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hace 4 horas

A falta de oportunidades, raspachines colombianos en Perú

Un recorrido por la frontera colombo-peruana revela las difíciles condiciones de las poblaciones a lado y lado de los ríos Putumayo y Amazonas.

En el imponente río Amazonas, que marca la frontera entre Colombia y Perú, es imposible ejercer un control fluvial permanente. / Fotos: Gustavo Torrijos

El 7 de Agosto es una población ubicada en la orilla colombiana del río Amazonas, en plena frontera entre Colombia y Perú. Es uno de esos caseríos tan aislados, tan lejanos, tan perdidos, que el río bien podría tragárselo un día sin que nadie se entere. (Vea las imágenes del viaje por el río amazonas en la frontera colombo- peruana)

Allá, la profesora Edilma Aue Calletano tiene algo que contar. Abre las puertas de la semiderruida escuela Cristóbal Colón: una casa de madera chueca y medio podrida a punto de colapsar. Hace más de cinco años, dice, el Gobierno prometió reconstruir la sede educativa, pero nada. En cualquier momento se viene abajo. En la escuela se repite una escena que es común en las poblaciones remotas del país: hay computadores, pero no electricidad. El combustible disponible apenas alcanza para alimentar guadañas y para el transporte de los estudiantes por el río, no para suplir la planta eléctrica.

Pero la infraestructura es sólo una parte del problema. Cuando terminan quinto de primaria, de un grupo de 15 apenas tres estudiantes se van a hacer sexto en el internado de Puerto Nariño o en otros lugares. En 20 años, sólo un muchacho ha llegado a la universidad. El resto no tiene cómo hacerlo, porque no hay dinero ni oportunidades, así que buscan otros trabajos y la ilegalidad les abre las puertas. Incluso mientras están en la escuela, algunos menores optan por explorar alternativas. Cuando el río crece, entre diciembre y enero, de los 75 estudiantes sólo llegan 50 o 60 a clase. Los que faltan, dice Calletano, se fueron a trabajar para el narcotráfico en Perú.

Cuando el río baja, los niños vuelven. “Uno se da cuenta en qué andaban, porque traen sus zapatos nuevos, una que otra cosa que se compraron con las ganancias”. Entre chiste y chanza, en los recreos y en el comedor, algunos niños le han contado a la profesora que allá, en Perú, los ponen a trabajar de noche con una linterna en la cabeza. La mayoría trabaja recogiendo hojas de coca. “Dependiendo de la habilidad que tengan les pagan. Trabajan para grupos paramilitares y otros carteles. El lugar queda a cuatro o cinco horas en lancha. Se llama Panchococha. Allá están los laboratorios y las chagras”, agrega Calletano.

El 7 de Agosto es una entre 117 poblaciones de la frontera colombo-peruana ubicadas en la ribera de los ríos Putumayo y Amazonas, a las que una vez al año llega la atención de sus estados, en la Jornada Binacional. Dos buques de la Armada Nacional colombiana y dos de la Marina de Guerra del Perú zarpan desde el río Putumayo y durante 67 días llevan atención a más de 23.000 personas, en una de las operaciones humanitarias más grandes de Latinoamérica, la cual hace poco completó su octava edición. Llevan donaciones para las escuelas, ropa, personal del Sena, de la Registraduría, hospitales móviles.

Y sin embargo no es suficiente. Lo dice Juan Leopoldo Rodríguez, el jefe de la Guardia Indígena de la etnia Cocama en el 7 de Agosto. “Aquí es la primera vez que paran los buques, porque antes la población no estaba registrada y seguían derecho, como si nada. Nos traen pupitres para la escuela, pero la escuela está que se cae. Traen ropa para la gente, pero mucha gente muere porque en el centro de salud no hay médicos, no se encuentra ni un Mejoral. Si a alguien lo muerde una culebra, si se les complica un parto a las parteras, tienen que ir a Perú a que los atiendan. Leticia es demasiado tarde, demasiado lejos, demasiado caro”.

San Juan de Atacuari es una población un poco menos devastada, pero sólo un poco. Tiene una calle pavimentada y algunos postes de luz que sirven como decoración porque tampoco hay suficiente electricidad. Sentado en una tienda está Benildo, el operador de la planta principal de energía. Recuerda que hace más de 20 años, sobre el terreno que pertenecía a su abuela, había una pista para aviones del narcotráfico. A cualquier hora aterrizaban las aeronaves, llegaban deslizadores, llevaban droga y traían dólares, pero dólares por bultos. “Lo mismo pasaba en el 7 de Agosto y otras poblaciones cercanas. Los pueblos estaban dedicados a la coca, incluida la policía. Así llegaron la drogadicción, las armas, las fiestas con muchas mujeres, la violencia”.

La cosa se acabó, cuenta Benildo, porque un escuadrón del Ejército peruano llegó un día a acabar con las pistas de aterrizaje, pero los jefes del negocio les dijeron a los comandantes peruanos que no las podían destruir, porque Atacuari es territorio colombiano. Los militares peruanos se fueron, pero unos días después llegó el ejército de Colombia y destruyó todo. Desde entonces, el negocio se instaló en el otro lado del río, en la Amazonia peruana. Pero no se fue del todo, porque tal como en el 7 de Agosto, muchos jóvenes de Atacuari optan por trabajar con la coca en el país vecino. Benildo los reconoce porque los dedos se les ampollan y les quedan negros debido a las extensas jornadas en los cultivos.

Lo de los raspachines colombianos en Perú no es un rumor que corre por el río. El asunto es bien conocido por las autoridades en Chimbote, una población peruana de alrededor de 300 habitantes, a donde también llega la Jornada Binacional. Murga Velázquez es integrante de la Dirección Antinarcóticos del Perú (Dirandro), el organismo encargado de luchar contra los carteles que han proliferado en la selva de ese país. Sentado en un puesto de control a orillas del Amazonas, asegura que en el departamento de Loreto (el más grande del Perú, con 369.000 km² de territorio amazónico) hay entre 25.000 y 30.000 hectáreas sembradas de coca, y que hay organizaciones conformadas por peruanos y colombianos que poseen esos cultivos, varios laboratorios y los medios para transportar la droga, usualmente en pequeñas embarcaciones y con destino a Manaos.

Lo que pasa en Perú, dice Velázquez, es un retrato de lo que pasaba en Colombia años atrás: “Por la presión del ejército colombiano el narcotráfico se desplazó al lado peruano. Esas organizaciones se meten entre la población civil, por lo general indígenas. Les ofrecen beneficios y al final los indígenas terminan protegiéndolos. En esas poblaciones tienen laboratorios artesanales. Cuando hacemos operaciones antinarcóticos, a veces sale la población a impedirlo”.

Chimbote y poblaciones cercanas (Caballococha, Cuchillococha, San Isidro, Alto Monte, Santa Rosa, la Isla del Tigre) tienen una alta presencia del narcotráfico y son usuales los combates con la Dirandro. En Panchococha, el lugar a donde van menores colombianos, el 10 de julio mataron al mayor Rudi Jim Falcón Salguero, que comandaba un operativo antidrogas. Es usual, dice Velázquez, que jóvenes del lado colombiano sean reclutados para trabajar en estos lugares. “Es casi imposible impedirlo, la frontera es muy extensa y dinámica. Ninguna marina puede tener control permanente en la zona”.

Perú es el mayor productor mundial de coca según la ONU, antes de Colombia. La línea que separa ambas naciones va a dar a la triple frontera, donde se encuentran con Brasil, el segundo consumidor en el planeta. Una zona demasiado atractiva para el tráfico ilegal, teniendo en cuenta la débil presencia de los estados, las escasas oportunidades laborales y el olvido en que viven las poblaciones ribereñas.

La travesía termina en Leticia. Allá, el capitán Joaquín Urrego, comandante de guardacostas de la Armada Nacional en el Amazonas, confirma que en Atacuari es donde uno puede ver la interacción entre lo que hay ilegal en Perú con los que se dejan tentar en Colombia. Sostiene, sin embargo, que el porcentaje de menores que eligen ese camino es mínimo, porque “el Estado llega hasta allá y las organizaciones indígenas tienen cierto control. Además, no es tan lucrativo”. El capitán añade que los grupos que operan en Perú son más bien pequeños clanes, entre ellos los Caqueteños, que se dedican al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades. Este año se ha visto un aumento en el transporte de pasta básica de cocaína: desde enero se han incautado en el Amazonas 91 kilos, mientras que el año pasado fueron sólo 61.

 

 

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@DanielSalgar1

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