La propuesta de justicia transicional acordada por el gobierno colombiano y las Farc en La Habana, la semana pasada, tiene algunas similitudes con las firmadas en otros países que también padecieron conflictos. La mayoría de ellos trataron de equilibrar la búsqueda de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas. A seis meses de que terminen los diálogos, las experiencias y lecciones aprendidas por otros países en transición del conflicto a la paz pueden aportar al debate colombiano.
La creación de comisiones de la verdad para esclarecer la realidad acerca de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado es un elemento fundamental de la justicia transicional. El Espectador contactó a miembros de estas comisiones en Sudáfrica, Guatemala y Timor Oriental para conocer sus experiencias.
Marcie Mersky, directora programática de la Corte Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala —hizo parte de la comisión de verdad histórica y trabajó allá por más de 20 años—, le habló a este diario de las limitaciones del trabajo de la comisión a la que perteneció, de las víctimas, de lo que podría hacer Colombia y de las cosas que hoy haría de otro modo.
Mary Burton, una heroína nacional en Sudáfrica, elegida por Nelson Mandela para integrar la comisión de verdad y reconciliación que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el apartheid, también habló con este diario sobre los desafíos de la justicia transicional y de su trabajo en la comisión. Según explicó, “lo más importante en este trabajo de transición a la paz es tratar de construir la confianza en esa comisión de la verdad, para obtener el mayor apoyo posible del público”. Burton sigue batallando hoy contra la pobreza en Sudáfrica, “otra lucha por derechos sociales y económicos”.
Finalmente, Howard Varney, jefe investigador de la comisión de la verdad de Sierra Leona, quien también formó parte de las de Sudáfrica y Timor Oriental, explica que “hay que aceptar que una comisión de la verdad no es la panacea para todas las enfermedades sociales. Una comisión de la verdad debe confrontar el pasado de manera honesta, íntegra y vigorosa. Debe hacerlo a pesar de cuán dolorosa sea”. Agrega que “una comisión de la verdad debe ser empleada para promover la responsabilidad y la ley. No debe ser usada para promover la impunidad ni abrir el camino para que los perpetradores escapen de la justicia”.
Sudáfrica
Nelson Mandela tuvo la misión de reconciliar a los sudafricanos y desmontar la arquitectura legal e institucional del régimen segregacionista del “apartheid”, que duró 40 años. Lo hizo con una combinación de verdad y amnistía y creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, donde confesaron y declararon en audiencias públicas los autores de asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos, como condición para ser amnistiados. Mary Burton formó parte de esta comisión, que duró cerca de tres años. Según dijo a este diario, “creo que esas comisiones no deberían tener una vida demasiado larga, ya que su trabajo crea mucha tensión y emoción en las sociedades que, a menudo, son muy frágiles después de años de conflicto”.
Los crímenes que documentaron, explica, se establecieron en la legislación que creó la comisión. “Asesinatos, torturas, secuestros (desapariciones ) y tratos graves. Recibimos declaraciones de más de 20.000 personas, de todas las partes del conflicto”. Para Colombia, Burton recomienda “elegir comisionados imparciales que hagan investigación honesta. Hay que crear confianza entre la gente. La presencia de comisionados internacionales con experiencia alentó la participación de algunas de las estructuras de seguridad y de los movimientos de resistencia”.
Guatemala
La guerra civil en este país centroamericano, que finalizó el 29 de diciembre de 1996, durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma del acuerdo de paz, duró 36 años. Como parte de la transición hacia la paz se estableció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEG). Marcie Mersky hizo parte de ella. Hoy es directora programática de la ICTJ en Nueva York.
Dice que una de las limitaciones de su trabajo fue que la comisión no pudo hacer audiencias públicas. “Esto limitó el potencial para involucrar más ampliamente a la sociedad durante el trabajo de la comisión y para llevar las voces vivas de las víctimas, especialmente a sectores que desconocían o negaban los alcances y la crueldad del conflicto”.
Añade que “de las partes armadas del conflicto, se puede decir que de las fuerzas militares y paramilitares hubo muy poca colaboración”. Recomienda a Colombia que “sería muy importante cuidar mucho la comunicación social y la transparencia en sus labores. Esto va a ser fundamental en varios aspectos: para que haya claridad sobre su mandato, manejar expectativas y construir la confianza para que todos los sectores participen. Es fundamental poner mucha atención a la selección de los comisionados. De su integridad depende que esta labor tan sensible pueda ser de gran beneficio para el futuro del país”.
Sierra Leona
Howard Varney fue el jefe investigador de esta comisión de paz y también miembro de las de Sudáfrica y Timor Oriental. Más de 50.000 personas murieron y 500.000 fueron desplazadas durante el conflicto civil en Sierra Leona, ocurrido entre 1991 y 2002. En 1999 las partes alcanzaron un acuerdo con la mediación de la ONU; la comisión de la verdad, expuesta en el acuerdo, comenzó su trabajo en 2002. En principio hubo obstáculos para su labor: un presupuesto bajo para contratar investigadores y sólo un año para desarrollar todo el trabajo de búsqueda de víctimas. Varney hubiera deseado tener más tiempo para investigar más a fondo determinados casos. La comisión se centró en los cometidos tanto por agentes del Estado como por victimarios del Frente Unido Revolucionario, en cabeza de Foday Sankoh. Víctimas de todos los distritos fueron escuchadas por la comisión, integrada por cuatro hombres y tres mujeres de Sierra Leona y del exterior. Según el impacto de cada caso, la comisión hacía una búsqueda más profunda. Dice Varney: “Individuos y organizaciones fueron nombrados y responsabilizados por violaciones específicas de derechos humanos. Ninguna de las partes se salvó”. En estos casos, las víctimas deben ser protegidas con el debido proceso y con un programa que garantice su seguridad, y también los perpetradores deben ser encarados por sus acciones. Varney recomienda que, para que exista justicia, la comisión (cuerpo esencial para la memoria histórica y la justicia transicional) debe ser independiente, tener armas legales para sancionar a quienes no deseen cooperar y un presupuesto que le permita acudir a un grupo amplio de investigadores. La política debe alejarse de su labor.