Fernández, una acusada más

Lo que iba a hacer el fiscal argentino Alberto Nisman el lunes 19 de enero lo hizo el fiscal Gerardo Pollicita: le solicitó a la justicia imputar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de terroristas por el atentado contra la AMIA y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cristina Fernández de Kirchner / AFP

La denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de ser encontrado muerto en circunstancias aún no aclaradas, el 18 de enero, apuntaba a la presidenta como la líder de una operación ejecutada por el canciller Héctor Timerman con la colaboración del sindicalista Luis D’Elía y del diputado dirigente de la Cámpora (juventudes kirchneristas) Andrés Cuervo Larroque, entre otros dirigentes oficialistas.

Ellos también fueron vinculados a la investigación. Otro imputado es un ciudadano argentino miembro de la comunidad musulmana Jorge Yussuf Khalil. Las pruebas contra el Gobierno se remiten a escuchas telefónicas entre D’Elía y Khalil.

Pollicita consideró que la denuncia debía investigarse. Nisman había asegurado que Cristina Kirchner ordenó negociar con Irán un restablecimiento de las relaciones comerciales a cambio de absolver a los funcionarios del gobierno islámico en la causa AMIA. Además, el fiscal aseguró que el Gobierno planificó la creación de pruebas falsas para desviar el foco de la investigación por el atentado. En ese último punto pidió Pollicita que se investigue la posible voluntad de los imputados de “construir una nueva hipótesis que desvíe” la pista iraní en la causa AMIA.

Horas antes del anuncio, el secretario general de la Presidencia señaló que el Gobierno había rebatido “punto por punto” la denuncia ”sin ningún valor jurídico” hecha por el fallecido Alberto Nisman contra el Gobierno Nacional, y rechazó las acusaciones de presión a fiscales para que no marchen el próximo miércoles: “Quieren manifestarse, que se manifiesten. La libertad la conquistamos entre todos”.

La acusación contra Kirchner y el anuncio de la manifestación prevista para la semana próxima agudizaron la confrontación entre el Gobierno, que denuncia un golpe, y la oposición, que llama a movilizar una multitud. El Gobierno aseguró que la acusación es un intento de “golpismo judicial”, un “intento de desestabilización del sistema democrático”. “Somos conscientes de que (la marcha) es un hecho político, pero no partidario”, afirmó al canal TN uno de los fiscales convocantes, Carlos Rívolo. La movilización está convocada por un grupo de fiscales cuestionados por el Gobierno y candidatos presidenciales opositores para las elecciones generales de octubre.

Al mismo tiempo, la justicia argentina designó tres fiscales para seguir la investigación que adelantaba Nisman. “Hemos designado tres fiscales y un coordinador para reemplazar a Nisman”, anunció en rueda de prensa la procuradora general, Alejandra Gils al revelar los nombres del equipo que asumirá las tareas de la Fiscalía Especial AMIA.

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