Gobernador de Veracruz (México) no soportó más acusaciones por corrupción y renunció

Javier Duarte pidió autorización al Congreso para dejar su cargo y enfrentar las acusaciones que le hace la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía, por haber cerrado millonarios contratos con empresas al parecer ficticias.

EFE

Javier Duarte, gobernador del violento estado mexicano de Veracruz, solicitó este miércoles al Congreso local dejar su cargo para enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito, poniendo fin a una administración que ha minado el partido oficialista.

El gobierno de Duarte, que concluye su gestión el 30 de noviembre, es investigado por la secretaría de Hacienda (Finanzas) por haber cerrado contratos por 3.300 millones de pesos (unos 174,24 millones de dólares) con una treintena de empresas presumiblemente ficticias, y por la fiscalía general por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.

Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), dinfundió en Twitter un breve escrito en el que pide autorización para ausentarse del cargo al Congreso estatal, que deberá reunirse para aprobar la solicitud y designar a su sustituto durante los menos de 50 días que le restan a este gobierno.

Preguntado acerca de si hubo presiones del presidente Enrique Peña Nieto para que dejara el cargo, Duarte respondió a la cadena Televisa: "No, de ninguna manera, se trató de una decisión personal".

Las investigaciones por corrupción contra Duarte le pasaron factura dentro del PRI, que en una decisión sin precedentes le suspendió provisionalmente sus derechos políticos.

El gobierno de Duarte, que entró en funciones en diciembre de 2010, también ha estado marcado por un recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico, con secuestros, asesinatos y extorsiones que han hecho de Veracruz uno de los estados más violentos de México.

Este distrito, que se extiende sobre una amplia franja del Golfo de México, también es considerado el más peligroso para el ejercicio del periodismo, con 19 periodistas asesinados desde 2010, según recuentos de organizaciones civiles que piden se investigue a Duarte por algunos ataques contra comunicadores.

Según analistas, la impopularidad de Duarte fue determinante en la histórica derrota que sufrió el PRI en las elecciones de junio pasado en Veracruz, un distrito que siempre había gobernado.

Cruce de acusaciones

Duarte, uno de los personajes más polémicos de la política mexicana, tachó de "calumnias", "mentiras" e "infamias" las acusaciones en su contra, que provienen principalmente de Miguel Angel Yunes, quien asumirá como gobernador de Veracruz el 1 de diciembre tras ganar con una coalición opositora.

"Soy huérfano de padre desde los 12 años de edad. Me ha costado trabajar, yo me pagué la universidad trabajando, así que no tengo nada de qué avergonzarme", sostuvo Duarte al acusar a Yunes de ser un "personaje deleznable" y de haberse enriquecido ilícitamente.

Yunes advirtió de su lado en rueda de prensa que una vez que asuma el poder profundizará la investigación contra Duarte para recuperar "lo robado" y advirtió de la posibilidad de que esta renuncia sea una estrategia para "evadir a la justicia".

Yunes subrayó que recibe a un estado agobiado por deudas y por la criminalidad.

Tan sólo en la última semana, en dos localidades de Veracruz han sido localizados los cadáveres de 11 personas, entre ellos los de dos jóvenes y una chica que fueron secuestrados días atrás.

Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, recordó que las sanciones a Duarte establecieron un "precedente" dentro de su partido en el combate a la corrupción y llamó a los diputados a avalar de inmediato la salida del gobernador. 

"Exigimos que haya sanciones ejemplares contra los responsables de cualquier acto de corrupción, no podemos permitir la impunidad", dijo Ochoa en un mensaje a la prensa al pedir que se investigue a un exgobernador opositor y al mismo Yunes.

Roberto Borge, otro polémico miembro del PRI que fue gobernador de Quintana Roo, donde se localizan Cancún y la Riviera Maya, también es investigado por posibles actos de corrupción, pero se desconoce su paradero desde que culminó su gobierno el 25 de septiembre.

Duarte y Borge impulsaron reformas legales para construir lo que sus detractores consideran un "blindaje" para no ser perseguidos por corrupción en el futuro, pero la fiscalía general impugnó esas leyes ante la Suprema Corte.

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