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Cuando a Fernando Collor de Melo, hijo de una próspera familia de la burguesía del nordeste de Brasil, lo acusaron de haber creado una trama de corrupción en 1992 y de juntarse con su tesorero, Paulo César Farías, para exigir altísimas sumas a empresas privadas y públicas a cambio de favores políticos, su reacción fue de digno reproche. Por entonces, cuando el Congreso abrió en su contra un juicio político (o impeachment) y el Tribunal Supremo rebuscó en sus arcas, Collor dijo en público: “Yo soy una víctima de una campaña sin precedentes en la historia de esta nación. He sido linchado públicamente”. Esta semana, 23 años después de que renunciara a la Presidencia y 13 después de que volviera a la política (lo suspendieron por ocho años), su respuesta a las acusaciones por corrupción en el caso Petrobras fueron similares: dijo que lo persiguen, que resulta indignante que le hubieran decomisado su Porsche y su Ferrari.
El fiscal general de Brasil acusó a Collor, ahora sí de manera formal, por su papel en el lavado y desviación de dineros de la empresa estatal Petrobras. De acuerdo con la investigación (en la que ya se involucraría la Corte Suprema, uno de los más altos estamentos del país), numerosos exaltos cargos políticos y empresarios participaron en una red que sobrevaloraba contratos y se apoderaba de recursos del erario. Más de 50 políticos están siendo investigados y hay 31 acusaciones criminales contra 143 personas por delitos como corrupción, crímenes contra el sistema financiero y formación de organización delictiva. Collor de Mello es una pieza preciada en ese mapa de acusaciones junto a Eduardo Cunha (quien preside la Cámara de Diputados desde 2015), José Dirceu (exjefe de Gabinete del primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva) y Joao Vaccari Neto (extesorero del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la actual presidenta, Dilma Rousseff).
Collor de Mello fue el primer presidente de la transición a la democracia en Brasil y el primero a quien le realizaron un juicio político en un ambiente social muy parecido al que hoy amenaza a Rousseff: numerosas protestas, carencia de aliados políticos y una red de corrupción que, por lo menos, le cobró su vida política. Color de Mello fue gobernador y alcalde en el estado de Alagoas, donde su familia había formado una fuerza económica y político de la mano de su padre, Arnon de Mello, quien fue senador y también gobernador de Alagoas. En principio, Collor de Mello se presentó ante su electorado como una suerte de burgués rebelde, con los pies sobre la oligarquía brasileña pero la cabeza entre los más pobres. Durante su candidatura a la Presidencia de Brasil en 1990 (que ganó en segunda vuelta contra Lula da Silva, a quien acusó de analfabeta), prometió un gobierno claro y transparente. Cuando lo juzgaron, el Tribunal Supremo lo absolvió, pero el Congreso decidió continuar el juicio político. El poder mediático de su familia, dueña de varios medios de comunicación, le fue muy útil en su época como candidato y lo hundió sin cesar en su caída.
La Fiscalía omitió los cargos exactos en contra de Collor de Mello, pero se especula que habría recibido US$6,3 millones en sobornos para que ayudara a una subsidiaria de Petrobras a concretar un negocio. Collor ha considerado todo el proceso como “invasivo e innecesario”.