La empresa con sede en Colombia que habría financiado al Estado Islámico

Según el diario Le Monde, la cementera Lafarge, fusionada con Holcim desde 2015, le pagó al grupo yihadista para que le permitiera continuar con su trabajo al norte de Siria.

Uno de los trenes de transporte de material de Lafarge. / Flickr - Hugh Llewelyn

La empresa líder en materiales de construcción en el mundo, Lafarge, habría pagado al Estado Islámico para que permitiera el funcionamiento de su cementera en Jalabiya, al norte de Siria. De acuerdo con el diario Le Monde, que reveló el vínculo, los pagos y las conexiones con el grupo yihadista se habrían dado entre 2013 y 2014, hasta el momento en que el Daesh —como también es llamada esa agrupación— se retiró de la zona.

Fundada en 1833, Lafarge se fusionó con la suiza Holcim en 2015 bajo el logo “un nuevo líder para un nuevo mundo”. En ese nuevo mundo, según las investigaciones del diario, Lafarge habría pedido al Daesh, previo pago de impuestos, una serie de permisos para que sus trabajadores pudieran desplazarse por la zona y la producción no se detuviera. La planta de Jalabiya es una de las adquisiciones más ambiciosas del grupo: Lafarge la adquirió en 2007 y la puso en funcionamiento en 2010. Un año después comenzó la guerra en Siria y el avance del Daesh sobre el terreno redujo, según uno de sus empleados, la producción de la planta.

Para evitar una reducción mayor, la filial siria envió a un hombre llamado Ahmed Jaloudi para negociar con los militantes del Daesh. La planta está ubicada muy cerca de Manjib —regentada a la fuerza por el Daesh y hoy sitiada en medio de la guerra—, en donde viven la mayoría de los trabajadores, y apenas a 90 kilómetros de Raqqa, la capital de facto del Califato que fundó Daesh a mediados de 2014. Jaloudi fue el encargado de conseguir los pases de autorización, firmados por el Daesh y sus autoridades, para que pasaran sin problemas por los puntos de chequeo tanto los trabajadores como los materiales.

De acuerdo con Le Monde, Jaloudi habría conseguido los permisos necesarios: la prueba es una autorización con las estampillas del grupo yihadista, fechada en septiembre de 2014. Jaloudi se comunicaba de manera constante, a través de correo electrónico, con el director de la filial siria de Lafarge, Frédéric Jolibois. Se organizaron conferencias telefónicas con representantes del Daesh y también hubo un intento de encuentro con uno de sus más altos militantes —nunca se da a conocer su nombre—. “Durante cerca de un año —señala el diario francés—, Lafarge ha financiado indirectamente a la organización yihadista”. Según la publicación, el director de seguridad de la filial en París, Jean-Claude Veillard, conocía sobre la situación de la planta en Siria dado que tenía comunicación con el intermediario (el diario reveló algunos de esos correos).

Además de haber pagado a los militantes, los representantes de Lafarge también habrían comprado petróleo de las refinerías ocupadas por el Daesh para el éxito de su producción. De ese modo, también habrían financiado las actividades del grupo de manera indirecta.

Las directivas de Lafarge confirmaron que realizaron trabajos en esa planta entre 2010 y 2014 —cuando fue cerrada y fue convertida en base militar para las unidades estadounidenses y británicas que apoyan a los kurdos contra el Daesh—, pero no se refirieron a las acusaciones del diario. La empresa dijo: “Cuando la guerra se acercaba a la zona de la planta, la prioridad absoluta de Lafarge fue siempre la de asegurar el bienestar y la seguridad de su personal mientras estudiaba la clausura de la planta”.

LafargeHolcim, como se denomina la empresa desde su fusión con Holcim, tiene oficinas en Colombia y cuenta con una planta de cemento en Nobsa (Boyacá). También aquí ha tenido implicaciones sociales por las que ha sido señalada. En 2006, el Tribunal Permanente de los Pueblos señaló que la empresa, junto con Cemex y Ladrillera Santafé, fue la responsable de “la persecución y el exterminio del sindicato de trabajadores Sintraminercol”. En 2010, la actividad minera de Holcim en el río Tunjuelo fue suspendida de manera preventiva por contaminación de las aguas y enfrentó sendas multas por daño ambiental. La empresa tiene plantas y procesadoras en más de 90 países.