Fallo de la CIJ, en vía constitucional

La sentencia del tribunal de La Haya en el litigio con Colombia, que le entregó a Managua la soberanía de una porción de mar, quedará incluida en la Constitución nicaragüense.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (izq.), junto al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en Managua, esta semana. / EFE

A partir del próximo lunes 4 de noviembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua comenzará a estudiar una serie de reformas a la Constitución Política del país. Entre otras cosas, el gobierno del presidente Daniel Ortega planea incluir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que el pasado 19 de noviembre determinó que una buena porción de mar Caribe hasta entonces bajo soberanía colombiana pasaba a manos de Nicaragua. “Se trata de ‘constitucionalizar’ la sentencia que en noviembre pasado reconoció a Nicaragua una ampliación de la plataforma marítima del Caribe”, explicó Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La idea del gobierno de Ortega, según Castro, es dejar plasmada en la Carta Política los nuevos límites geográficos. Es decir, que no sólo el fallo del proceso con Colombia quedará en la Constitución. También lo estará la sentencia de la CIJ de 2007, cuando falló a favor de Nicaragua en un litigio con Honduras. En la Constitución se registrará que en el mar Caribe, Nicaragua tiene fronteras con Jamaica, Panamá y Colombia, de acuerdo con las sentencias de la CIJ. “Estamos haciendo énfasis en nuestra soberanía, en nuestra territorialidad”, agregó.

El gobierno colombiano rechazó el fallo desde el día que se conoció la sentencia y luego de 10 meses de estudios y consultas con abogados colombianos e internacionales, el presidente Juan Manuel Santos presentó su estrategia para enfrentarlo, pues considera que es “inaplicable”. El mandatario se refirió entonces al artículo 101 de la Constitución para defender su decisión. “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.

El profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo explica que se trata de una estrategia de política interna para convertir el tema que, aparentemente es de gobierno, en un asunto de Estado. “Así como Colombia, al delegarle a la Corte Constitucional en buena medida la inaplicabilidad del fallo porque éste iría en contravía de la Constitución, Nicaragua quiere que su aparato estatal cierre filas en torno al tema. Al otorgarle un estatus constitucional, Managua busca acumular argumentos para que el fallo no se altere de ninguna forma”.

Pero Jaramillo aclara: “Ahora bien, lo que hagan con su Constitución no tiene ningún efecto sobre el fondo del fallo a la luz del derecho internacional. Tanto del lado colombiano como del nicaragüense, bien pueden alterar sus constituciones, pero sin efectos sobre la sentencia de la CIJ”.

Hay otras reformas que el gobierno de Ortega quiere incluir, como un diálogo entre el Estado, la empresa privada y el gremio de los trabajadores, así como la disposición de las candidaturas del 50% de hombres y mujeres para cargos públicos de elección popular quedará establecida para todos los tipos de comicios que hay en el país.

Para reformar la Constitución de Nicaragua se necesita el voto de 56 diputados, de un total de 93. El FSLN cuenta con la mayoría en la Asamblea Nacional, con 63 votos. Ese control parlamentario le garantiza a Ortega la aprobación de la reforma constitucional, que necesita de dos legislaturas para entrar en vigencia.

 

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