Epílogos y retos pendientes

No sólo con Venezuela, sino con Costa Rica y Nicaragua, está pendiente la delimitación de las fronteras marítimas con Colombia.

El presidente Santos explicando el fallo emitido por la CIJ el 19 de noviembre de 2012. / AFP

En 1942, por primera vez, se concertó un tratado sobre delimitación de la plataforma continental entre dos Estados. Se hizo en el golfo de Paria entre Trinidad —en ese entonces colonia británica— y Venezuela: fue una verdadera novedad en el derecho internacional, pero no generó en su momento mayor interés, ya que el mundo estaba afrontando los avatares de la Segunda Guerra Mundial.

Años después, en 1954, el canciller de Venezuela propuso al embajador de Colombia en la ONU, Francisco Urrutia, la delimitación marítima entre los dos Estados en el golfo de Venezuela, mediante el trazado de una línea equidistante entre los islotes de Los Monjes y la península de La Guajira, hasta su intercepción con la línea que denominó “de prolongación de la dirección general de la frontera terrestre que termina en Castilletes”. Era la consecuencia de la absurda aceptación de Colombia de la soberanía venezolana sobre los islotes en la nota de 1952. El representante colombiano afirmó que a su juicio la delimitación debía hacerse mediante la línea media trazada entre las costas de los dos países.

Sin embargo, el Gobierno de Colombia, que no pensaba en ese entonces que pudieran establecerse líneas de delimitación en el mar: prefirió “pasar de agache” ante “tan exótica” propuesta.

A partir de 1969, durante las administraciones de Carlos Lleras Restrepo y de Misael Pastrana Borrero, se adelantaron las negociaciones entre los dos países, en las que después de casi cuatro décadas no se llegó a un acuerdo.

Cuando asumieron la presidencia de Colombia Alfonso López Michelsen y la de Venezuela Carlos Andrés Pérez, nuevamente se adelantaron negociaciones que culminaron en un proyecto de acuerdo que al ser descalificado por el partido Copei, que se preparaba para asumir el poder, no pudo concertarse.

En 1980, durante las presidencias de Turbay Ayala y de Herrera Campins, se llegó a la llamada “Hipótesis de Caraballeda”. Se establecía una delimitación que promediaba las posiciones de las partes siguiendo el paralelo geográfico de Castilletes; se cerraba conjuntamente el golfo y se establecían derechos de navegación y pesca para los buques de los dos países. Asimismo, se acordaba la explotación conjunta de los yacimientos petroleros existentes en el área litigiosa.

Adicionalmente, se llegó a un proyecto de acuerdo de suministro de petróleo de Venezuela a Colombia, mediante el cual el precio de venta del barril a nuestro país -en ese entonces importador- quedaría congelado durante varios años y la diferencia con el precio real pasaría a un fondo especial que serviría para financiar obras como el desarrollo fronterizo y la preservación de las cuencas hidrográficas comunes.

La actitud de algunos extremistas en Venezuela que casi precipitan el colapso de la democracia en ese país, frustró la firma del proyecto.

Posteriormente, los presidentes Barco y Carlos Andrés Pérez en 1990 acordaron emprender nuevas negociaciones. Desde ese entonces, hace 25 años, no se ha llegado a un acuerdo entre los dos países.

Aunque hasta tanto se llegue a un tratado debidamente aprobado, cada país sigue manteniendo su propia posición, esto no se puede traducir en que Venezuela, como lo acaba de hacer, con cualquier pretexto y modalidad, haya establecido mediante un decreto una zona marítima definida por una línea que sigue su posición extrema respecto a la delimitación con Colombia, en la que sus fuerzas armadas deben ejercer su soberanía y jurisdicción exclusivas.

Como el gobierno de Venezuela mantiene como política cualquier procedimiento de solución obligatoria de las controversias internacionales y Colombia últimamente ha seguido la misma conducta respecto a los asuntos relativos al establecimiento de límites internacionales, la única opción es la negociación directa. No es a base de buques y cohetes que se generan derechos, sino por las normas y los principios del derecho internacional.

Pero no es este el único reto que tiene el gobierno colombiano en cuanto a delimitaciones marítimas.

El 17 de marzo de 1977, durante el gobierno de Alfonso López, se concertó con Costa Rica un tratado sobre delimitación marítima en el Caribe, que implicaba el reconocimiento de la soberanía de Colombia sobre todas las islas y cayos del archipiélago y la generación de la totalidad de los espacios marítimos que les correspondían.

Nicaragua protestó considerando erróneamente que se estaban afectando sus intereses y emprendió una activa campaña con Costa Rica que iba desde la invocación de la “solidaridad centroamericana” contra Colombia, hasta la tácita amenaza del uso de la fuerza. Aunque el tratado fue aprobado por el Congreso colombiano, no sucedió así en la Asamblea de Costa Rica, no obstante las gestiones realizadas por todos los gobiernos de Colombia y, por lo tanto, el tratado nunca entró en vigor.

En su fallo en el caso entre Colombia y Nicaragua en 2012, la Corte Internacional de Justicia en forma absurda no dejó a salvo los derechos de Colombia en ese sector y el gobierno costarricense poco después solicitó al tribunal la delimitación marítima con Nicaragua en ese sector.

Colombia, por lo tanto, además necesariamente tendrá que negociar en su momento con Costa Rica y Panamá para definir el empalme de las jurisdicciones marítimas en el sector suroccidental del Caribe. El archipiélago de San Andrés, con todos sus componentes está al frente de las costas de Costa Rica y ese hecho geográfico no puede modificarse.

Entre agosto y septiembre de 2013 se presentaron ante la Corte Constitucional demandas -una de ellas del presidente Santos- de inconstitucionalidad de la Ley 37 de 1961, mediante la cual se aprobó el Pacto de Bogotá. Los demandantes consideraron que la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá era inconstitucional, ya que en dicho instrumento se da a la Corte Internacional de Justicia competencia tácita para modificar los límites de Colombia en violación de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución.

La Corte Constitucional, en un fallo de 2 de mayo de 2014, no aceptó ni las demandas de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Pacto, ni la alegación de uno de los demandantes de que por efecto del “tránsito constitucional”, cuando fue promulgada la Constitución de 1991, el Pacto de Bogotá había debido ser denunciarse.

Tampoco señaló que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia había modificado un límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, pero decidió que como en “el estado de límites” existente en el momento del fallo de la CIJ se había variado, era indispensable que el límite establecido se incorporara al ordenamiento legal del colombiano mediante un tratado internacional.

La misma norma sería aplicable para cualquier eventual delimitación marítima futura, incluyendo la del golfo de Venezuela, ya que no están incorporadas en “el estado de límites” aludido.

Pero de aquí surgen otras obligaciones. Debe concertarse un tratado con Nicaragua que bien puede ser reproduciendo las partes pertinentes del fallo de 2012, modificar la línea establecida en el fallo o adicionando aspectos relativos a la pesca, la navegación y la preservación del medio marino, así como a la exploración y explotación de hidrocarburos. Eso último es lo que al parecer se propone el Gobierno colombiano.

Todas serán importantes tareas. Fuera de la primordial que el Gobierno tiene entre manos, como es la de las dos nuevas demandas de Nicaragua que se tramitan ante la Corte Internacional de Justicia, entre ellas el de la plataforma continental extendida, mediante la cual ese país pretende que la Corte le reconozca el límite marítimo que ya le negó en el fallo 19 de noviembre de 2012.

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Temas pendientes con nicaragua
 
Las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia no han sido acordadas mediante un tratado, a pesar del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012, en el cual estableció esas fronteras. En la CIJ están en curso otras dos demandas presentadas por Managua. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó  una demanda en contra de Colombia en relación con, según la Corte, “una controversia concerniente a la delimitación entre, por un lado, la plataforma continental de Nicaragua más allá del límite de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua, y por el otro lado, la plataforma continental de Colombia”.
 
Hay una segunda demanda de Nicaragua en curso, presentada en 2013 y relativa a supuestas violaciones por parte de Colombia (que incluyen presuntas amenazas y uso de la fuerza) contra los derechos nicaragüenses sobre el área marítima que le fue concedida a Managua con el fallo de 2012. El plazo para que ambos estados presentaran memoria (Nicaragua) y contramemoria (Colombia)  sobre este caso se cumplió el pasado 3 de junio. 

 

*Excanciller de Colombia