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hace 4 horas

Gobernar en la oposición

El detenido alcalde de Caracas no es el único con un proceso judicial. El 42,8% de los gobernantes no chavistas tienen cuentas abiertas con la justicia venezolana.

Las calles venezolanas no estuvieron muy agitadas este fin de semana, aunque sí hubo algunas manifestaciones a favor de la liberación de Ledezma. AFP

Dicen en Venezuela que para militar en la oposición sólo se necesita una cosa: tener un buen abogado. Desde 2002, luego del fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez, el gobierno venezolano enfiló baterías en contra de los políticos opositores. Según la prensa venezolana, desde entonces se ha multiplicado el número de casos de políticos, militares retirados, estudiantes, periodistas y empresarios que, por declararse enemigos del chavismo, han sido investigados, enjuiciados, encarcelados e inhabilitados políticamente, acusados de delitos comunes o traición a la patria y rebelión.

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hoy recluido en Ramo Verde y a la espera de un juicio por conspiración y asociación para delinquir, según determinó el juez Sexto de Control, Miguel Graterol, es sólo un caso más. Su nombre entró a la lista negra desde 2008, cuando ganó la Alcaldía. Al poco tiempo, el entonces presidente Chávez creó la jefatura de Gobierno del Distrito Capital y le arrebató a Ledezma las principales competencias de su oficina. Aun así, con recursos limitados y poco margen de maniobra, Ledezma fue reelegido en 2012, ganándole al candidato chavista.

Pero fue su apoyo a la iniciativa “La salida”, que promueve el cese inmediato del régimen chavista, y su posterior adhesión a “La transición”, un documento con el mismo fin, lo que según el gobierno de Nicolás Maduro, hizo que el alcalde fuera detenido el jueves.

Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, asegura que en Venezuela hay más de 500 casos en donde se ha utilizado el sistema judicial para perseguir a la disidencia. Sus registros hablan de más de 20 casos —entre gobernadores, alcaldes y policías— que han estado presos hasta seis años sin que un juez dicte sentencia en su contra; 272 funcionarios han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos y 256 estudiantes han sido detenidos por participar en manifestaciones y sometidos a un régimen de presentación especial ante los tribunales, con prohibición de abandonar el país.

Según reveló el presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Carlos Ocariz, de los 77 alcaldes de oposición que fueron electos el 8 de diciembre de 2013, 33 tienen procesos judiciales abiertos en su contra, “lo que equivale a 42,8% del grupo de autoridades locales opositoras en el país”, dijo Ocariz.

El presidente de la Asociación resaltó como uno de los casos emblemáticos el de la alcaldesa del municipio de Córdoba, en Táchira, Virginia Vivas, quien ha sido amenazada con ser inhabilitada por supuesta difamación agravada. Gustavo Marcano, autoridad local de Urbaneja, en Anzoátegui, ha asistido en varias oportunidades a tribunales por denuncias en su contra debido a protestas en Lechería, señaló Ocariz. También recordó la situación del alcalde de Maturín, Warner Jiménez, a quien se le ordenó la intervención de la policía municipal por presuntamente participar en la violación de derechos humanos.

Habló de los casos de las autoridades de El Hatillo y de Baruta, David Smolansky y Gerardo Blyde, respectivamente, señalados de haber permitido los disturbios en sus municipios el año pasado. “Pareciera ser parte de la política oficial contra los que piensan distinto. Todos tenemos un arma apuntándonos en la cabeza”, manifestó Ocariz.

Sobre el avance de los procesos abiertos, el alcalde mencionó que la mayoría está a la espera de decisión, con excepción de Enzo Scarano, exalcalde de San Diego, en Carabobo, quien fue liberado luego de cumplir sentencia de prisión por 10 meses y 15 días Daniel Ceballos, quien había ganado la Alcaldía de San Cristóbal, continúa privado de libertad, por no cumplir la orden de eliminar las barricadas y mantener el tránsito en orden.

Mañana los abogados de Ledezma apelarán los cargos por “una detención considerada desproporcionada e ilegal, por el despliegue y la falta de información sobre la causa iniciada”. Sus abogados aseguraron que los cargos que se le imputan al alcalde “no están ajustados a derecho, por lo cual aspiran a su liberación”.