Eurocámara aprueba la exención de visados para Colombia

El embajador de Colombia ante la Unión Europea no se atrevió a afirmar que los colombianos puedan viajar sin visa este semestre, argumentando que faltan trámites administrativos protocolarios.

Cortesía Cancillería

El pleno del Parlamento Europeo aprobó este jueves por amplia mayoría la exención de visados para cortas estancias, de hasta tres meses, en territorio de la Unión Europea (UE) para los ciudadanos procedentes de Colombia y Perú. La votación fue de 523 votos a favor, 41 en contra y se presentaron 13 abstenciones.

La Eurocámara aprobó, además, ampliar su lista de terceros países con exención de visado en la misma votación también para Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Kiribati, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, las Islas Salomón, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu.

Según manifestó el embajador de Colombia ante la Unión Europea, Rodrigo Rivera, en entrevista con Blu Radio, aún hace falta ciertos trámites administrativos para que en la práctica la exención sea una realidad. Ante la pregunta de si es probable que este semestre se pueda viajar a Europa sin visa, el embajador no se atrevió a dar una respuesta positiva argumentando que faltan procedimientos protocolarios, sin embargo señaló que este era el paso y “decisión clave”.

Con anterioridad, los embajadores de los veintiocho países comunitarios habían respaldado iniciar el proceso para que los ciudadanos de ambos países latinoamericanos puedan viajar con más facilidad a territorio de la UE por periodos de hasta tres meses.

Los países integrados en Schengen son todos los de la UE excepto Reino Unido, Irlanda, Bulgaria, Rumanía y Chipre, mientras que Croacia, el último socio comunitario, se sumará el próximo primero de julio. No forman parte de la UE, pero sí de Schengen, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein.

Fuentes europeas han señalado en el caso de Colombia y Perú, antes de empezar a negociar los acuerdos de exención con la Comisión Europea, que se deberá hacer un "análisis de riesgo", según una serie de criterios como el peligro que puede suponer la inmigración ilegal, el impacto para el orden público y la seguridad, las ventajas económicas o efectos en el turismo y el comercio exterior.

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