Espionaje sin terror

El gobierno de Brasil repudió los planes que Canadá adelantaba contra su Ministerio de Minas y Energía, con aparentes fines económicos y no de seguridad.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propone una nueva regulación para el control de internet. /AFP

Realizar trabajos de espionaje masivo, sin consentimiento de los países que sirven de “blanco”, es una actividad que en los últimos meses ha cuestionado seriamente a países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Las justificaciones, que apuntan a que los cuestionamientos éticos y de transparencia de las naciones son menores en comparación con la prioridad de detener el terrorismo, se agotan cuando además de esa presumible seguridad se encuentran intereses económicos y estratégicos. En Brasil al menos, no sólo era necesario que los espías previeran algún ataque o conexión criminal. También era importante ver no sólo cómo estaba operando Petrobras —la empresa petrolera más grande del país—, sino que además resultaba preciso conocer cuáles eran los planes del Ministerio de Minas y Energía.

Las revelaciones de la cadena O Globo vuelven a poner en una situación incómoda a los países partícipes del espionaje masivo, denunciados por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas: “Todo indica que EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, además de miles de empresas de esos cinco países, tienen amplio acceso a los datos adquiridos por el espionaje en Brasil de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)”, de Washington.

Ya Rousseff había expresado que se trata de una afrenta contra la soberanía y la democracia, una conclusión que salía de los documentos secretos de la NSA revelados por el extécnico Edward Snowden, hoy asilado en Rusia. Brasil tenía indicios de que Petrobras había sido espiada buscando información sobre los nuevos yacimientos hallados en zonas costeras, pero hasta ahora no conocía que el propio gobierno haya sido objeto de espionaje de forma directa. De acuerdo con O Globo, la Agencia Canadiense de Seguridad en las Comunicaciones (CSEC) elaboró un esquema detallado de las comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, incluidos llamadas telefónicas, correos electrónicos y navegación en internet.

Esta vez desde su cuenta en Twitter, Dilma Rousseff volvió a levantar la voz: “Esto es inadmisible en países que pretenden ser socios. Repudiamos la guerra cibernética”. La reacción del gobierno vino en seguida, cuando la Cancillería convocó al embajador de Canadá, Jamal Khokhar, para repudiarle en persona las actitudes del país al que representa. El ministro de Exteriores de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, expresó su “indignación” por “esta grave e inaceptable violación de la soberanía nacional y de los derechos de las personas y empresas”. A esto respondió Julie Dimambro, portavoz del Ministerio de Defensa de Canadá: “No comentamos las actividades de recolección de datos en el extranjero”.

A la par con la tensión que ha desatado este episodio entre Brasil y Canadá, el gobierno brasileño intenta que tome fuerza una de las propuestas que su mandataria hizo expresa en la Asamblea General de la ONU: es necesario que el mundo debata sobre un marco regulatorio para el control de internet.

 

 

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