Erdogan: su política de purga después del golpe

El Gobierno dice que ha empezado “una investigación a cada una de esas personas” a las que señala de estar involucradas en la ejecución del golpe. Más de 8.600 personas han sido detenidas y 990 de ellas fueron enviadas a prisión.

El presidente Recep Tayyip Erdogan durante una conferencia en Ankara. / EFE
El presidente Recep Tayyip Erdogan durante una conferencia en Ankara. / EFE

En los años más aciagos de la Unión Soviética, cuando Iósif Stalin regentaba el puesto formal de presidente del Consejo de Ministros, al que algunos aludían de manera llana como dictador, ocurrió una purga general en el país que arrasó con bolcheviques, clérigos, escritores y disidentes. En la Gran Purga, como fue llamada tiempo después, fueron asesinadas más de 600.000 personas, cientos de miles fueron puestas en prisión en los gulags (campos de concentración) y otros cientos torturadas.

Los aliados de Stalin podían señalar a cualquiera de cometer actos contrarrevolucionarios: al pescador o al agricultor, al político o al mero viandante. La purga era la manera de limpiar el camino para que no existiera ninguna oposición. Era la política del miedo y la seguridad: una mera sospecha era motivo para una acusación. El proceso judicial era por lo general inocuo.

Más de 60 años después de la muerte de Stalin, los métodos no se han trocado. Días después del golpe en Turquía, que dejó más de 200 muertos, el Parlamento declaró el estado de emergencia en el país. Estas fueron las palabras del ministro de Justicia, Bekir Bozdag: “Esta emergencia es para que el Estado trabaje rápida y eficazmente en la limpieza de la Fetö”, es decir, las redes del predicador islamista Fetullah Gülen, a quien señalan como el responsable del golpe.

Bozdag incluye en su vocabulario justiciero la palabra “limpieza” —como si se tratara de un mugre que hay que arrasar— y dice además que el objetivo es “no dejar espacio a que se repita un intento de golpe”. El presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha hecho alusiones similares: “Como comandante en jefe —dijo a Al Jazeera—, limpiaremos junto con nuestros soldados todos los virus de las Fuerzas Armadas”. Al menos en objetivos, los gobiernos de Stalin y de Erdogan comparten afectos.

Tras el golpe, el presidente ha reclamado la cabeza de miles, casi de manera literal: más de 49.000 personas son investigadas por su aparente participación en el golpe y algunas podrían enfrentar la pena de muerte, que es una posibilidad abierta para el gobierno de Erdogan (tal castigo fue derogado en 2004). Los objetivos, como antaño, son profesores, opositores, periodistas, militares y miembros de las oficinas públicas. A causa de la “limpieza”, los empleados públicos no pueden salir del país, 24 medios de comunicación no transmitirán ni imprimirán sus páginas y las vacaciones de los funcionarios fueron suspendidas. Todos a sus puestos. A esperar las pesquisas.

Para los opositores políticos de Erdogan, investigar y purgar es responder a un golpe con otro golpe, como arguyó Meral Danis Bektas, diputada del HDP. “Todos nos levantamos juntos en contra. La normalización no puede llegar con métodos anormales”. Veintiún mil profesores fueron suspendidos, 1.577 decanos de universidades turcas fueron expulsados, más de 10.000 funcionarios dejaron sus deberes en los ministerios de Finanzas y Justicia, 2.745 jueces y fiscales no ejercerán más.

Para Erdogan, la figura instigadora del golpe es Fetullah Gülen, un clérigo que antes fue su amigo y que hoy está exiliado en Estados Unidos. El gobierno turco pidió su extradición por segunda vez (en la primera, un juez estadounidense desestimó la petición). Gülen se declara inocente. Él y sus seguidores, llamados gulenistas y recogidos en el movimiento de la Fetö, se han convertido en el chivo expiatorio del mismo modo en que Lev Trotsky lo era para Stalin. El extranjero culpable, segregado, lejano, pero al mismo tiempo cercano y amenazante. Un apátrida que busca minar el poder elegido de manera democrática.

Para Erdogan, Gülen controla una red infinita de militantes desde el exterior y ha alentado un Estado paralelo para derrocarlo. La presunción de dicho desastre, sumada al breve golpe que le dieron el 15 de julio, le permite acudir a medidas con pocos precedentes en la última década en Turquía: requisas sin autorización judicial, toques de queda, detenciones. El estado de emergencia puede ser implementado cuantas veces sea necesario, cada cuatro meses. El gobierno turco ha dicho que se tomará menos de tres meses para revisar todos los casos.

La respuesta agreste y la política de aplicar un castigo memorable a los “golpistas” es, sobre todo, una medida de Erdogan, que usó las mayorías que domina en el Parlamento para aprobar el estado de emergencia (346 votos a favor de un total de 461). Aunque incluso sus opositores se negaron al golpe (en las calles hubo quien dijo que prefería a Erdogan en el poder, con todos sus errores, que a los militares), las medidas de emergencia son de su propia cosecha: los partidos de oposición se niegan a que los métodos de investigación degeneren en una persecución general y abierta, que podría a su vez arrastrar a inocentes. Algunos parlamentarios mostraron fotografías en las que los “golpistas” son torturados por las fuerzas de inteligencia turcas.

Este es justo el resultado de que una sospecha se convierta casi en una verdad. No es extraño que en Turquía se forme una red de espías, que pueden ser simples ciudadanos o amaestrados militares, y que los turcos entonces comiencen a tener miedo de hablar en los cafés y aun en sus casas. El estado de emergencia limita la libertad de movimiento, de reunión y de expresión. El modo de evitar un golpe, según el mensaje que envía el gobierno de Erdogan al tomar esta medida, es anular el debate público, presumir que una opinión es de entrada un acto vandálico y afirmar que nadie más, aparte del Gobierno, tiene el derecho de tomar decisiones sobre asuntos públicos. Eso, de hecho, ya pasaba antes del golpe.

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