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En junio de 2013 Edward Snowden empezó a revelar los alcances de la acumulación masiva de conexiones telefónicas y el espionaje en las comunicaciones en internet, a nivel local y global, por parte de Estados Unidos. Las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) generaron inconformismo en miles de ciudadanos estadounidenses y de otros países, al punto en que el presidente Barack Obama, viendo obstruidas sus agendas en la política doméstica y exterior, tuvo que prometer que habría cambios para hacer compatibles las labores de vigilancia y el respeto a derechos como la privacidad y la seguridad.
Este martes en el país norteamericano se ha dado un primer paso a nivel legislativo: la Cámara de Representantes aprobó dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe a la NSA almacenar por su cuenta miles de millones de "metadatos" telefónicos, incluidos los de la práctica totalidad de las conexiones telefónicas de los estadounidenses.
El proyecto fue aprobado con una mayoría de 303 votos frente a 121. Ahora deberán ser las compañías telefónicas estadounidenses las que mantengan la información de sus usuarios, relativa a al número teléfono, duración de la llamada o localización, durante 18 meses. La NSA podrá tener acceso a esos datos solo mediante una autorización judicial en la que provea detalles de la razón específica por la que se desean rastrear comunicaciones y para investigar planes terroristas orquestados desde el extranjero. En el pasado, la mayor agencia de espionaje electrónico de Estados Unidos podía pedir autorización para hacer acopio de estas conexiones y almacenarlas en sus propia base de datos durante años para realizar análisis de inteligencia que en ocasiones excedían la justificación que motivó la orden judicial inicial.
Esto cambiará radicalmente el modo de operar de las agencias de inteligencia y, seguramente, algunos defensores de la vigilancia extrema alegarán que la nueva ley podría minar la capacidad del estado para prevenir atentados terroristas. La nueva ley fue bautizada como Freedom Act y es una enmienda a la polémica Patriot Act, que fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ampliar a un nivel sin precedentes el alcance del espionaje de la NSA, saltándose ciertas salvaguardas para proteger la privacidad de los estadounidenses consagrada en la Constitución. Tras la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la Freedom Act debe pasar al Senado, donde el predominio es demócrata y donde no debería haber problemas para que la ley pase al presidente y se convierta en la primera consecuencia tangible de la histórica filtración de Snowden.
La ley no es un aliviopara todo el mundo. Hay organizaciones de defensa de los derechos civiles según las cuales esta ley ha sido redactada con la intención de mantener el amplio acceso de la NSA al mapa de conexiones telefónicas de EE.UU. Así lo manifestó la directora de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Washington, Laura Murphy, quien además indicó a través de un comunicado que "pese a no ser perfecta, la propuesta de ley es una declaración de intenciones ambigua sobre la intención del Congreso de reinar sobre una NSA fuera de control". En opinión del Centro por Democracia y Tecnología (CDT), que retiró su apoyo a la reforma legal abordada por la Cámara, esta reforma "está descafeinada y va en contra del abrumador apoyo para que se ponga fin de una vez a la colecta masiva".