000 civiles muertos y 2 millones de desplazados) y Ucrania (más de 4.000 muertos y 20.000 desplazados) son otros frente a los cuales ese club de cinco potencias de la ONU se ha visto impotente para actuar de manera conjunta, promover la seguridad y proteger a la población civil.