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hace 9 horas

Fujimori será sentenciado en último caso comprendido en extradición de Chile

El expresidente peruano es acusado del desvío de fondos públicos al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de los diarios "chicha" durante la campaña para su segunda reelección.

EFE

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) será sentenciado mañana en el proceso que se le siguió por la compra de la línea editorial de diarios sensacionalistas, conocidos como "chicha", en el año 2000, el último de los casos comprendidos en la extradición que otorgó Chile en 2007.

Fujimori, que ya fue encontrado culpable en los otros casos, incluidas las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina, afronta un pedido de 8 años de cárcel y el pago de 244 millones de soles (81,5 millones de dólares) en reparación al Estado.

En caso de recibir una condena efectiva, esta se incluirá en la más larga que ya cumple, la de 25 años de prisión que se le dictó en 2009 por delitos de lesa humanidad.

En el actual proceso, a cargo de la Cuarta Sala Penal Liquidadora, conformada por las juezas Luz Sánchez, Aissa Mendoza y Avigail Colquicocha, se acusa a Fujimori de haber ordenado el desvío de fondos públicos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para comprar la línea editorial de los diarios "chicha" durante la campaña para su segunda reelección.

Fujimori fue sometido a este proceso después de que en noviembre de 2012 la Corte Suprema de Chile aprobara ampliar la extradición que concedió en 2007, después de que el exmandatario peruano llegara de manera sorpresiva a ese país desde Japón.

El desvío de los fondos públicos ya ha sido confirmado por otros tribunales, que condenaron al exasesor Vladimiro Montesinos y a exjefes militares, y el actual proceso buscó determinar el grado de implicación que tuvo Fujimori.

El exgobernante se declaró el pasado 29 de noviembre "totalmente inocente" en su alegato final de defensa, al afirmar que "no hay pruebas" para condenarlo por la presunta comisión del delito de peculado (malversación de fondos públicos).

Fujimori también aseguró desconocer la intención del SIN de manejar las líneas editoriales de los diarios "chicha" y dijo: "Sobre la base de la insuficiencia y carencia de pruebas materiales, abrigo la esperanza de que la sala me absuelva de los cargos que me ha imputado la Fiscalía, así como de la extravagante reparación civil solicitada por la Procuraduría".

El exgobernante, que se presentó en 2000 a su segunda reelección a pesar de estar prohibida por la Constitución y ganó los comicios, afirmó que no tenía intención de ejercer completo un tercer mandato, "aunque no lo crean".

Aseguró que su plan era permanecer unos meses en la Presidencia para después renunciar al cargo y dejarlo en manos de su vicepresidente, el jurista conservador Francisco Tudela.

Tras hacerse público un video en el que se vio a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, Fujimori partió en noviembre de 2000 a Asia, desde donde renunció a la jefatura del Estado, aunque el Congreso decidió destituirlo por "permanente incapacidad moral" y designó presidente transitorio a Valentín Paniagua.

A lo largo de este proceso, el abogado de Fujimori, William Castillo, ha asegurado que no existen pruebas para sentenciar a su defendido, algo que la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción rebaten con testimonios, como el de Montesinos, que lo responsabilizan.

El caso de los "diarios chicha" es una extensión de los dos delitos de violaciones de los derechos humanos y cinco de corrupción por los que la Corte Suprema de Chile aceptó extraditar al exmandatario a Perú en septiembre de 2007.

Estos fueron las acusaciones por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, y por la interceptación telefónica y los sobornos pagados a congresistas opositores para que se pasaran al oficialismo, que determinó una condena a 6 años de prisión.

Además, el pago de 15 millones de dólares a Montesinos como compensación por tiempo de servicios, que terminó en una condena a siete años y seis meses de prisión, y el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinida Becerra, la entonces esposa de su exasesor, que le mereció otra condena a seis años de cárcel.