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Mañana culmina uno de los juicios más largos que se han presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia, el 6 de diciembre de 2001, reclamando la soberanía sobre todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la delimitación marítima mediante una línea trazada entre las costas continentales de ambos países.
La CIJ no decidirá sobre la soberanía de San Andrés, Providencia ni Santa Catalina —que en el fallo del 13 de diciembre de 2007 definió como territorio colombiano—, sino sobre otros siete cayos del archipiélago que siguen en disputa: Roncador, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Quitasueño, Albuquerque y Cayos del Este-Sureste.
Sonia Pereira es la embajadora de la oficina que atiende los asuntos de Colombia ante la CIJ, donde está en curso la disputa con Nicaragua. Desde 2001, Pereira ha estado al frente de la defensa colombiana, junto con otros colegas, la mayoría del tiempo en La Haya. En entrevista con El Espectador, Pereira se muestra convencida de que Colombia no perderá ninguno de los cayos en disputa, aunque podría perder una mínima porción de área marítima.
¿Qué está en juego en La Haya?
En el fallo de 2007, la CIJ decidió que el archipiélago de San Andrés es de Colombia y confirmó nuestra soberanía expresamente sobre tres de las islas más importantes: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en ese fallo la corte también dijo que no tenía cómo saber cuáles eran los otros componentes del archipiélago. Esa parte la pasó para el fondo del fallo y es lo que va a decidir: cuáles son las otras islas, islotes y cayos que forman parte del archipiélago. Aparte de las tres islas que ya están fuera de discusión, son siete los cayos sobre los que la corte está decidiendo.
¿También determinará una línea de delimitación marítima?
Sí. En ese mismo fallo de 2007 la CIJ manifestó que el meridiano 82 no es un límite marítimo, determinó que ese meridiano no se concibió como tal al mirar los antecedentes, los trabajos preparatorios del tratado de 1928 (Esguerra-Bárcenas), y llegó a esa conclusión. Lo que va a hacer ahora es fijar la línea de delimitación marítima entre ambos países, porque actualmente no la hay. Sin embargo, mientras la corte decide, Colombia sigue teniendo como referencia el meridiano 82 y seguimos manteniendo jurisdicción hasta allá. Mantenemos el statu quo porque es lo que se debe hacer en estos casos.
¿Dónde pide Colombia que se fije ese límite marítimo?
Pretendemos que se fije entre el archipiélago de San Andrés y la costa e islas nicaragüenses, es decir, al occidente del archipiélago, mientras que Nicaragua pide que se fije al oriente del archipiélago, prácticamente frente a nuestra costa continental, casi cerca a Cartagena. Confiamos en que la CIJ confirme la pretensión de Colombia, que está sustentada en el derecho del mar y en la jurisprudencia de la corte. Por eso tenemos una gran certeza de que la línea será fijada al occidente del archipiélago y esto será un éxito rotundo para Colombia.
Sin embargo, la Corte podría trazar la línea un poco más al oriente del meridiano 82.
Tenemos que ser realistas desde el punto de vista geográfico y jurídico. Estamos enfrentados a una costa de Nicaragua de 450 kilómetros frente a nuestro archipiélago de San Andrés, en el que cada isla tiene derecho también a su proyección marítima. En el momento en que se enfrentan la proyección marítima de la costa nicaragüense con la de nuestro archipiélago, la corte tiene que trazar la línea y tendrá en cuenta principios como la proporcionalidad y los principios equitativos. Estamos casi seguros de que Colombia va a quedar con toda su proyección marítima hacia el oriente, y vamos a conservar toda esa arquitectura de delimitación marítima que se ha construido a través de tratados en el área. Seguramente la corte podría acercar un poco más la línea hacia nuestro archipiélago en la parte occidental, pero aún así muy cerca del meridiano 82.
En ese caso, ¿Colombia no perdería ningún cayo?
No, todo el archipiélago estará a salvo. Además de tener títulos hemos ejercido soberanía en todos los cayos durante 200 años, mientras que Nicaragua no ha podido ejercer ni un solo acto como señor y dueño.
¿Qué pretende Nicaragua al pedir que se enclave el archipiélago?
Para que fuese posible esa línea que pretende Nicaragua, que nosotros hemos demostrado que es absolutamente improcedente en este caso, Nicaragua requiere que se enclave el archipiélago, y así lo está solicitando a la corte. Eso significa darle una proyección marítima muy reducida. A las islas principales sólo 12 millas, y a los demás cayos sólo tres. Eso es lo que está pidiendo Nicaragua y significaría que Colombia tendría soberanía solamente sobre esa área marítima de 12 o tres millas y el resto serían aguas nicaragüenses. Estamos seguros de que la corte no va a acceder a esa petición.
Quitasueño es uno de los puntos más complejos del juicio. ¿Por qué?
Nicaragua alega que Quitasueño es un área que no emerge de las aguas y que se encuentra en su plataforma continental. Colombia dice que sí emerge y que Colombia es quien ha ejercido soberanía sobre Quitasueño desde 1803, cuando la Corona española nos lo transfirió junto con todo el archipiélago. Hemos demostrado a la CIJ, con informes de la Armada Nacional y de un geógrafo de talla internacional, que en Quitasueño hay 32 rocas que siempre emergen en altamar, y como rocas tienen derecho a 12 millas de mar territorial, así que tienen derecho a una proyección marítima. Es la corte la que finalmente decidirá qué proyección marítima les da. Hay casos en que sí ha conferido esas 12 millas, hay otros en que las ha ignorado cuando se trata de formaciones muy pequeñas y puede producirse un efecto distorsionado. Colombia ha hecho la mejor defensa, pero es la corte la que decide.
¿Por qué esas 32 rocas emergentes son importantes para Colombia?
Colombia siempre ha defendido Quitasueño, inclusive desde 1856, cuando a raíz de la famosa ley del guano, EE.UU. lo incluyó como parte de sus territorios, como una de las islas guaneras. Desde esa época Colombia viene defendiéndolo, es parte de nuestro archipiélago y cada centímetro de tierra es importante para Colombia. No importa si es una roca o una gran isla, es Colombia.
¿Por qué los siete cayos que están en juego son importantes para la población de San Andrés?
Sobre todo por la pesca. Hay una pesca artesanal bastante importante, sobre todo de langosta y caracol pala, y muchos pescadores artesanales derivan su subsistencia de estos recursos. Así que tiene una importancia vital para ellos. Además, cada cayo es parte del sentimiento nacional colombiano; así no tuvieran una implicación económica, es nuestro territorio, siempre lo ha sido y no hay justificación para que nos lo arrebaten. Respecto a la pesca, hay una voluntad del Estado de mejorar las prácticas y el acceso de los pescadores a estos recursos, porque infortunadamente la pesca en estas áreas ha decrecido debido a las malas prácticas. Es algo que debemos corregir independientemente del proceso.
Hablamos de un área con importantes rutas del narcotráfico. La Corte ha tenido en cuenta este aspecto en el proceso...
La CIJ, además de los factores geográficos, que son los principales criterios para delimitar, también tiene en cuenta el aspecto de la seguridad. Nosotros le explicamos la lucha que lidera Colombia en contra del narcotráfico y la experiencia que tenemos en el área, que incluso la estamos transfiriendo a través de cooperación horizontal con los países centroamericanos. Nicaragua no tiene esa experiencia y el narcotráfico es un flagelo que está afectando a todos los países, especialmente a los centroamericanos. Vemos el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se han convertido en rutas de tránsito, y la situación tan compleja que están atravesando en México. Colombia tiene experiencia y hemos demostrado resultados. Dejar estas aguas en manos de un país que no tiene experiencia ni capacidad similar, y con esos tentáculos del narcotráfico latentes, sería lo peor para la estabilidad en la región.
Otro punto importante fue el medio ambiente.
Colombia destacó que toda esta área ha sido declarada reserva de biosfera por la Unesco y que no es posible explotar, por ejemplo, petróleo (si es que lo hubiese, porque se especula al respecto), porque eso deterioraría el medio ambiente marítimo. Colombia tiene una trayectoria conservacionista de sus recursos e internacionalmente ya nos empiezan a reconocer por eso, mientras que Nicaragua, lo hemos visto en la prensa, buscaría explotar sin importarle el deterioro de este paraíso ni su conservación ambiental.
El proceso ante la Corte Internacional de Justicia
2001 6 de diciembre
Nicaragua presentó ante la CIJ una demanda reclamando la soberanía sobre el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y solicitó establecer un límite marítimo entre ambos países mediante una línea trazada entre las costas continentales de Colombia y Nicaragua.
2003 - 21 de julio
Colombia presentó excepciones preliminares a la competencia de la Corte. Se basó en el artículo VI del Pacto de Bogotá, que excluye de la competencia los asuntos ya resueltos entre las partes (en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 Colombia y Nicaragua habían puesto fin a la controversia sobre el archipiélago de San Andrés).
2007 - 13 de diciembre
Frente las excepciones preliminares, la Corte resolvió que el Tratado Esguerra-Bárcenas es válido y vigente y que, por lo tanto, Colombia tiene soberanía en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero que la Corte tiene competencia para definir qué otras islas, islotes y cayos pertenecen al archipiélago, y para definir una delimitación marítima entre las partes.
2008 - 11 de noviembre
Una vez reanudado el proceso sobre los aspectos respecto a los cuales la Corte es competente para decidir, Colombia presentó su contramemoria (alegato de fondo) y Nicaragua solicitó una segunda ronda de alegatos escritos, consistente en una réplica (por el demandante) y una dúplica (por el demandado).
2009 - 18 de septiembre
Nicaragua presentó la réplica y, posteriormente, el 18 de junio de 2010, Colombia presentó la dúplica, con lo que se cerró la fase escrita del proceso.
2012 - 23 de abril
La Corte convocó a audiencias este día y el 4 de mayo de 2012. Las audiencias constituyeron la última parte del proceso y se dirigen oralmente a los jueces para exponer sus argumentos.