'Falta transparencia en el uso de drones'

Santiago Cantón, director del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, dice que la falta de regulaciones para el uso de estas aeronaves plantea riesgos como excesos en la militarización.

Santiago Cantón fue durante 11 años secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El viernes llevó el debate de los drones al pleno de esta organización. / AFP

El uso de aviones no tripulados (drones) es un pilar en la lucha antiterrorista que lidera Estados Unidos en varios países de Oriente Medio, Asia y el norte de África. El gobierno de Barack Obama defiende la capacidad de las aeronaves teledirigidas para atacar con “precisión quirúrgica” y menor afectación de civiles inocentes. No obstante, numerosos informes de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía internacional, Stanford Law School y The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), entre otras, proveen una evidencia contraria. Según TBIJ, sólo en Pakistán, Yemen y Somalia los drones estadounidenses han matado entre 2.780 y 4.338 personas, de las cuales entre 426 y 1.000 son civiles inocentes.

Los drones también surcan los cielos de las Américas. El pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su primera audiencia acerca del impacto que tiene el uso de estas aeronaves sobre los derechos humanos en el continente. Según información aportada por las organizaciones solicitantes de la audiencia, en los últimos ocho años EE.UU. aumentó el uso de drones para vigilancia en cooperación con varios países latinoamericanos. Desde 2006, Colombia utiliza drones de vigilancia suministrados por EE.UU. en operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Ahora Colombia ha adquirido 50 drones y recientemente la Fuerza Aérea anunció la creación de uno nuevo hecho en el país. México buscó drones armados desde 2006 para usarlos en operaciones antinarcóticos. En 2008, Argentina fue el primer país de latinoamericano en desarrollar su propio dron para fines militares y de vigilancia doméstica.

En 2010, Brasil gastó más de US$350 millones en 14 drones de fabricación israelí, para vigilancia en la selva amazónica y regiones fronterizas. La Fuerza Aérea de Perú ha desarrollado su propia tecnología de drones. Chile prometió que para 2014 habrá fabricado 18 aviones no tripulados. El año pasado, Venezuela anunció que con el apoyo de Irán, Rusia y China desarrolló su primer dron para uso militar y civil, y que comenzará la exportación de su tecnología. Estos son sólo algunos entre muchos otros países del continente que usan aviones teledirigidos.

La comunidad internacional apenas ha mostrado su preocupación ante este panorama, pero no ha avanzado hacia la regulación del uso de drones. Santiago Cantón, director del Robert F. Kennedy Institute for Justice and Human Rights (una de las principales organizaciones solicitantes de la audiencia), afirma que es necesario que por lo menos se inicie una discusión encaminada a exigir mayor transparencia de los estados respecto a las operaciones realizadas con aviones no tripulados y a determinar los estándares que deben regular la fabricación, comercialización y uso de los mismos. Cantón, que fue durante 11 años secretario ejecutivo de la CIDH, afirma que la audiencia es un primer gran paso para debatir sobre los desafíos legales que plantean las tecnologías que ya se usan en al menos 80 países del mundo y han creado un nuevo concepto de la guerra

 

¿Cómo han proliferado los drones en las Américas?

Al menos 14 países usan drones. Sabemos que los fabrican Chile, Argentina, México, Brasil y Perú. Colombia ha expresado que tiene interés en fabricarlos, si es que no ha empezado ya a hacerlo. No está claro que sean exclusivamente para uso pacífico. Es más, cuando uno ve las páginas web de las compañías fabricantes, se nota que sus productos no son simplemente para uso pacífico, sino que muchos son para vigilancia y uso militar. Lo preocupante es, primero, que no se sabe, que hay una falta de transparencia enorme. Segundo, que no existe una reglamentación que regule y controle el uso de drones, o al menos no se sabe de una que exista, también por falta de transparencia.

¿Se usan drones armados en la región?

Colombia usa drones en el conflicto interno. No se sabe si son armados, pero los utiliza. Aparentemente también se usan en México. Varias de las empresas que venden esos drones, fabrican algunos que son armados.

Ustedes hablan de una potencial militarización de la seguridad pública y un exceso en la vigilancia...

Uno de los problemas históricos en América Latina ha sido la militarización, y con los drones, nuevamente, no se sabe qué es lo qué hace el Ejército. Tiene que haber un control civil para que se determine qué hacen con esos artefactos. Otro tema es que sí se utilizan drones no armados para controles de seguridad. Todos los nuevos desarrollos técnicos que llevan a la creación de estas máquinas imponen nuevos desafíos legales que no se están llevando adelante. Nada mejor que la Comisión Interamericana diga cuáles son las reglas que deben usarse en estos casos.

A nivel jurídico y ético, ¿cuál es la diferencia entre un asesinato selectivo realizado con un avión tripulado y uno realizado con un avión teledirigido?

La historia de las guerras va desde el enfrentamiento cuerpo a cuerpo hasta la realidad actual de los drones. Hoy no es necesario tener control sobre el territorio para poder ejecutar a personas; eso es lo que está pasando. Eso plantea ciertos desafíos jurídicos que hay que tratar de entender. Hoy en EE.UU., según ciertas informaciones, se entrenan más pilotos para manipular drones que aviones convencionales. Eso plantea una visión completamente distinta del enfrentamiento armado y del riesgo que implica disparar con un botón a distancia.

El gobierno estadounidense defiende el uso de drones como un pilar de su estrategia antiterrorista...
El argumento que dan es que el uso de los drones en este tipo de conflicto armado es mucho más preciso y se evitan muertes de personas inocentes o civiles. Ese argumento tiene cierta lógica, sin embargo las cifras no lo confirman. Hay estudios que indican que en ataques específicos también mueren civiles inocentes, así que claramente no se está produciendo ese supuesto beneficio.

¿Qué esperan de la CIDH?

El primer gran paso para empezar a establecer regulaciones y entender cómo es la transparencia en la nueva guerra, que haya suficiente información sobre lo que pasa, no sólo en EE.UU. sino en otros países: cuántos drones, quiénes los fabrican, a quién le venden, cómo operan, bajo qué justificación.

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@DanielSalgar1

 

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