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La imagen que muchos esperan de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, subiendo a un avión rumbo a Estados Unidos para comparecer ante los seis tribunales de ese país que lo solicitan, podrían demorarse cerca de un año. Aunque México ya inició el proceso judicial para entregar al delincuente a ese país, la cantidad de amparos que han interpuesto sus abogados y que suspenden el proceso de extradición hacen de este proceso una maraña judicial sin precedentes.
Ya lo advertía Juan Pablo Badillo, uno de sus abogados: “La defensa del Chapo comenzará una estrategia severa, muy dura, para evitar la extradición”. La fiscal Arely Gómez es mucho más pesimista y aseguró en una entrevista a Radio Fórmula en México: “Sería un año el tiempo aproximado, pero incluso podría tomar cinco años”.
El domingo las autoridades mexicanas comenzaron formalmente los trámites cuando agentes de Interpol México acudieron a El Altiplano para ejecutar dos órdenes de captura contra Guzmán en los estados de California y Texas por narcotráfico y homicidio. El capo fue notificado oficialmente de estos dos procesos. “Con esto, el Chapo, quedó debidamente notificado del inicio de sus procesos de extradición solicitados por el gobierno de Estados Unidos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, señaló la Procuraduría.
Un proceso que hoy respalda la mayoría de los mexicanos. De acuerdo con una encuesta realizada luego de la captura del narcotraficantes más buscado del mundo, el viernes en su estado natal Sinaloa, 42 % de los ciudadanos entrevistados respaldaron enviarlo a Estados Unidos. El experto en seguridad de la Universidad Autónoma de México, Raúl Benítez Manaut, explicó que “para los mexicanos, entre más rápido se vaya, mejor, por eso no se pueden cometer errores, el gobierno debe preparar con mucho cuidado la documentación, sin ninguna premura para que el proceso se surta bajo toda la legalidad y evitando las argucias legales de sus abogados”.
Luego de su notificación, el Chapo cuenta con tres días para oponerse al proceso y veinte más para dar argumentos y detener su envío a Estados Unidos, en donde tiene varios procesos abiertos.
La Fiscalía informó de las etapas del procedimiento: los jueces deberán analizar las pruebas y cuando emitan una opinión, a favor o en contra de la extradición, esta será turnada a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El ministerio deberá emitir los acuerdos para entregar al capo. El ministro del Interior, Miguel Osorio Chong, aseguró que el sistema de justicia mexicano será muy cuidadoso con el procedimiento para no facilitarle a la defensa del narcotraficante el trámite de más amparos. Sin embargo, el grupo legal del narcotraficante han promovido cerca de doce amparos en los últimos meses, de los cuales ya seis fueron sobreseídos y el resto sigue en trámite. “Japón, Israel, Francia, Inglaterra no extraditan a sus connacionales. ¿Por qué nuestro México tiene que vender a sus ciudadanos como si fueran un barril devaluado de petróleo?”, dijo Badillo, uno de los abogados del Chapo.
El último recurso fue admitido a trámite el 11 de enero por la jueza novena de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal (la capital mexicana), María Catalina de la Rosa. Fue presentado el 8 de enero por los abogados del líder del cartel de Sinaloa, horas después de su detención.
La justicia mexicana justo recordaba ayer la cantidad de procesos que se han demorado por cuenta de argucias legales de los delincuentes. Y recordó los casos de Édgar Valdés Villarreal, un sanguinario sicario del cartel de los Beltrán Leyva. La Barbie, como lo apodan, fue detenido en agosto de 2010. La justicia mexicana autorizó su extradición en 2011, pero los recursos retrasaron la entrega hasta octubre de 2015.
Cargos y más cargos
Para evitar que el proceso se empantane, una fuente de la Fiscalía mexicana afirmó ayer que Joaquín Guzmán no puede ser condenado a muerte en Estados Unidos, en caso de que el proceso de extradición termine. México prohíbe que sus connacionales sean condenados a esta pena y en el tratado de extradición bilateral así está establecido. Las autoridades de Estados Unidos se han comprometido a evitar esta pena. De acuerdo con José Manuel Merino, director general de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía, “la petición de extradición que procede de Texas, EE. UU., se compromete a sólo procesarlo, pero no aplicarle la pena de muerte”.
Explicó que el trámite que les asegura el respeto de dicha garantía por EE. UU. “se hace mediante una nota diplomática que se presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en la cual, una vez que Guzmán sea entregado en extradición, ellos se comprometen a no ejecutar una pena de muerte. Y que el artículo 22 de la Carta Magna prohíbe las penas de muerte, de mutilación, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, entre otras “penas inusitadas”.
Y es que muchos jueces en EE. UU. se frotan las manos esperando a Guzmán. “Suministro más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie en el mundo”, señalaba el Chapo en la polémica entrevista a Rolling Stone. Una declaración desafortunada para el capo mexicano, que seguramente será usada en uno de los juicios para demostrar su culpabilidad en el envío de droga a EE.UU., hecho que lo convirtió en uno de los hombres más buscados y requeridos en ese país, en donde tiene muchos casos pendientes. Según el expediente del Chapo, el Departamento de Estado reporta seis causas abiertas en Arizona, California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida. La primera fue en 1995 en San Diego, en donde enfrenta cargos por conspirar para traficar con más de ocho toneladas de cocaína, así como de lavado de dinero. Otros cargos son secuestro, soborno y compra de armas.
Hoy lo que se discute es cuál tribunal sería el primero en recibir a Guzmán Loera. De acuerdo con The New York Times, el juzgado con más posibilidades de enjuiciarlo en primer lugar sería el de Nueva York, en donde tiene cargos desde julio de 2009. Este tribunal también tiene proceso abiertos contra otros delincuentes, como Arturo Beltrán Leyva, abatido en 2009, o Ismael el Mayo Zambada y su hermano Jesús Zambada García, el Rey.
La decisión, sin embargo, está en manos de Loretta Lynch, directora del Departamento de Justicia, que cuando era fiscal de Brooklyn ya había abierto cargos contra el Chapo. Según han explicado abogados estadounidenses a la prensa, el delincuente podría ser condenado a 60 años de prisión, algo así como una cadena perpetua.
Mientras tanto, muchos critican la decisión del gobierno mexicano de enviarlo a la prisión de la que escapó. Fuentes del gobierno defendieron la decisión de mandarlo nuevamente a ese penal de máxima seguridad diciendo que el piso fue reforzado con varillas de acero que se cruzan cada diez centímetros.